Los defensores del represor Diego Chemes no quisieron perder tiempo: un día después de que asumieron Javier Milei y Victoria Villarruel pidieron que la Cámara Federal de Casación Penal hiciera un plenario para fijar una posición única frente al arresto domiciliario para mayores de 70 años.
El tema circuló en los pasillos de Comodoro Py e incluso se coló en el primer encuentro formal entre los camaristas y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En la víspera del aniversario del golpe de 1976, la Casación rechazó el pedido y ahora le cerró la puerta a los abogados de Chemes de la Corte Suprema.
Chemes tiene 71 años. Está detenido desde 2006. En 2011, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 lo condenó a 21 años de prisión por los crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como Vesubio. En ese campo de concentración, Chemes – un agente del servicio penitenciario – era conocido como el Polaco o Chaves. A los secuestrados les hablaba de cuando se infiltraba en los barrios y hasta tenía tiempo para gastar bromas siniestras: a una detenida-desaparecida que estaba embarazada le obsequió una capuchita – como la que tenían quienes estaban allí – para su hijo.
En 2020, durante la pandemia, le dieron domiciliaria, pero, al año, se la revocaron y tuvo que volver a la cárcel. Su defensa insistió con el reclamo. El 5 de diciembre último, la Sala IV de Casación – integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo – rechazó ese pedido.
Los defensores volvieron a la carga el 11 de diciembre: reclamaron que todos los jueces de Casación se reúnan para debatir bajo qué condiciones los mayores de 70 años pueden irse a sus casas. Justo un día antes habían asumido Milei y Villarruel. La vicepresidenta tiene una larga trayectoria en organizaciones que reivindican lo actuado por las fuerzas en la dictadura e impugnan los juicios a los genocidas.
A los abogados les fue mejor con el pedido del plenario. La Sala IV elevó el tema a la superintendencia que la integran el presidente del tribunal, Borinsky, y los presidentes de las cuatro salas. La discusión sobre si correspondía hacer una reunión plenaria se coló en el acuerdo del 19 de diciembre pasado. El dato singular era que ese día visitaba Cúneo Libarona el edificio de Comodoro Py.
Finalmente, el 22 de marzo, la Cámara de Casación rechazó la solicitud de hacer un plenario para debatir las domiciliarias. Este miércoles, el tribunal reafirmó su decisión y dijo que no es un tema que deba ser abordado por la Corte Suprema. La resolución fue adoptada por Borinsky, Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Ángela Ledesma. El fiscal Raúl Pleé había pedido que se rechazara la pretensión de los abogados defensores.
Chemes tiene una defensa particular que ejercen Ricardo Saint Jean y María Laura Olea. Ambos son hijos de jerarcas de la dictadura. Saint Jean es hijo de Ibérico Saint Jean, el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires. Olea fue secretaria en la Cámara de Casación de la mano del exjuez Eduardo Riggi. Debió renunciar cuando se supo que alternaba su cargo en el máximo tribunal penal del país con la defensa de su padre, Enrique Braulio Olea, uno de los jefes del V Cuerpo de Ejército.
Saint Jean y Olea no están solos en la cruzada para conseguir la domiciliaria para los represores de la última dictadura. En febrero – mientras Casación demoraba la respuesta sobre el plenario – se presentaron otros abogados para pedir ser escuchados, Elena Rita Genise y Guillermo Jesús Fanego. Los dos integran el grupo llamado Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, que agrupa a defensores de acusados o condenados por crímenes contra la humanidad.
Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica se creó hacia finales de 2017. Fue después de que los sectores pro-impunidad se sintieran defraudados con Mauricio Macri y de que fracasara el 2×1 con el que la Corte Suprema pretendió darles a los genocidas una salida temprana de las cárceles.
El planteo de Chemes es similar a lo que pasó con Luis Muiña en el 2×1: los dos son represores desconocidos, que pudieron haber sido la llave para otros más conocidos como Alfredo Astiz o Jorge “Tigre” Acosta. Lo cierto es que la domiciliaria, lejos de ser una excepción, es la regla para los criminales de lesa humanidad. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), el 80 por ciento está en sus casas.
Página 12