El pasado domingo 11 de agosto y a raíz de una supuesta denuncia de vecinos, la Policía de El Bolsón realizó un allanamiento en la vivienda de Juan Carlos Villa en Rinconada Inalef, en el paraje Mallín Ahogado, provincia de Río Negro. Villa resultó asesinado por la Policía y su hijo Emanuel Mol Villa, herido de gravedad y trasladado al Hospital de Área El Bolsón donde permanece internado. Este martes 13 el policía Néstor Lamadrid quedó imputado de los delitos de homicidio y lesiones graves, calificados por el uso de arma de fuego y por ser miembro de una fuerza de seguridad. No fue encarcelado pero le colocaron una tobillera electrónica. Juan Carlos Villa hijo dijo que su padre y su hermano “fueron fusilados”. Si bien el hecho no sucedió en territorio de la Lof Inalef, se da en el contexto de los desalojos de la vecina Lof Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero, y de la Lof Paillako, en Los Alerces, además del propio conflicto de la comunidad Inalef, familiares de los Villa. En tanto, el gobierno rionegrino justificó el accionar policial.
“Aunque lo que pasó no fue en el territorio que está en disputa, las dos víctimas son parte de comunidades mapuches, en sus tierras hay reclamos históricos, no me resultaría extraño que la policía haya actuado con otras intenciones, no fue el objetivo detener sino matar, empezaron a disparar desde el inicio, nos parece grave la posición del gobierno desvirtuando los hechos al decir que se trató de una pelea entre vecinos, porque lo que sucedió es que demostraron la violencia de la que es capaz el Estado ante todos los conflictos como la minería en Calcatreu y la resistencia en Coronado Inalef; los hermanos del asesinado Carlos y la cuñada son miembros de la comunidad Inalef, que está a dos kilómetros del lugar de los hechos”, expresó a Página/12 Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
La presencia de la policía se debía a una orden de allanamiento, por una denuncia realizada por vecinos, para buscar armas de fuego en la vivienda y secuestrarlas, además de detener a Mol Villa. La familia se disponía ese domingo a comer un asado cuando aparecieron varios policías rionegrinos en dos camionetas. “Estábamos descargando pastos cuando entraron a los tiros directamente. Nos corrimos para arriba, mi viejo quiso frenarlos y dijo ‘quieto no más,’ y el milico agresivo le puso la pistola acá y lo mató”, dijo Juan Carlos Villa hijo, señalando el cuello. Villa padre murió en el instante pero te tiraron otro tiro en el pecho. Los otros tres disparos fueron para su hermano, que estaba esposado en el piso. Finalmente, quería llevarse el cuerpo pero la familia y los vecinos lo impidieron. Al finalizar el operativo los policías eran una docena. Recién cuando todo había terminado mostraron la orden judicial. Emanuel Mol Villa está fuera de peligro pero con heridas gravísimas por los balazos que le atravesaron el torso.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensa de los policías argumentó que redujeron a Emanuel para detenerlo pero su padre los atacó con un cuchillo, y entonces Lamadrid actuó en defensa propia. También adujo que el joven al que venían a detener atacó a los uniformados. Las armas de fuego que supuestamente buscaban no no aparecieron en poder de las víctimas ni en su vivienda.
La fiscala adjunta, Daniela Ortiz Celoria, se acercó hasta el lugar y le hizo la entrevista testimonial a Carlos Villa hijo, para reconstruir los hechos. En un diálogo breve con los familiares afirmó que si bien la policía llegó con una orden judicial, “claramente todo resultó incorrecto porque resultó muerta una persona. Son bastante evidentes las pruebas, el accionar evidentemente no fue el reglamentario”, dijo Ortiz Celoria según informó la agencia Presentes.
Violencia institucional
“Esto se da en una semana en la que estamos hablando con el gobierno provincial porque nos oponemos a la explotación minera en Calcatreu, empieza el juicio por el desalojo de Quemquemtrew donde estamos pidiendo una mesa de diálogo, cuando (Alberto) Weretilnek era senador intervino y se llegó a un acuerdo que pudo frenar aquel juicio”, dijo Carriqueo para poner en contexto el crimen. “En toda la Rinconada Inalef hay una disputa territorial histórica, y ahora se viene una avanzada con la urbanización que plantea unilateralmente el gobierno provincial y municipal, el intendente de El Bolsón es Bruno Pogliano, ex contador del magnate Joe Lewis”, agregó.
El vocero de la Coordinadora reconoció que la orden judicial mencionaba el pedido de captura por un presunto robo contra Mol Villa. En su relato describió que el acusado intentó escapar pero mientras tanto los policías disparaban balas de plomo para todos lados. “Luego de que mataron al papá, el chico que estaba esposado tirado en la tierra se intentó poner de pie y le dispararon, es tremendo, un fusilamiento”, indicó Carriqueo. Y apuntó que “la tierra siempre está detrás de los conflictos, más allá de cuáles sean los aspectos que se utilizan para la criminalización, acá un allanamiento termina con un muerto y un herido grave, e inmediatamente el gobernador salió a decir que no hubo armas, en un contexto de violación de derechos humanos y violencia institucional”.
Nelson Ávalos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Chubut, estuvo en la casa de Zunilda Inalef e informó que el peritaje de Gendarmería culminó a las 15 de ayer. “Carlitos, el otro hijo de Villa, se salvó porque se escondió en el bosque, pero los policías también le tiraban, su relato es tremendo, los fusilaron, entraron disparando y a los gritos, y cuando Carlos intentó frenarlos lo empujaron contra un pino y le dispararon en la garganta; las versiones periodísticas sobre un enfrentamiento no tienen nada que ver”, dijo Ávalos a este diario.
Los conflictos en esta zona recrudecieron tras la modificación del Código de Tierras de Rio Negro y los intereses inmobiliarios promovidos en la zona rural de Mallín Ahogado. Como parte del Plan Castello, el acceso al paraje rural fue asfaltado y se modificó el régimen de planificación territorial a fin de favorecer loteos particulares. A partir de ello, antiguos pobladores fueron amenazados por supuestos propietarios que detentan títulos de propiedad apócrifos. La Lof Inalef, que logró el reconocimiento judicial de su posesión territorial, enfrenta la amenaza de uno de estos “propietarios”.
Página/12