La estrategia ya ocurrió con otras áreas sociales destinadas a las poblaciones más vulnerables, por ejemplo con los comedores: el gobierno anuncia supuestos desvíos de millones y millones de pesos (o dólares, como en este caso, aunque la Nación se maneje con pesos) utilizando casos particulares para generalizar o auditorías que en realidad relevan un universo mucho menor al que anuncian y así justificar el recorte; lo amplifican medios amigos (casi siempre primero el mismo periodista del mismo portal de noticias), para llegar luego a la decisión del Ejecutivo, amparada en todo lo anterior: cortar los fondos de todo ese sector. Eso mismo está pasando con el área de discapacidad.
Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, las personas con discapacidad tuvieron que alzar la voz en distintas oportunidades para alertar que estaban cercenando sus derechos. Para reclamar ante ajustes que ponían en riesgo sus prestaciones, para manifestarse en contra de la eliminación de un nomenclador que iguala el acceso a terapias y tratamientos, para cuestionar la decisión de pasar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a la órbita del Ministerio de Salud, entre otras cosas.
Ahora, se pronuncian también ante el embate sobre las pensiones por invalidez, puestas en cuestión por el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de este viernes, donde enarboló la radiografía de un perro detectada en un expediente en Corrientes como ejemplo de todas las “irregularidades” detectadas en el otorgamiento de esos derechos durante la gestión anterior.
Adorni informó que una auditoría realizada en la ANDIS sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores detectó “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año. Un número a todas luces grandilocuente. Demasiado.
Pero a lo que apunta el gobierno a la cantidad de beneficiarios que aumentó el programa desde 2003. Según la versión oficial, la auditoría encabezada por el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, “reveló que durante los gobiernos kirchneristas sucedidos entre los años 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045, mientras que a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios”. Para Adorni, se trata de un número “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”.
El tema ya es investigado por la Justicia, a partir de la denuncia de Spagnuolo. Más allá de las acusaciones rimbombantes, el documento difundido refleja que hasta el momento sólo se auditaron 2.559 casos. De esos, el Gobierno denuncia que sólo el 7% cumple con los requisitos establecidos. Las organizaciones sociales que acompañan a pacientes y familiares no tardaron en expresar su preocupación ante lo que consideran una nueva vulneración de derechos en puerta: sembrar dudas para justificar la quita de derechos.
Un déjà vu en discapacidad
Eduardo Maidana, del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuestionó los números planteados por el vocero presidencial. “En nuestro país hay al menos 4,5 millones de personas con discapacidad. Hay un 55 % de pobreza hoy, un 45% desde hace varias décadas. Al menos 2,25 millones de personas con discapacidad son pobres, casi todos sin trabajo en blanco o trabajo informal de su familia. No veo que sea una cifra tan loca 1,2 millones de pensiones”, consideró en diálogo con Tiempo.
“El discurso de la guerra y catástrofe ya lo decían (Mauricio) Macri y sus periodistas, ahora lo repiten estos. Ya hicieron en su momento una quita compulsiva de 120.000 pensiones y las tuvieron que devolver porque la Justicia lo indicó, ya que fue injustificada”, dijo en referencia a las pensiones dadas de baja durante el macrismo, algo que la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) denunció y obtuvo un fallo a favor.
El gobierno deberá pagar pensiones dadas de baja hace tres años
“No estamos de acuerdo con que haya pensiones mal dadas, no avalamos eso. Lo único que queremos es que la gente que está por fuera del sistema tenga la posibilidad de ser atendida dignamente, como dicen la ley y la Constitución argentina. Utilizar pensiones mal dadas para quitar o dar de baja pensiones a personas que lo necesitan es realmente una canallada. El lunes vamos a sacar un documento”, señaló el referente del Foro.
Estigmatización y sospecha
El mensaje de Adorni no sorprendió. Desde el Gobierno ya se venían sembrando dudas sobre las personas con discapacidad y su acceso a derechos estatales. A principios de junio el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió un recorte de las pensiones por invalidez con el argumento de que las personas beneficiadas “no reunían los requisitos mínimos” para recibir la asistencia estatal.
A fines de ese mes, desde el Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitieron un comunicado ante el “clima de sospecha sobre las personas beneficiarias” generado desde el Ejecutivo.
Allí explicaban el porqué del aumento de las pensiones durante el kirchnerismo, eje al que apuntan las denuncias del Gobierno actual. Recordaron que hasta la presidencia de Fernando De la Rúa existía un cupo de 18 mil pensiones (“para que hubiera un alta debía existir una baja”) y que tras la crisis de 2001 Néstor Kirchner amplió el criterio del otorgamiento de las pensiones por invalidez laboral “para dar cierta respuesta a esta población que vivía en situación de vulnerabilidad”.
Apuntaron además sobre el impacto de la pobreza desde la gestación y sus efectos sobre la salud y el desarrollo. En cifras, “si en 1992 la población argentina era de 33.000.000 de personas, con un 10% de personas con discapacidad que es menor al real, y una pobreza del 30%, tenemos que 990.000 personas con discapacidad estaban en situación de vulnerabilidad. Esto sirve para ver que durante 10 años existían una cantidad de personas que podían cumplir con los requisitos de una pensión con un criterio más amplio que el de la incapacidad laboral. Cuando se abrió la puerta para acceder a ella se entiende el enorme crecimiento. Por lo tanto, no fue necesaria una catástrofe natural o una guerra para que creciera la población que podía acceder a una pensión”.
“Los anuncios rimbombantes y que estigmatizan a un colectivo sobre los posibles errores y malversaciones de las gestiones anteriores no transforman la realidad, no la mejoran”, indicó el colectivo.
“Están cometiendo abandono de persona”
Alexis Descourvieres, de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) se mostró indignado con el planteo de Adorni este viernes. “Lo que están haciendo es una basureada. Nosotros hicimos nuestro propio pedido de informes, no nos respondieron. Cuando dicen que se dio una pensión no contributiva con una radiografía de perro, es mentira. Y si fuese verdad tendrían que además de compartir la radiografía, mostrar la matrícula del médico que firmó eso y la denuncia penal a ese médico. Lo que están cometiendo es un abandono de persona en cumplimiento de los deberes de funcionario público. Van a tener juicios penales”, opinó.
De hecho, el ex titular de la ANDIS durante la gestión anterior, Fernando Galarraga, difundió a través de X que “el expediente (de la radiografía del perro) fue frenado, denunciado y archivado. La persona solicitante, de Goya, Corrientes, NUNCA COBRÓ NI COBRA una Pensión entregada durante nuestra gestión”. Indicó que se trata del expediente “2022-108550205-APN-CFM#ANDIS, donde nuestra auditora médica expresa: ‘radiografía no pertenece a un ser humano’.”
Descourvieres señaló que “no todo certificado de discapacidad significa pensión no contributiva. No toda pensión no contributiva significa estar afiliado a Incluir Salud. Hay certificados de discapacidad para personas que tienen obra social, hay pensiones no contributivas para gente sin trabajo y sin obra social, Incluir Salud –el programa de medicamentos y acompañamiento terapéutico de la ANDIS– es para las personas con mayor estado de vulnerabilidad, lo mismo que las pensiones no contributivas. Es el gobierno más inhumano, más abandónico y más bestia de la historia de la Argentina”.
Desde ALAPA, junto a otras organizaciones de pacientes y personas con discapacidad, habían emitido días atrás un comunicado para expresar su “preocupación” por el traspaso de la Andis a la órbita del Ministerio de Salud.
“Lo que está relacionado con discapacidad no es solo ni exclusivamente una problemática de salud. Es una problemática de inclusión, de acceso al trabajo, de acceso a terapias, al entretenimiento. No son solo pensiones no contributivas, hay programas de integración en las escuelas, de integración laboral, son un montón de programas que no tienen que ver únicamente con una problemática de salud. Hay problemáticas de la discapacidad que se atienden desde la salud pero otras que no. No hay un tratamiento médico para curar algo que no tiene cura”, cuestionó Descourvieres.
Tiempo Argentino