A pocas semanas de cumplirse treinta años del atentado contra la AMIA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la falta de verdad histórica y justicia para las víctimas y la sociedad. La Corte también ordenó reformas estructurales en el uso de información de inteligencia en causas judiciales y el acceso a la documentación.
En su sentencia, según publicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, que patrocinó la denuncia presentada por la agrupación Memoria Activa) la Corte destacó que “continúa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanción para los responsables del atentado ni para los responsables de su encubrimiento”. Señaló que la propia actuación estatal ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos.
La condena incluyó la responsabilidad del Estado argentino en todas las violaciones alegadas por la organización Memoria Activa: violación del derecho a la vida por falta de prevención del atentado, falta de investigación adecuada del atentado y su encubrimiento, violación del derecho a la verdad histórica y a la información, y responsabilidades en el encubrimiento.
Entre las medidas ordenadas, la Corte demandó que el Estado argentino remueva todos los obstáculos para investigar el atentado y su encubrimiento en un plazo razonable. Además, ordenó una reforma normativa para regular el uso de información de inteligencia como prueba en causas judiciales. Afirmó que “las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información para evitar aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas”.
El tribunal internacional también dispuso que se regulen los procesos de desclasificación y se garantice el acceso pleno de las víctimas a la información ya desclasificada, que deberá ser conservada adecuadamente para su consulta por toda la sociedad. Asimismo, se ordenó la construcción de un archivo histórico público sobre el atentado, el encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas.
La sentencia de la Corte Interamericana representa un hito en la lucha por la justicia que Memoria Activa ha llevado adelante desde el atentado, ocurrido en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem. La organización denunció desde un principio el encubrimiento y el desvío de la investigación por parte del poder judicial, los servicios de inteligencia y sectores de la comunidad judía.
Hace dos meses, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que el encubrimiento del atentado fue una maniobra deliberada, ejecutada en las altas esferas del poder político. Sin embargo, las condenas impuestas fueron consideradas extremadamente bajas y desproporcionadas al daño causado. La decisión de revertir estas condenas recae ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El rol de los servicios de inteligencia y su influencia en el sistema político argentino fueron cruciales en la perpetuación de la impunidad. Desde los primeros momentos posteriores a la explosión y a lo largo de las décadas siguientes, la causa estuvo controlada por operadores políticos y agentes de inteligencia, protegidos por el secreto y la discrecionalidad en el manejo del dinero público.
“Treinta años después de la mañana del 18 de julio de 1994, todavía no hubo justicia en la Argentina, todavía no sabemos quién y por qué cometió el atentado. Todavía los archivos que muestran maniobras de encubrimiento y corrupción son secretos para la sociedad argentina. Todavía nadie descansa en paz. Hoy un tribunal internacional ratificó que el Estado argentino violó los derechos humanos de las víctimas y sus familiares y el derecho colectivo a la verdad, y que debe comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación. Los invitamos a todos a acompañarnos en esta lucha, para que finalmente, el Estado argentino cumpla con sus obligaciones y la justicia, aunque tardía, sea posible”, señaló el CELS.
El Diario Ar