Vilma Almirón, jueza Nº 4 de Niñez Adolescencia y Familia, visitó los estudios de CIUDAD TV tras su paso por el II Congreso Nacional Penal de Adolescencia Juvenil, realizado en Catamarca, que se organiza en el marco del Foro Penal Adolescente Juvenil que pertenece a la JUFEJUS. “Es un congreso bien federal y Chaco pisa muy fuerte porque la doctora Emilia María Valle, ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, preside la JUFEJUS y fue ella quien aperturó este congreso con una potente y firme manifestación de no a la baja de la imputabilidad”, remarcó Almirón.
“Como Estado, como República Argentina, somos signatarios de la Convención de los Derechos al Niño, que es un tratado internacional que principalmente recomienda a los estados signatarios mantener, conservar, priorizar los derechos de niña a niños y adolescentes y nunca quitar derechos o disminuir derechos ya reconocidos al momento de firmar esta convención”, explicó la jueza.
Almirón recalcó que en “Argentina, que firmó este tratado en 1989, ya estaba en vigencia la Ley 22.278 del Régimen Penal de la Minoridad, que está en el Código Penal Argentino y que es la ley que se pretende modificar ahora sobre la edad de 16 años para la imputabilidad”. “Al momento de firmar la Convención de los Derechos al Niño e incorporarla a nuestra Constitución en el año 1994, tenemos que mantener esa edad en respeto a los compromisos asumidos ante el concierto de estados internacionales”, aseveró.
A esto, la magistrada sumó que “está comprobado en las experiencias de Sudamérica, principalmente, de países que han bajado la edad, donde el delito ha aumentado. Por ejemplo, en Brasil, que tiene la edad de 12 años, una de las más bajas, es exponencial el crecimiento del delito”, indicó.
“Con la edad de 16 años, paulatinamente decreció esa escalada delictual. Es más, a nivel estadístico de acuerdo con la base de datos que lleva tanto JUFEJUS como UNICEF, con informes realmente serios y científicos, la incidencia es hasta menos del 1% en cuanto al delito. O sea, el 99% son cometidos por adultos y menos del 1% por menores de edad”, apuntó.
Almirón reconoció que la ley, que data del gobierno de facto, debe modificarse y señaló que en ese sentido “hay una recomendación del Comité de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos del Niño, a la Argentina. Pero eso no implica bajar la edad, eso no está entre esas recomendaciones”, advirtió. “La idea es que se modifique en cuanto a las intervenciones judiciales y con el Poder Ejecutivo, porque hay una corresponsabilidad al momento de hacer un abordaje con adolescentes en conflicto con la ley penal. No es solamente el Poder Judicial el que interviene, interviene la Subsecretaría de Niñez por ejemplo en la provincia, la comunidad, la municipalidad, todos trabajamos al momento de abordar un caso de adolescentes en conflicto con la ley penal”, planteó.
Asimismo, expuso que “está el adolescente que comete delitos y que también está excluido de la escolaridad, que pertenece a una familia disfuncional, que no come, que primero abandona la escuela, que roba para comer y después roba para consumir”. “Desde la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se habla a nivel nacional de la corresponsabilidad de los tres poderes, en fortalecer a las
familias, fortalecer la escolaridad y fortalecer la salud”, agregó.
Por otro lado, Almirón sostuvo que “esta propuesta de reforma de ley tiene mucho que ver con lo que sucede en grandes urbes, que no es lo que sucede en el interior del país. Las grandes urbes son Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el del AMBA, Rosario, Córdoba, que son otras realidades. La ley se aplica a nivel nacional, pero no hay que medir solamente eso”. “En el Chaco, los delitos de adolescentes no son como en Rosario o en Buenos Aires. Son muy raros los casos de homicidio en ocasión de robo, son otros los casos que se dan y se mide con eso”, añadió.
“Vemos con mucha preocupación porque una ley así es ilegal al momento de bajar la edad, lo que no está permitido por nuestro derecho positivo vigente. Tenemos compromisos ante los demás estados y compromisos hacia dentro mismo porque debemos respetar la Constitución”, aseguró la jueza.
“Somos un estado de derecho, hemos evolucionado en muchísimos aspectos en cuanto a los derechos de las mujeres, de los de los adultos mayores, de los niños, niñas, adolescentes. Hay un cambio de paradigma en la sociedad también de entender qué derechos son inclaudicables y no regresivos, que no se puede regresar atrás o achicar esos derechos”, reafirmó.