El dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni fue indagado esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py. Está acusadode desviar fondos que recibía del programa Potenciar Trabajo para financiar a su fuerza política. Belliboni estuvo al menos tres horas frente a los funcionarios judiciales, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita. Según reconstruyó LA NACION, el dirigente optó por no responder preguntas. Había sido citado el 27 de mayo pasado después de que fueran allanados los comedores que administra el Polo Obrero.
En las inmediaciones de los tribunales de Comodoro Py se concentran militantes de la agrupación que apoyan a Belliboni con banderas con la inscripción “Basta de persecución”. María Isolda Dotti, una militante el Polo Obrero conocida como “Tango”, también está citada para hoy martes.
Se investiga en este expediente una presunta estructura extorsiva por la cual integrantes del movimiento del que es referente, administrando un sistema de premios y castigos, apretaban a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo para asistir a movilizaciones.
En esta causa el Gobierno ya es querellante mediante una presentación que hizo el Ministerio de Capital Humano. El juez Casanello unificó esa querella con la de Oficina Anticorrupción. Y ayer admitió por separado a la Unidad de Información Financiera (UIF), que es un organismo estatal, autónomo, especializado en lavado de dinero.
Uno de los hechos bajo investigación es que con gran parte del dinero recibido en concepto de subsidio como Unidad de Gestión para la ejecución del Plan Potenciar Trabajo la organización Polo Obrero habría financiado sus actividades partidarias, tales como gastos corrientes de la agrupación, actividades de prensa, militancia y campaña electoral. Según la hipótesis del juez Casanello, “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.
Una arista de la investigación es el desvío de los fondos públicos que debían ser destinados a los beneficiarios de los planes sociales. Otra es la presunta extorsión a los beneficiarios, a quienes se les pedía ir a manifestaciones y pagar una cápita para poder asistir a los comedores y para poder recibir la prestación social. Y otra es la producción de facturas apócrifas para presentar en concepto de rendición de gastos al Estado, que habrían sido emitidas por empresas que se encuentran bajo sospecha de la AFIP.
La Nación