“Nos llevó unos cuantos años la investigación, se trabajó mucho con Juan Chico, con la comunidad, con la Fundación Napalpí, con investigadores de las universidades públicas, ya sea antropólogos, sociólogos, historiadores, que desde la década del 70’ y en adelante realizaron investigaciones muy importantes de varios años alrededor de cuestiones que tenían que ver con el territorio nacional, con las reducciones indígenas, con lo que fue la reducción de Napalpí específicamente, con lo que fue el hecho histórico de la masacre”, recordó Diego Vigay, fiscal ad hoc, de visita en los estudios de CIUDAD TV.
El fiscal destacó que “todo ese enorme trabajo que tuvo que ver mucho con el impulso de Juan Chico, con la mirada que tenía y la visión que tenía, con un planteo que hicieron ellos antes de que la Fiscalía empiece esta investigación de por qué había crímenes de Ley de Humanidad de primera y de segunda, por qué la Masacre de Margarita Ben había tenido un juicio oral y público y la masacre de Napalpí, no”.
“Encontramos con el equipo de la Fiscalía Federal, el doctor Federico Carniel, el doctor Amad, el doctor Sabadini, el doctor Rodríguez, la alternativa de un juicio por la verdad, ya que todos los responsables habían fallecido. Eran juicios que ya tenían antecedentes en los años 90’ cuando estaban vigentes las leyes de punto final y obediencia devida sobre hechos que habían ocurrido en la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Tomamos ese antecedente, encontramos que la República Argentina ya en el año 1924 en el marco del contexto internacional había firmado convenciones que hablaban de este tipo de crímenes y la Constitución Nacional de 1853 los contenía también”, expuso sobre los orígenes del proceso de juzgamiento.
Vigay señaló que “todo ese andamiaje nos dio la posibilidad de pedirle a la jueza federal, Zunina Niremperger, hacer un juicio oral y público, que tuvo muchísima repercusión a nivel mundial y a nivel nacional. La ciudadanía lo pudo ver o lo puede ver, porque está colgado en internet las siete audiencias en el canal de YouTube y se pudo reconstruir minuciosamente a partir del testimonio de los sobrevivientes como Melitón Enrique, Rosa Chará, Pedro Balquinta, Rosa Grilo y sus descendientes, porque el relato oral en la cultura indígena tiene mucha fuerza”.
Y, en ese sentido, contó que desde la “fiscalía, cuando empezamos a tomar los primeros testimonios por ejemplo de los hijos de Melitóna Enrique, nos impactó como hablaban prácticamente en primera persona lo que le había contado su madre”.
También destacó la participación de los “docentes bilingües tanto qom como mocoví que habían acompañado a Juan Chico en toda la reconstrucción de la memoria histórica y todos estos investigadores de las universidades públicas, de la Universidad Nacional del Nordeste que hizo un aporte extraordinario, de la UBA también, muy destacado, de archivistas tanto del Archivo Provincial Monseñor Alumini como de Archivo General de la Nación, que buscaron en los pliegues más increíbles de la burocracia del Estado de esa época información y se pudo reconstruir buena parte de la tropa que fue movilizada y la munición que utilizaron. Una reconstrucción muy minuciosa”.
Sobre la sentencia, la que aún cuenta con medidas sin cumplimiento, allí la “jueza detalla minuciosamente cuáles eran las condiciones de vida en la reducción de Napalpí, reducción a la servidumbre, de hecho el primer caso en la Argentina en que se condena al Estado nacional por reducción a la servidumbre como crimen de lesa humanidad”.
“Ese es un antecedente histórico para todo el proceso de juzgamiento en la Argentina y reconstruye todo lo que pasó con la huelga, todo lo que pasó ese día de la masacre, se aproxima la cantidad de víctimas entre 450 y 500, niños, ancianos, mujeres, y la jueza con mucho tino toma en cuenta un montón de medidas de reparación que había pedido el IDACH, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, que hizo un trabajo extraordinario también en todo el acompañamiento al juicio, y el equipo de psicólogos de la Secretaría que acompañó a los testigos”.
Cumplimiento de la sentencia
La Unidad Ejecutora de la sentencia mantuvo una audiencia con el ministro de Gómez, en el marco del cumplimiento de las medidas ordenadas por la jueza federal. En ese sentido, el fiscal de derechos humanos indicó que el “Estado del Chaco ya viene cumpliendo con una buena parte de la sentencia en lo que hace a incorporar en la currícula escolar la temática, en la capacitación de la Policía del Chaco con perspectiva de interculturalidad, ha avanzado en la sistematización de lo que es toda la documentación que estaba en la traducción Napalpí y hay un proyecto para la creación del museo”.
“Con el ministro Gómez, en una audiencia gestionada por el subsecretario de Derechos Humanos del Chaco, Hugo Maldonado, que es parte de la Unidad Ejecutora, se habló de mantener esos contenidos, poder actualizarlos en la currícula escolar, se habló de continuar la capacitación en la policía, se comentó un proyecto que tiene la Subsecretaría de capacitación en las comisarías en los barrios de comunidades indígenas de Resistencia, se habló de la posibilidad del museo en el edificio histórico de Reducción Napalpí, que tiene más de cien años y algunas dificultades, y se habló de la posibilidad de financiamiento internacional para la constitución de este museo porque son muchos los recursos que se requieren”, agregó sobre el encuentro.
Asimismo, se abordó la articulación con el “Municipio de Colonia Borígen de un plebiscito, la consulta popular para la elección del nuevo nombre de Colonia Borígen, si así la comunidad lo decide porque muchos testigos en el juicio hablaron de que el nombre fue impuesto por la reducción, por quienes llevaron adelante la represión y que no identificaba a las comunidades indígenas de Colonia Aborígen, que son prácticamente el 90% de la población. Entonces, la sentencia habla de la posibilidad de una consulta popular que hay que instrumentar, cómo se votaría, qué nombres se tendrán en cuentas”.
“Estamos conformes con esa primera reunión, y seguramente se va a hacer un seguimiento después a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Seguridad, de cómo se pueden ir cumplimentando estas medidas en la práctica”, resaltó Vigay y advirtió que el “Estado nacional tiene pendiente varios puntos de cumplimiento también”.
“Hubo mucho ejercicio de memoria y eso es muy importante para la no repetición, porque uno se encuentra en la actualidad con muchos discursos de negacionismo de lo que fueron los crímenes de esa humanidad, de lo que fue el genocidio indígena en la Argentina, y muchos discursos de odio y de racismo, que son realmente nefastos para nuestra democracia, para nuestra vivencia, para nuestro estado de derecho. De alguna manera creo que el juicio por la verdad de la Masacre en Napalpí ha puesto un granito de arena en su aporte a que estas cuestiones se visibilicen y se pueda consolidar la memoria, la no repetición, el respeto por los derechos humanos de los pueblos indígenas, un sinfín de cuestiones”, cerró.