Hace 5 meses, los movimientos feministas alertaron que estaba en riesgo el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) bajo el gobierno del presidente Javier Milei. Desde Casa Rosada salieron a aclarar en ese momento que detrás de los 619 despidos en los equipos operativos y del ajuste a esta política modelo, que durante seis años de implementación logró reducir la tasa de fecundidad adolescente a niveles mínimos, no había una decisión de cerrar definitivamente el programa. La advertencia se convirtió en realidad. Organizaciones especializadas advirtieron que el programa quedó virtualmente eliminado y que ya casi no se están entregando insumos y medicamentos: “Todavía no se ha presentado ninguna propuesta revisada desde una mirada integral”, denunciaron, en tanto que el presupuesto destinado a insumos muestra un “gravísimo” recorte de cerca del 70%, que se profundizará con el Presupuesto 2025.
El informe que elaboraron el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Red de Acceso al Aborto Seguro Argentina, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia indica que en lo que va del año hubo recortes del 68% en productos farmaceúticos y medicinales en el marco del ENIA, una cifra que sitúa “el presupuesto para insumos farmacéuticos en su nivel más bajo desde 2013”. Las organizaciones enfatizaron que su discontinuidad pone en peligro la salud y los derechos de niñas, niños y adolescentes e implica un retroceso en la lucha contra la pobreza intergeneracional.
El plan se había creado en 2017 con el objetivo de promover el acceso a bienes y servicios vinculados a la salud sexual y reproductiva de adolescentes, así como también la prevención de los embarazos no intencionales en la adolescencia y de los embarazos y maternidades forzadas. Se implementó en 36 departamentos de 12 provincias del Noreste (NEA) y del Noroeste (NOA) y en la provincia de Buenos Aires.
Los resultados que lo convirtieron en un plan emblemático quedaron a la vista de todos: en 2018, 7 de cada 10 embarazos adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales y la cifra aumentaba a 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Para 2021, se lograron reducir estas estadísticas a 5 de cada 10 embarazos no intencionales en adolescentes de 15 a 19 años, y a 7 de cada 10 en niñas menores de 15 años.
La política de provisión de Métodos Anticonceptivos Reversibles de Larga Duración del ENIA había sido justamente la más valorada por el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), que había situado en enero a Argentina “a la vanguardia de América Latina en políticas públicas” por la reducción del embarazo adolescente desde 2018 en adelante.
Hoy la situación es crítica: el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable enfrentó una caída en la ejecución interanual del 38% para el primer cuatrimestre y del 97% para el segundo, totalizando en una disminución interanual del 76,5%.
Cuando anunció su “rediseño” y prometió “continuar con el desarrollo del plan desde una mirada integral”, el Ministerio de Salud adujo que el objetivo del plan era “dejar capacidad instalada en las provincias”. “La realidad es que nunca se concretó la delegación de estas responsabilidades. Incluso, la contratación de consultores presentaba llamativas discrecionalidades que habilitaban el uso político”, subrayaron en un comunicado para justificar los 619 despidos. No giró ni un peso a las provincias para mantener el plan en pie.
A septiembre, el presupuesto 2024 del Programa de “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable” presenta una “disminución del 64% en términos reales en comparación con el año 2023, y del 72% con respecto al año 2021”, advirtieron los expertos. A futuro, el panorama es más desolador: detectaron que el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo en el Congreso profundiza la desinversión en el plan, con una reducción del 78% respecto al presupuesto vigente en 2023.
La cuestión está planteada en el Congreso: tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Se presentaron tres proyectos en la Cámara baja: uno de los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, otro impulsado por la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna y un tercer proyecto impulsado por Silvia Lospennato con el acompañamiento de varios diputados del PRO. Asimismo, desde el bloque de senadores de Unión por la Patria se presentó un proyecto en la Cámara de Senadores.
Sin embargo, no hubo avances concretos. Fuentes parlamentarias informaron a este medio que “no hubo acuerdo de algunos diputados y diputadas”, a pesar de que los proyectos habían sido presentados por distintos sectores de la oposición. Había quedado claro entonces que trataba de un programa que había tenido resultados excelentes, que había atravesado distintos gobiernos y que había cosechado logros. “No creo que sean sencillo de reemplazar, por eso queríamos tomar un buen plan y convertirlo en una política de Estado a través de una ley que le diera un carácter permanente”, subrayó Fein a El Destape respecto a su iniciativa y remarcó que para ella “lo más grave es la provisión de medicamentos”, que ahora depende de las provincias.
La salud sexual, clave para revertir la reproducción intergeneracional de la pobreza
Con una pobreza que trepó casi 10 puntos en tres meses y alcanzó a casi el 55% de la población, los expertos advierten que prevenir la maternidad temprana y posibilitar así la continuidad de las trayectorias educativas de niñas y adolescentes “se convierte en una política fundamental para romper el ciclo que perpetúa la pobreza en Argentina”.
Los expertos indican que la evidencia muestra que el embarazo en la adolescencia impacta en los logros educativos de las mujeres que son madres: “sólo el 38% de las que fueron madres en la adolescencia (entre 10 y 19 años) completó la educación secundaria, mientras que el 55% de quienes fueron madres en edad adulta completó ese nivel”. Asimismo, las mujeres que fueron madres en la adolescencia resultan afectadas por la inactividad laboral en un 25% más respecto de quienes lo fueron en la primera década de la edad adulta (de 20 a 29 años).
Julieta Izcurdia, directora del área jurídica de ELA, remarcó a El Destape que la discontinuación del ENIA también implicaría que se reforzarán aún más las brechas de género, porque “la desinversión en esta política sumada al aumento de la pobreza, lo que va a generar es una acrecentamiento un aumento de las desigualdades estructurales que afectan de forma desproporcionada a las mujeres en términos de ingresos de acceso al mercado de trabajo de cuidado, de participación en la sociedad en la toma de decisiones”.
Además, “el costo de no invertir en prevención es significativamente mayor que los fondos destinados al Plan ENIA”. Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Estado argentino utiliza U$S 200 millones para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos en adolescentes. Por el contrario, el financiamiento del Plan ENIA representa solo U$S 17,7 millones. El mismo estudio señala que el Estado podría ahorrar cerca de 140 millones de dólares mediante la prevención de estos embarazos, lo que equivale a ocho veces la inversión en el Plan ENIA.
“Desfinanciar el Plan ENIA no sólo pone en peligro la salud y los derechos de niñas, niños y adolescentes e implica un retroceso en la lucha contra la pobreza intergeneracional, la deserción escolar y el acceso a empleos de calidad para las juventudes. También es contraproducente para el desarrollo económico del país”, enfatizaron.
Fuente: El Destape