Sin que hubiera investigación alguna, por el solo paso del tiempo, el Consejo de la Magistratura archivó el pedido de juicio político contra el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky por sus visitas a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. La ley que regula el funcionamiento del organismo establece que, si pasan tres años desde el momento de la denuncia y el expediente no fue tratado, su único destino es el cierre. Eso es lo que ocurrió y es obvio que fue deliberado dejarlo dormir sin hacer nada.
El escándalo
El Consejo le puso la firma al archivo sigilosamente el 17 de abril y es imposible identificar la resolución en la página del organismo. Se trata de uno de los mayores escándalos protagonizados por jueces de Comodoro Py. Borinsky visitó a Macri por lo menos quince veces durante su mandato como Presidente de la Nación, con excusas como ir a jugar al paddle o al fútbol. La presentación que pedía su remoción había sido realizada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco. También hubo una denuncia penal promovida por el exministro de Justicia Martín Soria y los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, que incluía a otro juez de Casación, Gustavo Hornos. Ambos fueron sobreseídos en junio de 2022.
Borinsky reconoció los ingresos a Olivos, pero alegó que iba a hablar de la reforma del Código Penal, en la que es real que trabajó pero nunca fue aprobada. De todos modos, es difícil imaginar quince visitas por ese asunto. Lo que constituyó el núcleo de las denuncias fueron las coincidencias entre las fechas en las que el casador habría visto a Macri y una serie de fallos contra Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios del kirchnerismo que eran de máximo interés para el entonces presidente, algo de lo que incluso hacía gala. Durante el macrismo la ofensiva judicial, política y mediática fue brutal.
Una de las reuniones, por ejemplo, fue justo antes de que un fallo firmado por Borinsky y Hornos ordenara reabrir la denuncia trucha que había hecho el fiscal Alberto Nisman contra CFK, Héctor Timerman y otros funcionarios en el caso del Memorándum con Irán, que había sido desestimada tres veces por ausencia de delito. La decisión de Casación fue la llave para que el fallecido juez Claudio Bonadio trazara un atajo para reinventar la causa, procesar a la expresidenta por traición a la patria, impedirle a Timerman viajar a Estados Unidos para continuar su tratamiento contra el cáncer (maltrato por el que empeoró su cuadro y terminó falleciendo durante el proceso), ordenar detenciones, como las de Carlos Zannini y Luis D’Elía, y mandar la causa a juicio. Vale recordar que luego el Tribunal Oral Federal 8 dijo que no podía haber juicio por no existir delito, pero otros jueces de Casación, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, revocaron esa decisión y dispusieron que el juicio se haga.
En agosto de 2016 dos partidos de fútbol a los que asistió Borinsky, que incluían a varios funcionarios del macrismo, coincidieron con fallos para abrir paso a la causa de la Ruta del Dinero, en la que confirmaron a Bonadio al frente y rechazaron un recurso de CFK. Más adelante, en Dólar Futuro confirmaron la intervención de jueces de la Cámara Federal, entre ellos Martín Irurzun, artífice en esos tiempos de la doctrina que se utilizó para dictar prisiones preventivas a granel contra exfuncionarios kirchneristas por el solo hecho de haber tenido algún cargo.
Más visitas, fútbol y paddle mediante, coincidieron con la confirmación de una condena a Milagro Sala, la confirmación de un procesamiento contra la expresidenta, el respaldo a un juicio contra José Sbatella, ex titular de la Unidad de Información Financiera, otro contra Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central. Junto con Juan Gemignani, y en coincidencia con más visitas a Macri (algunas de varias horas), respaldaron el caso “Vialidad” y confirmaron un embargo a Julio De Vido, y ordenaron la detención de Amado Boudou por el caso Ciccone.
Aquí no pasó nada
El juez Marcelo Martínez de Giorgi consideró que no estaba probado que las reuniones de los jueces con Macri, que había revelado El Destape, “hayan sido la ocasión para una influencia indebida por parte de Macri para la resolución de casos judiciales bajo la jurisdicción del doctor Borinsky”. Junto con eso decía que aunque no hubiera pruebas “en materia penal” todavía podía analizarse la “eventual responsabilidad política de los magistrados”, en alusión al Consejo de la Magistratura, el organismo donde se elige y sanciona a jueces y juezas. Allí es donde se pueden aprobar sanciones disciplinarias o el inicio de un juicio político.
La denuncia de Hertzriken Velasco estuvo primero en la Comisión de Disciplina y pasó a la de Acusación después de que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de buena parte de la ley que había dado al Consejo de la Magistratura una integración de 13 miembros y restituyera la ley que había sido derogada en 2006, que establecía la conformación de 20, incluyendo como presidente del cuerpo al presidente de la Corte. Es decir, Horacio Rosatti firmó el fallo que le garantizó la presidencia del Consejo, lugar estratégico para el manejo del Poder Judicial.
La resolución del Consejo que archiva las actuaciones contra Borinsky cita el artículo 7 de la ley 24.937, que es la que regula la actuación del Consejo y que fue cuestionada por la Corte. Pero justo ese artículo quedó en pie. Es el que garantiza un mecanismo que tiene su faz razonable, ya que mantener un proceso contra un magistrado/a abierto por años puede funcionar como condicionamiento, pero tiene otra cara que habilita la protección corporativa. Dice que la decisión de abrir un proceso de remoción o disciplinario contra jueces/zas “no podrá extenderse por un plazo mayor a tres años contados a partir del momento en que se presente la denuncia. Cumplido el plazo indicado sin haberse tratado el expediente por la Comisión, este pasará al plenario para su inmediata consideración”. Como la denuncia contra Borinsky había sido presentada el 9 de abril de 2021, el Consejo concluyó que “ha operado de pleno derecho el plazo legal establecido” y que “corresponde el archivo del expediente”. Solo eso, no se pronunció sobre la conducta de Borinsky, que ni siquiera fue investigada.