Cada año, desde mediados de abril y por unos diez días, delegados de pueblos indígenas de todo el mundo confluyen en Nueva York para debatir, fijar agenda y reclamar ante el conjunto de las naciones del mundo los cada vez más graves problemas que los amenazan que se pueden sintetizar en nuevas y ¿últimas? invasiones a sus territorios permitidas por los gobiernos y los Estados a los que preceden.
Así, en el marco del 23 Periodo de sesiones, el pasado 24 de abril, Nilo Cayuqueo, mapuche, asistente a este Foro desde su creación en 1975, leyó en nombre de unos 35 organizaciones de pueblos indígenas que habitan en la Argentina un documento en el que denuncian la situación de “extrema gravedad que amenaza nuestra existencia misma como pueblos” y acusaron al gobierno de Javier Milei de agudizar este proceso. Por eso el documento reclama la visita del relator de la ONU para los Pueblos Indígenas para que visite el país.
El escrito, dirigido como es de estilo a la presidenta del Foro, Hindou Omauru Ibrahim (del pueblo Mbororo de Chad, Africa), habla de las “condiciones de extrema vulnerabilidad dada la sistemática violación de nuestros derechos, despojos territoriales, segregación, violencia, marginación y discriminación”.
“Estamos viviendo una situación de extrema gravedad, donde nuestra existencia misma como pueblos, está siendo amenazada”.
Los firmantes puntualizan que “desde la asunción del nuevo presidente -Javier Millei- en diciembre de 2023, la situación de los pueblos indígenas se fue agravando aún más” porque “el desmantelamiento del Estado al que está abocado el nuevo gobierno tiene efectos directos y concretos en las vidas de los indígenas”, y, señala el documento, al “retroceso de políticas territoriales y de desarrollo rural de atención a los pequeños productores indígenas y campesinos” se suma “el incentivo a la instalación de compañías multinacionales y nacionales en nuestros territorios que avanzan en la explotación de los recursos naturales”.
Cayuqueo, nacido y criado en la lof (comunidad) “Campo de la Tribu de Coliqueo en la provincia de Buenos Aires, contó ante la ONU que Milei “y la vicepresidenta Victoria Villarruel”, tras el triunfo electoral con promesas de bienestar a los argentinos, “socavan al Estado, dan poder a las multinacionales y violan derechos y normativas nacionales e internacionales con jerarquía constitucional de los que Argentina es signatario”.
A la gravedad de las denuncias anteriores, el documento, que lleva la firma de numerosas organizaciones indígenas del país, menciona la aflicción que genera en las comunidades la propuesta de “derogar la Ley 26160, aprobada por el Congreso en 2006 y con varias prórrogas”.
“Esta Ley es de suma importancia para los pueblos indígenas porque impide desalojos en comunidades indígenas y realiza un relevamiento territorial de las tierras que ocupamos, proceso que no finalizó, está interrumpido y corre el riesgo de desaparecer. Como anuncian distintas voces del gobierno actual, su voluntad es dejar caer esta ley y disolver el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”), señala.
El extenso listado de quejas y reclamos reseña campañas de difamación, estigmatización y acusaciones que voceros del gobierno vierten en “medios de comunicación orientadas a deslegitimar y desacreditar nuestros reclamos y derechos apelando a ideas de ‘indios falsos’, ‘usurpadores’, ‘terroristas’, ‘violentos’, ‘extranjeros’, entre muchas otras”.
Los discursos negacionistas, dice el documento, “distorsionan la historia, profundizan y avalan sentimiento de odio, racismo y discriminación” hacia los pueblos originarios.
En tanto, desde la Comisión Nacional de la Mujer Indígena (CONAMI), firmante del documento presentado ante la ONU, se preguntaron en diálogo con Salta/12: “¿qué va a pasar con nuestras mujeres, niñeras, sirvientas o los que trabajan en el campo desde los 12 años sin jubilación, sin derechos?”, en referencia a eliminación de políticas sociales y el impacto en la vida de las mujeres indígenas y los jóvenes en general, quienes no accederán a una vida mejor.
Otro párrafo del documento habla de la “eliminación en la Casa de Gobierno de un salón dedicado a homenajear a los pueblos indígenas, con figuras de nuestros héroes suplantadas por figuras como Julio A. Roca, uno de los principales ejecutores del Genocidio llamado ‘Campaña del Desierto'”.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, también se ganó un lugar en la denuncia de los originarios por sus campañas “contra los PPII “ a los que acusa de “usurpadores” y porque “propone reprimir a los dirigentes mapuches por considerarlos terroristas, y además, extranjeros en nuestros propios territorios”.
Tampoco quedó afuera la explotación del litio, el petróleo y otros minerales “a gran escala”, como “el uso intensivo de agrotóxicos contaminantes, para obtener más producción y dinero para las corporaciones sin importar la salud del pueblo y la biodiversidad toda y con consecuencias muy negativas en nuestras vidas y de la Biodiversidad toda” y que en los hechos implica “violar compromisos del Estado nacional ante las Naciones Unidas”.
Otra denuncia refirió “la detención en octubre del año 2022 a Jéssica Bonnefoi Carriqueo Antimil, de la comunidad Lafken Winkul Mapu, al sur de San Carlos de Bariloche, quien continúa con prisión domiciliaria hasta la actualidad” y las de Gonzalo Coña y Matías Santana, encarcelados. Además, más de 100 personas han sido judicializadas por defender sus territorios.
El repaso incluyó casos de muerte por desnutrición de niños wichí y qom en los últimos 15 años o el caso Lhaka Honhat, que ganó un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el territorio, que aún no termina de cumplirse, y el derecho a la EIB (Educación Intercultural Bilingüe), porque “se perpetúa el silencio del genocidio indígena y se continúa con una educación monocultural y colonizadora”.
Lidia Arraigada-García, mapuche chilena que vive en Nueva York y participa activamente en esta institución internacional que busca alertar a los gobiernos y a la ONU, resumió para Salta/12 los principales problemas que los pueblos indígenas llevaron al Foro Permanente.
“La libre determinación para que los indígenas puedan desarrollar sus propios sistemas sociales, culturales, económicos; se tocó mucho en todas las regiones de Asia, de África, la creciente criminalización hacia la defensa de los derechos humanos, algo que es brutal”, enumeró la joven entrevistada.
Para cerrar, Arraigada-García señaló que se recomienda al Banco Mundial que “fortalezca la plataforma de diálogo con los pueblos indígenas para poder crear oportunidades, que se expanda el financiamiento directo a los PPII y también que hayan diálogos con respecto a las políticas que se están creando de parte de los mismos Estados porque tienen que invertir en ellos para que puedan desarrollarse o hacer ejercicio de la libre determinación”.
Página 12