La construcción aparece en el tope de todas las estadísticas como el sector que absorbió la peor parte del ajuste fiscal y la recesión que se profundizó en los últimos meses. Por un lado, es el más afectado en el paisaje recesivo general: se desplomó 19,7%, muy por encima del 5,1% de caída del PBI en el primer trimestre. También se explicó casi el 60% de los puestos de trabajo perdidos desde el cambio de gobierno, de acuerdo a datos de la Secretaría de Empleo. La Cámara asegura que ya hay cierres de empresas y convocatoria de acreedores entre firmas pequeñas, medianas y grandes.
La convención anual que se realizó en La Rural no logró estar ajeno a la difícil situación sectorial y estuvo atravesado por una lectura pesimista de la actualidad y con solo un puñado de elementos que invitan a los empresarios a esperar tiempos mejores. Pende sobre el sector constructor una combinación que atenta contra su actividad: el freno prácticamente total a la obra pública por el ajuste fiscal y la suba de los costos en dólares para la construcción privada por el atraso cambiario.
“Ya este año está perdido”, afirmaba un hombre de negocios histórico del sector. Camarco convocó al fundador de la consultora PxQ Emmanuel Álvarez Agis para tener una visión del segundo semestre económico de este año. El economista planteó que el Gobierno “está montando un argumento político para resolver un problema bastante claro y cotidiano que es que no tiene dónde ajustar: al no tener dónde ajustar, la obra pública y la infraestructura se llevaron la peor parte”.
El presidente de Camarco aseguró que la situación es “gravísima” durante su discurso inaugural de la convención. “La situación de paralización mencionada tendrá un efecto inmediato en el estado y seguridad de uso de la infraestructura existente. Es un enorme dispendio de dinero no conservar lo existente. Recuperarlo será mucho más caro que lo que cuesta un mantenimiento en tiempo y forma”, cuestionó, antes de la llegada del ministro de Economía Luis Caputo y del secretario de Obras Públicas Luis Giovine.
En diálogo con periodistas, el ejecutivo ahondó en su lectura de la actualidad sectorial y dijo que las compañías constructoras afrontan dos problemas: el flujo hacia adelante, con una canilla cerrada por el ajuste de los gastos de capital que hizo el Gobierno de Javier Milei para conseguir rápidamente equilibrio fiscal; pero también una deuda pasada por certificados de obras impagos por avances en proyectos, y que son pagos garantizados por contrato.
Weiss estimó que se trata de unos $400.000 millones acumulados por certificados de septiembre que deberían haberse pagado en diciembre, ya que en general tienen plazos de abono de 60 días o superior. Es, de cierta forma, un pasivo similar al que el equipo económico acumuló con las empresas del sector energético y que saldó luego con un bono a 2038. Una propuesta similar para las firmas aún no apareció sobre la mesa. “Depende de la paridad que tuviera el bono, las empresas lo aceptarían”, arriesgó el presidente de Camarco.
¿Un “nuevo Cammesa” en el sector constructor?
Por lo pronto, el principal dirigente de la Cámara sectorial dijo que esos pagos están garantizados por los contratos firmados y que hay empresas que, eventualmente, podrían ir a tribunales a reclamar esos pasivos. Empresas multinacionales podrían ir al tribunal del CIADI si lo consideraran, pero en Camarco aseguran que no hay compañías extranjeras entre las que reclaman esa deuda.
“Un juicio así en la justicia local puede tardar 10 años, lo más conveniente es negociar con el Gobierno”, sentenció Weiss. Una particularidad es que por la ley que rige a las obras públicas ese tipo de deudas no acumulan intereses. Una especulación sectorial es que se trata de una picardía oficial para licuar ese monto y devolverlo cuando el horizonte de déficit cero para este año esté más asegurado, en otra instancia del año.
En el sector ven dos posibilidades para que la obra pública pueda emprender una recuperación tras el derrumbe pronunciado de los últimos meses. Ninguno depende de los fondos presupuestarios nacionales. Por un lado, proyectos de infraestructura que puedan tener financiamiento de organismos de crédito internacionales, que si bien el Gobierno tenía en carpeta “otorgar” esos préstamos a las administraciones provinciales, ganó fuerza la idea de que se mantengan bajo el ala del Palacio de Hacienda.
La otra vía es la del traspaso de obras desde Nación hacia un grupo de provincias, una lista que ronda la docena pero que podría ampliarse en los próximos días. Esto implica que el financiamiento dejará de depender del Tesoro nacional y que pasará a estar bajo la órbita de los gobernadores. Entre las empresas le dieron la bienvenida a esa fórmula para salir del aprieto, pero prevén que ese proceso de traspaso no llegará sin contratiempos.
Entre otras razones, porque hay también un cambio de legislación de los contratos. Las empresas no tienen la seguridad de si las condiciones que quieran firmar los gobernadores serán las mismas, en términos de plazos, anticipos de pago, montos totales, y la propia deuda de Nación acumulada.
Infobae