“A esta denuncia le sumé que en la misma semana se había firmado una resolución, la 2431 del PAMI, por la cual se quitaban 44 medicamentos que tenían cobertura al 100% a los jubilados”, explicó Carreras, en diálogo con la 750.
“Entonces dije que esto es un ataque directo al sector de adultos mayores. Por un lado le quitás por veto un ínfimo aumento que les iba permitir adquirir alimentos, y por el otro, medicamentos. Si se suma esto, es una ecuación explosiva, pésima. El resultado sería la muerte de muchos de ellos que no pueden acceder a la alimentación por un mes completo y no pueden acceder a los medicamentos que tenían al 100%”, agregó.
“Esto es un maltrato, una barbaridad que no podía ver como una espectadora simplemente. Mi única herramienta, desde lo juridico, es espabilarnos y hacer una denuncia para que se investigue y esto se tome como un delito, porque es un delito no cumplir con tratados internacionales que tiene firmados Argentina, como la Convención Interamericana por los Derechos Humanos para el Adulto Mayor; incumplir con las garantías de la Constitución, derecho a la salud, a la vida, a la dignidad del adulto mayor”, remarcó.
“No me animé a decir que esto es un plan sistemático para exterminar a quienes les causa un deficit en el presupuesto al presidente, pero considero que es un genocidio a los adultos mayores”, concluyó.
La denuncia quedó a cargo del Juzgado Federal 11, que subroga el juez Julián Ercolini. Según se desprende de la denuncia presentada por Carreras, el veto presidencial no debe investigarse “como un hecho aislado, sino como parte de toda una política de maltrato al adulto mayor, que lleva no solo a incumplir con la garantía de derecho humano básico como derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, sino también como un ataque desde el Estado a los más vulnerables”.
Página 12