El juez federal a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, dispuso el procesamiento de siete personas acusadas de conformar una organización a través de la cual adquirieron y administraron bienes inmuebles, vehículos y hasta una embarcación, sin sustento ni justificación patrimonial y bajo la sospecha de que fueron comprados con dinero del narcotráfico. Los seis hombres y una mujer, con estrechos vínculos familiares entre sí y dedicados al rubro funebrero, fueron procesados por el delito de lavado de activos y embargados por el monto de mil millones de pesos cada uno.
La hipótesis de la investigación es que el dinero provenía del narcotráfico y por ello se ordenó el embargo con fines de decomiso de diez vehículos, una embarcación, un predio de dos hectáreas en Mar del Plata, una vivienda en Goya y el complejo de 14 cabañas que había adquirido en los últimos años la organización, en la localidad de Esquina, Corrientes.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°2, subrogada por Santiago Eyherabide y con la actuación del auxiliar fiscal Hércules Giffi, y permitió desentramar numerosas maniobras de conversión, administración y/o puesta en circulación en el mercado de bienes por un monto superior a 140 millones de pesos, según se desprende de la documentación analizada, como boletos de compraventa, escrituras, legajos B, entre otros, en relación a la valuación de los automotores analizados y las operaciones realizadas con los inmuebles.
El caso se inició en febrero de 2013 a partir de una denuncia con reserva de identidad, que advertía de posibles hechos vinculados al tráfico de droga y la trata de personas, con amparo policial. Se hablaba de un predio en Estación Camet y del ingreso asiduo de gran cantidad de personas, camiones –algunos de ellos con patentes de la República de Paraguay- y autos de alta gama al lugar. La investigación, que fue dirigida por el Ministerio Público Fiscal y contó con la labor de la Prefectura Naval Argentina, enseguida dispuso las primeras medidas, vinculadas a tareas de campo y requerimiento de informes en relación a las personas y lugares mencionados en la denuncia. Los allanamientos tuvieron lugar el 31 de mayo del 2023.
El juez Inchausti reparó, al dictar el procesamiento, en los contratiempos que se dieron en el trascurso de la investigación: hubo frustrados intentos de intervención telefónica en el predio central de la organización por negativa de la prestataria, cuyo titular resultó tener vínculos con las personas investigadas, como también dificultad para realizar las tareas de inteligencia por las características del lugar que tenía paredones de gran altura y descampados a su alrededor. De hecho, en el inicio de la investigación, cuando el uso de drones no era tan frecuente, se lograron tomar imágenes desde un helicóptero que sobrevoló la zona, que mostraron la existencia de camiones cubiertos con lonas dentro del terreno.
Además, de las tareas de campo surgió que los imputados contaban con el aviso por parte de funcionarios policiales de futuros procedimientos. Se detectó la supuesta connivencia que existía, en ese sentido, entre la organización y al menos un funcionario policial, pareja de la hija del líder de la banda, que dependía de la subcomisaría con jurisdicción en el predio en cuestión, en Parque Camet.
La complejidad de las maniobras desplegadas por la organización requirió la multiplicidad de jurisdicción para la investigación: el líder de la banda en 2018 se instaló con su pareja en la cuidad de Goya, Corrientes, donde inició nuevos emprendimientos, lo que no le impidió continuar con el control de las actividades comerciales de Mar del Plata a través de comunicaciones diarias con sus hijos. Pero también, las tareas investigativas llegaron al sur del país y localidades cercanas como Tandil.
Las maniobras desplegadas
En base al análisis del caudaloso material probatorio reunido –que también es insumo para otras investigaciones del fuero federal y provincial-, la fiscalía trazó como hipótesis que, desde 2013 y hasta la actualidad, la organización se dedicaría a gestionar, mantener y administrar distintos emprendimientos comerciales y sociedades, con apariencia de licitud, utilizando las mismas como fachada para poder volcar al mercado fondos de origen espurio provenientes de la comisión de ilícitos. En este contexto, adquirieron numerosos bienes, tanto muebles -en su mayoría rodados de alta gama-, como inmuebles, sin poseer respaldo económico para ello. Esto lo convirtieron en una práctica habitual, con la intención de camuflar como genuino ese patrimonio.
Además de estos bienes, se detectó a lo largo de la pesquisa y de la investigación patrimonial, un excesivo gasto de dinero por parte de este grupo, por ejemplo, en viajes frecuentes efectuados al exterior.
Entre los emprendimientos detectados como posibles “fachadas”, se encuentra el predio de dos hectáreas ubicado en el barrio Estación Camet de Mar del Plata, que sería epicentro del accionar delictual; y una vivienda en el barrio Los Zorzales, donde se pudo observar una carpintería y fábrica de ataúdes y puertas, que en realidad no funcionaban como tal.
La organización familiar contaba con un comercio ubicado en San Juan al 3000, donde funcionó la Funeraria Dilo, que luego atendería en otro local cercano sobre la calle La Pampa, aunque con el nombre de fantasía Funeraria Memorial. También adquirieron una granja y fiambrería ubicada en el centro de Mar del Plata, que debió ser cerrada en pandemia; una propiedad de dos pisos en Goya, que compartía una funeraria en planta baja y vivienda en planta alta; otro inmueble en la misma ciudad correntina que funcionaría como maderera; y hasta un complejo de catorce cabañas a la vera del río, que también brindaba servicios de pesca, en la localidad de Esquina, Corrientes).
Además, a lo largo de la pesquisa pudo advertirse que los imputados formaron parte -como accionistas y tenedores de cargos-, en distintas sociedades anónimas.
De los diálogos entre las personas investigadas -un padre, su hijo e hija, el yerno policía, un nieto y dos asesores contables-, se vislumbra la intención constante de invertir en nuevos rubros y bienes, a pesar de que quedó en evidencia también, por conversaciones entre padre e hija, que la funeraria ya no era un negocio rentable y que el local incluso exhibía un cartel de cierre definitivo.
“Según la acusación fiscal, se pudo advertir a lo largo de esta investigación una evidente contradicción en el contenido captado mediante las escuchas de sus teléfonos: por un lado, se aludió sistemáticamente que los negocios familiares no funcionaban, que debían cerrarlos porque estaban fundidos, aunque por otro lado y al mismo tiempo se expandieron sistemáticamente a través del montaje de otros costosos emprendimientos”, señaló el juez Inchausti en la resolución.
Por ejemplo, las tareas y escuchas realizadas mostraban que aparentemente habían cerrado la funeraria de Goya mientras que, a la par, habían montado un nuevo complejo de cabañas, o habían comprado lotes, terrenos, locales, emprendimientos, rodados, todos de altísimo valor, a pesar de que sus ingresos regulares no se los permitiría.
El narcotráfico, como delito precedente
La hipótesis de la fiscalía federal en relación al origen del dinero para el desarrollo de los proyectos en Corrientes o bien para la compra de múltiples vehículos de alta gama -y que se fue robusteciendo con el devenir de la investigación- es el tráfico de estupefacientes como delito precedente.
Según la investigación, son varios los indicios en ese sentido, dado que los acusados poseen vínculos con personas investigadas y/o condenadas por infracción a la Ley 23.737, de persecución del narcotráfico, e incluso algunos están mencionados en bienes vinculados al narcotráfico.
El policía acusado de integrar esta organización era un contacto en la agenda del celular de Juan Manuel Mariscal cuando fue detenido con más de 150 kilos de cocaína mientras manejaba por la autovía 2, y luego condenado en el fuero federal en la causa FMP 6129/2013.
Por otro lado, surgen varias conexiones de esta organización con el expediente conocido como “Lavado Total” (FMP 32006228/2013). Uno de los procesados en esa causa fue visto a bordo de un camión saliendo del predio de Estación Camet, quien además se encontraba autorizado a conducir otro camión cuya titularidad estaba a nombre de la hija del líder de la banda ahora investigada.
Una vez que se logró intervenir la línea del principal predio, se logró detectar un flujo de más de 100 comunicaciones con la vivienda particular de Hugo Alberto “Coco” Esteban, condenado recientemente, luego de permanecer dos años prófugo, por el transporte de casi tres toneladas de marihuana desde Misiones, posiblemente traída desde Paraguay. Los miembros de la banda tenían numerosos cruces hacia este país limítrofe a bordo de diversos vehículos, uno de ellos, una Toyota Hilux a nombre de una mujer vinculada a la causa denominada “Lavado Total”.
Surge también el nexo entre el policía imputado en esta causa con los integrantes de la familia Esteban, procesados también en “Lavado Total” y algunos de ellos también condenados por el delito de narcotráfico: el teléfono de contacto de la sociedad anónima que integraba el uniformado tiene como domicilio de facturación la vivienda familiar de los Esteban sobre la avenida Jara.
Pero también hay otras dos conexiones con personas vinculadas al narcotráfico: por un lado, el capataz elegido por esta organización para el emprendimiento funebrero en Goya resultó estar investigado por la Justicia Federal de Corrientes; mientras que un hombre con pedido de captura por parte de la Justicia Federal de Mendoza, estaba autorizado a conducir un vehículo a nombre del líder de la banda.
Por otro lado, de las escuchas realizadas se desprende la comunicación entre otro procesado en la causa “Lavado Total” con miembros de esta organización para solicitarles que “guarden” cinco autos en su predio dado que tenía el rumor de que allanarían su domicilio. La fecha de esos llamados coincide con los operativos desplegados en el marco de la megacausa por lavado de activos.
La usina de facturación apócrifa
En el transcurso de la investigación, y en base a los contundentes informes realizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se lograron evidenciar numerosas operaciones realizadas con el fin de hacer pasar como redituables negocios que no lo eran. Además de la utilización de testaferros y de distintas sociedades y emprendimientos económicos, otra de las formas de demostrar y dar apariencia lícita a todo el flujo de dinero que tenía la organización, se dio con la colaboración de personas con conocimientos en temas contables y/o comerciales, mediante la emisión de facturación apócrifa por montos millonarios.
De acuerdo con la resolución, se logró determinar que la familia acusada, en particular la única mujer procesada de momento, venía operando como una auténtica “usina de facturas apócrifas”: su facturación escaló en los últimos años, sin correlato con la actividad económica real y/o declarada ante el fisco.
Según información aportada por la AFIP, la acusada emitió facturas electrónicas por un monto que asciende a más de cincuenta millones de pesos ($50.661.097,31), por conceptos absolutamente disimiles, entre marzo del 2017 y julio del 2018. De aquí surge el aporte a la banda de los dos asesores contables involucrados, quienes al menos desde el 2016 pasaron a formar parte de la organización.
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