En la misma semana en que Javier Milei y Victoria Villarruel se subieron a un tanque de guerra para refrendar su pacto con las Fuerzas Armadas, el gobierno sufrió un duro revés en su afán por desmantelar la búsqueda de los bebés que fueron robados durante la dictadura. Después de que trascendiera de que hay un decreto en gateras para sacarle sus facultades de investigación a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), la justicia federal de La Plata ordenó preservar toda la documentación de ese organismo. El juez federal Ernesto Kreplak la consideró “insustituible” para aquellas personas que aún no conocen sus orígenes y que son buscadas desde hace más de 45 años por Abuelas de Plaza de Mayo.
La Conadi es el organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de colaborar con las Abuelas en el hallazgo de sus nietos y nietas. Como distintos entes estatales, la Conadi se fue moldeando a través de distintas gestiones gubernamentales que se comprometieron con encontrar a los chiquitos que habían sido arrancados de sus familias durante los años del terrorismo de Estado. Se creó en 1992 para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad. En 2001, su existencia quedó ratificada por ley. En 2004, Néstor Kirchner firmó un decreto a través del cual se creaba una unidad especial de investigación (UEI) dentro de la Conadi y se la facultaba a acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados.
Para ocuparse de la búsqueda, la Conadi recibe denuncias –que pueden venir de Abuelas o de personas que quieren aportar un dato que puede ayudar a encontrar a niños o niñas apropiados– y las presentaciones espontáneas de quienes dudan sobre su origen biológico. En todos estos años de existencia, la Conadi desarrolló cientos de investigaciones y accedió a miles de archivos. Funciona dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de un gobierno que sostiene que los crímenes de la dictadura fueron “excesos” dentro de una “guerra”.
Desde hace meses, el gobierno viene gestando una embestida contra el organismo. El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación a la Conadi. Organizaciones que defienden a condenados por lesa humanidad celebraron la decisión en redes sociales. En mayo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se plegó a la maniobra y descalificó la labor de la Conadi, diciendo que se trataba de un organismo militante.
A mediados del mes pasado, Florencia Zicavo, jefa de gabinete de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, redactó un proyecto de decreto para sacarle a la Conadi las facultades que tenía desde hace 20 años: las de investigar y acceder a los archivos estatales. A esa embestida, se sumó la decisión de correr a Claudia Carlotto de la dirección del organismo.
Abuelas de Plaza de Mayo –que venía recibiendo todo tipo de agravios por parte de Villarruel, que llegó a decirle “siniestro personaje” a Estela de Carlotto– denunció que estaba en marcha una maniobra para obstaculizar la búsqueda de los nietos y las nietas que aún falta recuperar. Ante esta situación, la auxiliar fiscal Ana Oberlin –de la unidad de La Plata para causas de lesa humanidad– tomó cartas en el asunto y le pidió a Kreplak que dictara una medida de no innovar.
“La desarticulación de un organismo como la Conadi entraña dificultades para los procesos judiciales en curso y para los que eventualmente se inicien a partir de la sospecha de apropiación de niñas y niños en contexto de terrorismo de Estado”, advirtió Oberlin en su presentación.
La auxiliar fiscal solicitó que se preserve toda la documentación en poder de la Conadi –las denuncias recibidas por el organismo, las remitidas por Abuelas de Plaza de Mayo, la reconstrucción de los árboles familiares y otros archivos burocráticos vinculados al registro de niños y niñas durante la dictadura. Oberlin destacó que el acervo documental de la Conadi es “indispensable” para la labor del Ministerio Público Fiscal.
Es importante el planteo de Oberlin porque desarma uno de los argumentos del gobierno para desmantelar la Conadi. La administración de La Libertad Avanza (LLA) dice que el Ejecutivo no debe conducir investigaciones, que, en todo caso, deben ser llevadas adelante por el Poder Judicial. Una representante del Ministerio Público Fiscal responde, por el contrario, que sin el aporte del Ejecutivo las investigaciones serían eternas o imposibles.
El Poder Judicial se pronunció en sintonía. Kreplak consideró que había peligro sobre la continuidad del organismo y le ordenó al Ejecutivo que resguarde toda la información que se consiguió o se produjo desde 1992. “No puede descartarse la posible modificación en las competencias y/o la desarticulación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad pueda aparejar dificultades y obstáculos en la continuación de las investigaciones encaradas por este juzgado y por el Ministerio Público Fiscal, máxime teniendo en consideración el carácter insustituible del conjunto de documentos que componen la información reunida por el mencionado organismo a lo largo de los últimos treinta y dos años”, escribió el juez de La Plata.
“El hecho de que todavía se desconozca el paradero de un considerable número de personas que, por haber nacido durante el cautiverio de sus madres o haber sido secuestradas a una corta edad junto con sus familiares o cuidadores, desconocen su verdadera identidad biológica, da cuenta de la relevancia que el mentado archivo documental denota para la continuación de las pesquisas”, añadió Kreplak en la resolución a la que accedió Página/12.
Demoler la verdad
Tras la aprobación de la ley Bases, la Conadi está a tiro de decreto para ser disuelta. El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) –creado por Raúl Alfonsín a pedido de las Abuelas– estaba en una situación similar con la redacción original del proyecto, pero finalmente fue preservado.
Cuando le consultaron al vocero presidencial, Manuel Adorni, acerca de la continuidad de la Conadi, respondió que no había una decisión tomada. Dijo que el gobierno iba a buscar la “verdad completa” –un latiguillo usado por los sectores que reivindican la dictadura y denostan la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia de los organismos de derechos humanos. La Conadi aporta a la verdad: el 90 por ciento de los casos que llegan al BNDG para ser testeados son enviados desde ese organismo del Poder Ejecutivo.
Hace casi un año, Abuelas anunció que había encontrado a Daniel Santucho Navajas, que pudo reencontrarse con su papá, Julio Santucho y con sus tres hermanos. Uno de ellos es Miguel “Tano” Santucho, continuó con la búsqueda de su abuela. La Conadi fue fundamental para la reunión de la familia.
El gobierno busca frenar las políticas de memoria, verdad y justicia. En la Secretaría de Derechos Humanos se contabilizaban 82 despidos. Entre las áreas más afectadas se cuentan los sitios de memoria, el Archivo Nacional de la Memoria –donde está el fondo documental de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)– y la dirección de leyes reparatorias.
Una de las primeras acciones de Petri fue desmantelar los equipos que analizaban los documentos de las Fuerzas Armadas para aportar información a las causas por crímenes de lesa humanidad. Que no hurgaran en los papeles era un viejo reclamo de los acusados por secuestrar, torturar y desaparecer. Así, los represores pudieron regodearse con el despido de once expertos que llevaban años analizando archivos burocráticos en busca de las marcas que permitieran probar lo que los militares llevan décadas callando u ocultando.
Página/12