En el contexto del juicio por la expropiación de YPF, que Cristina Kirchner ordenó en 2012 y por el que el Estado argentino ya fue condenado en primera instancia a pagar una cifra de unos USD 17.000 millones, hoy la jueza que lleva la causa en una corte de Manhattan le ordenó al país entregar mails, WhatsApps y otras comunicaciones de importantes funcionarios de este gobierno y de la administración anterior.
Por pedido del bufete inglés Burford Capital, principal ganador de la demanda, Preska intentará demostrar la figura del “alter ego”, o que el Estado y la empresa son lo mismo. Y no sólo YPF, también corre lo mismo para el Banco Central, el Banco Nación y Enarsa.
Vale recordar que YPF fue excluida de la demanda el año pasado cuando se conoció la sentencia condenatoria. Ahora, con esta medida, Burford quiere que la empresa vuelva a ser parte de la causa para, de esa manera, tener más poder de negociar con Argentina, que hasta el momento no demostró interés por hacerlo.
Mientras el fallo está en apelación, en una Corte de Segunda instancia, en el tribunal de Preska, Burford insiste con una serie de medidas técnicas para presionar y cobrar. Por caso, pedir embargos de activos locales en el exterior y exigir quedarse con las acciones que el Estado tiene en la empresa.
Con la información requerida, la jueza buscará demostrar que, por ejemplo, los funcionarios actuales y anteriores acuerdan con la compañía cuánto subirá la nafta o que miembros del Ejecutivo usaron el avión de la petrolera, por citar sólo dos ejemplos. Así, YPF sería “alter ego” del Estado, una convivencia que puede parecer “normal” fronteras adentro, pero que la justicia de EEUU necesita demostrar con pruebas concretas.
“Todo esto se podría haber evitado poniendo garantías, como Preska ofreció en enero. Con esas garantías, que se podían haber negociado con Burford por cualquier cifra, se evitaban estos temas”, resumió Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor.
Para este pedido no hay apelación, pero Argentina podría negarse a entregar la información, con argumentos legales o, directamente, no haciendo caso al pedido de la corte como se hizo en su momento, con los pedidos de los fondos buitre al fallecido juez Thomas Griesa. Es poco probable que Preska dicte el desacato directamente, aunque podría hacer una advertencia al país. Habrá que ver, en ese contexto, qué presión ejerce Burford a la hora de decir que Argentina está entorpeciendo el proceso judicial.
Algunas fuentes que conocen la causa creen que el nuevo y polémico DNU con restricciones al acceso a la información pública, que dictó el Gobierno esta semana, podría estar vinculado con causas de este tipo y con evitar este tipo de pedidos judiciales. Ayer, por caso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos reconoció que el DNU podría modificarse. “La fechas son muy coincidentes. Y los demandantes van a decir que se está obstruyendo la Justicia. Al final, Milei hace lo mismo que Cristina, pone trabas. Preska se va a cansar”, dice en estricto off de record una de esas fuentes.
La jueza pretende acceder a servidores oficiales, donde está la información de esa cuentas, pero va a buscar sólo palabras clave vinculadas a la causa y no otros contenidos. No está claro aún cómo se podría acceder a hacer esas búsquedas en cuentas de mail privadas –como Gmail o similares– y a backups de WhatsApp.
De un amplio listado de nombres, Preska desestimó información sobre tres ex funcionarios: Ricardo Casal, quien fue secretario Legal y Administrativo del ministerio de Economía; Rita Haydee Tanuz, ex secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete; y Mariela Beliansky, actual subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético. Y postergó la decisión para Eduardo De Pedro, ex ministro del Interior; Matías Tombolini, ex secretario de Comercio; y Julio Vitobello, ex secretario General de Presidencia.
Infobae