El gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro, a través de la vía judicial, cuestiona la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso de manera “inconsulta e intempestiva” el cese de esos pagos; y además exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que Nación debe cumplir, por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas.
Cómo se recordará, en la década de 1990, Nación redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias y a cambio se hizo cargo de cajas de jubilaciones provinciales. Pero hubo provincias, entre ellas Santa Fe, que no cedieron sus cajas, aunque de todos modos se vieron afectadas por la reducción presupuestaria. Los acuerdos firmados para equilibrar cuentas y compensar lo que las provincias perdían, establecieron que Nación cubriera los déficits de las cajas no transferidas.
Los recurrentes incumplimientos de Nación con Santa Fe terminaron judicializándose, y hay una deuda global con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe que se estima en $ 700.000 millones. En esa cifra se incluye lo que la Provincia dejó de percibir por pagos que desde 2020 Nación realizaba, pero bajo estimaciones de ejercicios anteriores, que por lo tanto iban desacoplados de valores actualizados.
A todo ese cuadro perjudicial para los intereses de Santa Fe, se sumó el decreto 280/2024 de la actual gestión nacional, que en su artículo 18 dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Allí se establecía que Ansés “transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas” y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)”.
“A los fines de cubrir el importe que el Gobierno Nacional debería realizar como anticipos por $ 69.884 millones de pesos, el Tesoro Provincial ha debido menguar las partidas disponibles para atender áreas críticas como Salud, Seguridad, Educación, entre otras”, se indica en el recurso interpuesto ante la Corte. “A ello cabe agregar lo determinado en el Informe de la Caja, en cuanto se detalla que los montos requeridos para cubrir el presupuesto previsional se incrementan mes a mes, requiriéndose cada vez más fondos públicos para hacerle frente”, agrega el texto de la demanda.
Cabe consignar que de acuerdo a los últimos datos oficiales publicados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en noviembre del año pasado había en la provincia 100.356 beneficiarios, de los cuales 76.425 son jubilaciones y 23.931 pensiones. Se incluyen allí todos los empleados estatales, desde policías, docentes, administrativos, a ex magistrados provinciales o ex ministros de la Corte provincial.
“La ausencia de fondos por ya medio año, sin ninguna previsión de restablecimiento de estos, más el incremento mensual de las necesidades financieras de la caja, más el objetivo contexto de emergencia de la provincia, determinan una situación que exige, necesariamente, una medida urgente que permita hacer frente a las necesidades previsionales. Es decir, no se trata aquí de cubrir gastos suntuosos e innecesarios, sino de cumplir con los haberes de jubilados”, advierte el recurso interpuesto por Provincia ante el máximo organismo judicial de la Nación.
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