El fallo beneficia a seis empleados, Álvaro David, María Claudia Cayo, Rosa Isabel Gambarte, Abelardo Flores Barbaran, Claudia Elizabeth Lazarte y Cecilia Beatriz López Rodríguez. Ellos se enteraron de su desvinculación tras ser bloqueados sus accesos al Sistema GDE y sus correos electrónicos sin recibir una notificación formal de despido. Hoy otros 40 trabajadores del INAFCI continúan en la incertidumbre, esperando respuestas sobre su situación laboral.
La intervención del INAFCI, encabezada por Inés Liendo, generó temor entre los trabajadores, especialmente después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara el cierre del organismo. A pesar de la falta de notificaciones oficiales, algunos empleados siguieron acudiendo a sus puestos de trabajo, manteniendo sus funciones sin prohibiciones explícitas de acceso.
El juez Bavio destacó que los trabajadores siguieron recibiendo sus salarios durante tres meses sin renovación contractual, lo que, junto a la ausencia de respuestas administrativas formales, llevó a la presunción de continuidad laboral. La resolución judicial sostiene que, mientras no se aclare la situación contractual, no se podrá modificar el estado laboral de los demandantes.
Los representantes legales del Estado defendieron la decisión como parte de sus facultades discrecionales, asegurando que los contratos se rescindieron conforme a la normativa vigente y rechazando cualquier indicio de discriminación política. Sin embargo, la falta de claridad en el proceso ha dejado a decenas de trabajadores en una situación de incertidumbre.
La medida cautelar ordenada por el juez asegura que los seis empleados continuarán en sus puestos hasta que se aclare su relación contractual, un alivio parcial en medio de la incertidumbre laboral que afecta a muchos otros trabajadores del organismo.
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