Por Mariano Kestelboim*
Sin embargo, al carecer de los recursos financieros de aquel proceso, un contexto internacional mucho menos favorable, un apoyo político interno frágil y partir de un pozo no tan profundo como el de la crisis de la hiperinflación de fines de los ochenta, debe conformarse con un modelo con características similares pero degradadas en relación al de los años noventa.
Las limitaciones que afronta chocan con su gran anhelo, tal como él lo planteó insistentemente en campaña: la dolarización. Ese camino, a diferencia de lo que ha aplicado hasta ahora, hubiera sido superador respecto al de Convertibilidad en cuanto a un efecto codiciado, eliminar el riesgo de devaluación, derivando en un esquema mucho más rígido y dependiente aún de Estados Unidos. Pero las previsibles restricciones obligan al gobierno a terminar teniendo que implementar una plataforma de políticas diluida y menos ambiciosa con impactos de diversa intensidad.
La disminución de la inflación lograda durante el 1 a 1 fue por lejos la más importante de toda la historia para un país latinoamericano. En abril de 1992, a doce meses de iniciado el programa, el resultado fue una inflación interanual del 25%, mientras que en abril de 1991 había sido de 267% y en abril de 1990 había llegado al 16.904%, el segundo nivel más alto de la historia nacional después del pico de marzo de 1990 cuando había llegado a ser del 20.263%.
Y, para una mejor comparación con el actual período de desinflación, desde el primer mes del régimen (abril de 1991), el IPC mensual había caído al 5,5% desde el 11% del mes previo. Y, en los siguientes tres meses, se mantuvo en torno del 3%. Luego osciló entre el 1% y el 2% hasta mayo de 1993 y, a partir de junio de ese año, quebró definitivamente el piso del 1% hasta el estallido del modelo en diciembre de 2001.
Esos resultados rutilantes tuvieron como pilar la credibilidad que aportó la caja de conversión. Pero también hubo otras políticas muy relevantes en materia fiscal, de deuda, relacionamiento externo y atracción de inversiones extranjeras, donde Milei busca acomodar las piezas en un sentido similar pero, desgraciadamente para sus aspiraciones, vuelve a ser en un rango de inferioridad, como si su modelo fuese una segunda o tercera marca de la Convertibilidad.
Una columna donde este gobierno posee un margen considerablemente más acotado en relación al de Menem es el de privatizaciones de empresas públicas. Por eso, con una dotación de activos reducida por las anteriores privatizaciones y sin poder acceder a recursos de venta de activos públicos que quedan y son muy atractivos como YPF y el Banco Nación y Nación Seguros, la dureza del ajuste que aplica Milei debe ser mucho mayor para mostrar garantías de pago de deuda pública y así alimentar negocio financiero.
Así como la Convertibilidad fue la llave maestra para que un gobierno en Argentina pudiera recuperar credibilidad dado que aseguraba por ley que no podría financiar su déficit fiscal con emisión monetaria, la motosierra y el ajuste monetario del gobierno actual son la expresión de la misma necesidad. Levantar la bandera de la solvencia fiscal llevó a Milei a ir bruscamente a contramano de su discurso liberal con el incremento de la alícuota del Impuesto PAIS a las importaciones de bienes. Esa es la espina más difícil de quitar (por amplio margen es el recurso que crece más aceleradamente y en abril pasado representó el 5,9% de la recaudación tributaria total).
La raquítica capacidad de endeudamiento externo también condena al modelo a ser, en el mejor de los casos, una segunda marca de la Convertibilidad. El gobierno actual incluso debió recurrir a mecanismos que rozan lo coercitivo para tomar deuda, como el BOPREAL que fue el único mecanismo otorgado a los importadores para financiar su negocio o el discutido bono a 2038 para el pago de deuda pública a empresas energéticas.
En cuanto al relacionamiento externo, si bien las relaciones carnales con Estados Unidos vuelven a emerger, este gobierno también carece del gran impulso al comercio que desde 1991 fue la creación del MERCOSUR. Nuestro bloque comercial regional generó una gran contención para poderosos sectores de la industria, en especial del sector de alimentos, metalúrgico y automotriz que, de otra forma, hubieran padecido como la gran mayoría de pymes industriales de sectores más atomizados que debieron afrontar abruptamente una competencia externa en un escenario de atraso cambiario y aumento de tarifas de servicios públicos.
Desde ya, la política cambiaria es el símbolo más elocuente del modelo de segunda en el que debió caer Milei con una depreciación programada del 2% mensual que es insuficiente como ancla nominal para aplacar el proceso inflacionario. No sólo porque el tipo de cambio sigue en ascenso, sino particularmente porque no consigue convencer a los formadores de precios de que en el corto o mediano plazo deberá volver a modificarlo bruscamente para equilibrar las cuentas externas con una competitividad que sigue deteriorándose de forma progresiva.
Por lo tanto, para sostener el programa de políticas y la desaceleración inflacionaria es indispensable un ingreso de capitales externos de cualquier manera. Esos capitales son como agua en el desierto en este modelo para sostener la regla de atraso cambiario creciente. Aportarían una contención transitoria y darían lugar para que el sector productivo transable deba soportar un costo aún mayor, con un estallido posterior del modelo más tarde pero también más potente.
En el interín, los grandes negocios no transables, básicamente del sector financiero y de empresas que proveen servicios públicos privatizados, como en la Convertibilidad, brillan por su rentabilidad en moneda dura. La desesperación por atraer capitales se expresó en el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), desalineado de los parámetros internacionales en relación a los beneficios otorgados para inversores y sin compromisos de desarrollo de proveedores locales.
Esa oferta puso nuevamente de relieve el desinterés del gobierno por el impacto de sus políticas en la estructura productiva de nuestro país en términos de su concentración, extranjerización, desintegración de su tejido de pymes y la capacidad de desarrollo tecnológico autónomo. Es un grito alocado de necesidad de ingreso de dólares al país.
El modelo de los noventa tenía como pilar fundamental la recuperación de la credibilidad de los florecientes mercados financieros con Estados Unidos que se había consolidado como la gran potencia global, tras la caída del Muro de Berlín. En ese escenario, el país se había hundido en su peor crisis de su historia hasta ese momento. El meollo principal era la pobre reputación de los gobiernos para administrar la política monetaria y entonces la caja de conversión surgía, con el apoyo del FMI y del mundo financiero, como la gran palanca para recuperar la confianza.
El resultado, medido en base a la reducción de la inflación, principal problema macroeconómico que sufría el país antes de su aplicación, refleja una eficacia asombrosa. Sin embargo, el desenlace del proceso también reveló que la receta era insostenible y tuvo un costo social y productivo muy elevado. De hecho, hasta ahora, ese modelo terminó provocando la peor crisis socioeconómica de nuestra historia.
Parece que a Milei poco le importaron los costos asumidos en ese entonces e intenta emplear políticas bastante similares, pero carentes del respaldo internacional y de los recursos que pudieron captarse en los años noventa. Repetimos la experiencia pero con una plataforma claramente más flácida. Un pobre consuelo en medio del desastre es que, sin esos apoyos, este nuevo capítulo será mucho menos duradero.
(*) Economista, asesor de empresas y cámaras industriales y docente universitario
Publicado en Ámbito Financiero