Argentina presentó sus argumentos por los que cree que la jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del segundo circuito de Nueva York, no debería ordenar que entregue las acciones que tiene en YPF, la petrolera de la que ostenta el 51% de su capital.
Así lo había pedido semanas atrás Burford Capital, el ganador en primera instancia de la causa que se cursa en Estados Unidos por la expropiación de la empresa, en 2012 y por la que el Estado argentino ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones.
Se trata de un escrito de 38 páginas que presentó el estudio Sullivan & Cromwell que resume argumentos ya utilizados durante este juicio que lleva más de 8 años y en el que el país viene defendiéndose con muy bajo éxito. Básicamente, cuestiones sobre la ley de expropiación de YPF vinculados a las acciones de la empresa: que dos tercios del Congreso tiene que aprobarlo en caso que haya que traspasar la transferencia de las acciones en el futuro y que es propiedad del Estado decidir sobre ellas y ninguna corte internacional puede obligarlo a tomar acciones en ese sentido.
“Es un caso muy sólido en el cual ahora hay que ver cómo responden los beneficiarios del fallo el próximo 30 de mayo. De todos modos si Argentina pierde esta decisión, va a haber una apelación futura y esto se va a alargar. Lo más probable es que haya una audiencia oral, pero seguro que Preska la va a juntar con el otro fondo que también reclamó las acciones. Creo que es momento para que el Estado ponga a un special master que empiece a negociar algo”, le dijo a Infobae Sabastián Maril, CEO de Latin Advisors.
Los argumentos que expuso el Estado fueron resumidos por Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro del Gobierno anterior (el segundo de Carlos Zannini) y quien estuvo a cargo de llevar este caso por el Estado:
- “La Ley 26.741 (expropiación YPF) prohíbe transferir las acciones sin la aprobación del Congreso con el voto de 2/3 de sus miembros. Preska no puede ordenarle al gobierno argentino que viole la ley o al Congreso que la modifique (cita precedente de la Cámara de NY que lo dice)”.
- “Una orden de Preska contra bienes de Argentina localizados en su propio territorio afectaría la soberanía de nuestro país. El escrito cita un amicus brief del gobierno de EEUU en otro caso de la Cámara de Nueva York en el que se opuso a una orden similar por el riesgo de reciprocidad”.
- “Las acciones de YPF tienen inmunidad de ejecución bajo el Foreign Sovereign Immunities Act porque no se dan los requisitos para exceptuarlas: 1) no están en EEUU, 2) Argentina no las usa para una actividad comercial en EEUU ni 3) para la actividad en que se basa la demanda”.
- “Las acciones de YPF propiedad de Argentina están fuera de EEUU porque no son ADRs que cotizan en Nueva York sino que están registradas en la Caja de Valores, y Argentina las ‘usa’ votándolas en las asambleas de accionistas que se realizan dentro de su territorio”.
- “Los demandantes no pueden suplir su imposibilidad de acreditar que Argentina usa las acciones de YPF en EEUU atribuyéndole, en cambio, supuestas actividades comerciales de la propia YPF porque Argentina e YPF son entidades diferentes”.
- “La orden que pretenden los demandantes viola el derecho internacional (incorporado al common law de EEUU) porque bajo el derecho internacional consuetudinario un estado no puede procurar ejecutar un fallo en el territorio de otro estado sin su consentimiento”.
Según detalló Soler, los argumentos están respaldados por tres informes expertos presentados por los académicos argentinos Rafael Manóvil y Alfonso Santiago, y por el profesor de la Universidad de Berkeley Steven Solomon. “Por último, Argentina le pide a la jueza Preska que convoque a una audiencia para poder argumentar verbalmente su rechazo a la moción de turnover de las acciones de YPF pretendida por los demandantes”, explicó.
Otra de las novedades recientes en la causa es que Burford busca ahora introducir una figura nueva: el “alter ego”. Quiere que Preska resuelva sobre si YPF y el Estado argentino son “lo mismo” y de esa manera ir contra los activos de la compañía. Cuando falló contra el Estado, la jueza ya había determinado que la empresa no había sido responsable y la había dejado fuera de la demanda. Esa situación, eventualmente, podría revertirse y eso es lo que busca el ganador del juicio: si los activos de la petrolera quedan otra vez dentro de la demanda podría forzar a Argentina a sentarse a negociar, algo que no ocurrió hasta el momento a pesar de que, el presidente Javier Milei habló meses atrás de “voluntad de pago”.
“YPF es una Sociedad Anónima y ya fuimos excluidos del juicio. Por eso como compañía no opinamos sobre el tema. Como argentino, pienso que es de muy difícil implementación la cesión de acciones porque tiene que ser aprobado por dos tercios de las cámaras”, dijo días atrás en una entrevista radial Horacio Marín, presidente de YPF.
Infobae