En seis meses de gestión, el gobierno de Javier Milei impulsó una serie de medidas que afectan el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión. Además de las dificultades graves para el trabajo de periodistas, que incluyen actos de violencia física y verbal, el gobierno tomó decisiones legales y administrativas que conducen a una mayor concentración del sistema de medios argentino -ya de por sí concentrado- y al achicamiento de su pluralismo y diversidad.
Por este motivo, junto con organizaciones que nuclean a los medios de comunicación comunitarios y autogestivos, carreras de comunicación social y periodismo, y el sindicato de trabajadores de prensa volvimos a presentarnos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. En febrero, les habíamos advertido sobre el incumplimiento de los estándares de libertad de expresión de parte del gobierno que había asumido dos meses antes. En la ampliación de aquella presentación, enumeramos los nuevos hechos que implican una grave regresión en materia de derecho a la comunicación, al acceso en condiciones de igualdad a la información y al conocimiento, no mercantilizada, y a la libertad de expresión en Argentina.
El 21 de mayo el gobierno nacional anunció que comenzó un “proceso de reorganización” en todo el sistema de señales de televisión y radios estatales. La primera medida suspendió los contenidos de las redes sociales y páginas web de la Televisión Pública, Radio Nacional, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folklórica, Paka Paka y Canal Encuentro.
Al momento no se sabe cuánto durará esta medida aparentemente temporal, ni tampoco existe una fundamentación de esta restricción que amenaza la igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación. Además, la decisión afecta el acceso al archivo de documentos públicos de estos medios, lo que dificulta mantener una memoria y archivo de los sucesos de la nación a nivel federal.
El mensaje que aparece en las páginas web suspendidas es idéntico al publicado desde marzo de este año en la página de Télam, la agencia de noticias estatal que fue vallada y silenciada por el Gobierno y lleva más de 80 días cerrada.
Dentro de una sociedad democrática es necesario que se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. Argentina tiene un sistema de medios de comunicación altamente concentrado desde el punto de vista económico y centralizado desde el punto de vista geográfico. Esta circunstancia torna aún más relevante el rol de los medios de comunicación públicos para la producción y circulación de información, entretenimiento y educación, entre otras funciones.
Las diferentes políticas del Gobierno nacional demuestran la profundización de un proyecto en el que todo lo que no tiene fines de lucro es atacado y desguazado. Ha desmontado pilares fundamentales de la comunicación y la pluralidad de voces, orientando toda decisión a sus metas de ajuste fiscal y al dogma de que sólo el mercado merece sobrevivir.
Ante esta situación, junto con AMARC Argentina, el Centro de Investigaciones ICEP-UNQ, CoNTA, FARCO, FATPREN, REDCOM, la Red de Medios Digitales y Sipreba solicitamos a la CIDH y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que soliciten al Estado argentino cesar con el apagón informativo digital de los medios públicos, garantizar el acceso público a todo el material periodístico creado por los medios públicos de forma urgente, preservar la totalidad del archivo y ponerlo a disposición de manera accesible, ordenada y práctica para su búsqueda. También les pedimos que insten al Estado a que adopte las medidas necesarias para evitar la aprobación de normativas que limiten la libertad de expresión o el acceso a la información; y proteja los derechos a la libertad de prensa de las y los trabajadores de los medios públicos.