El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este miércoles al sargento Jorge Osicka y al cabo Rolando Villalba, ambos de la Policía Federal Argentina, a penas de 8 años de prisión y 6 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos al considerarlos coautores de los delitos de “concusión agravada por el empleo de intimidación”, “privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y amenazas”, “allanamiento ilegal”, “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El veredicto de la sentencia fue dado a conocer pasado el mediodía y el secretario del TOF anticipó que los fundamentos serán difundidos el próximo 4 de septiembre.
Durante los alegatos, el fiscal general ante el TOF, Federico Carniel, había solicitado penas que iban de 10 a 3 años de prisión para cada uno de los imputados. En tanto, las defensas habían solicitado las absoluciones de todos los acusados. En su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró probados los hechos y la participación de los imputados en los mismos y precisó que “Villalba manejaba el auto de Villamayor (denunciante y querellante en la causa), y Osicka iba atrás en la camioneta, fueron y se volvieron con dinero y con más mercadería que luego se la repartieron en la localidad de Sáenz Peña cuando se juntaron con el resto de los policías involucrados en este hecho”.
Cinco condenas y una absolución
Por su parte, el subinspector Federico Vieyra recibió una condena de 6 años de prisión, más 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos como coautor de los delitos de “concusión agravada por el empleo de intimidación”, “privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y amenazas”, “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El cabo José Pérez, en tanto, recibió una pena de 4 años de prisión y 6 de inhabilitación por los delitos de “concusión agravada por el empleo de intimidación”, “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y absuelto por los otros delitos.
El inspector Héctor Gay, jefe de la Brigada de la PFA de Sáenz Peña, fue condenado a 2 años de prisión condicional por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, más 4 de inhabilitación, y se dispuso su inmediata libertad al ser absuelto por el resto de los delitos por los que fue acusado.
En tanto que la única absuelta por el beneficio de la duda fue la agente Clelia González Núñez.
En este juicio, el TOF estuvo integrado por los jueces Enrique Bosch –como presidente-, Juan Manuel Iglesias y Fabián Cardoso (del TOF de Posadas). Por la parte acusadora intervinieron el fiscal general ante el TOF, Federico Carniel, y el secretario fiscal Horacio Rodríguez.