La causa que durante meses amagó con convertirse en el ícono de un supuesto espionaje de dirigentes de La Cámpora sobre jueces de la Corte, otros que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner y dirigentes del PRO se quedó sin detenidos y, también, sin sustento. El expolicía autopercibido periodista y con vínculos con servicios de inteligencia Ariel Zanchetta, quien pasó casi diez meses detenido, obtuvo la excarcelación hace unos diez días. Lo decidió el juez Marcelo Martínez de Giorgi, con acuerdo del fiscal Carlos Stornelli.
¿Quién es Zanchetta? Mediáticamente fue presentado como el eslabón perdido de una supuesta red de espionaje ilegal –montada por el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade–, que también le suministraba información al dirigente camporista Fabián «Conu» Rodríguez. Es cierto que Zanchetta contactó al menos tres veces a Tailhade y que le pasó un informe a Rodríguez sobre la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. Pero en sus computadoras y teléfonos celulares aparecieron 5793 contactos y más de mil informes de inteligencia obtenidos al mejor estilo del falso abogado Marcelo D’Alessio. Y sobre eso hubo silencio.
Entre los contactos y los chats por WhatsApp y Telegram aparecen periodistas. Al menos dos de ellos (de mucho renombre y altos cargos en el medio para el que trabajan) con un trato frecuente y confianzudo. Dato adicional: de kirchneristas o camporistas, nada.
La causa por el presunto espionaje ilegal se disparó cuando se conocieron los chats de jueces, fiscales, funcionarios porteños y espías que viajaron a escondidas al Lago Escondido. El exministro de Seguridad de CABA Marcelo D’Alessandro (uno de los viajeros) juró ir hasta las últimas consecuencias para saber quién había accedido al contenido de su celular. Pero como las últimas consecuencias no parecían encuadrar en lo que suponía, impulsó una expansión de la búsqueda. Un mecanismo bastante parecido a lo que en materia de investigación se conoce como «excursión de pesca», prohibido y causal de nulidad de un expediente judicial.
El 1 de diciembre de 2022 un usuario de Breachforums.is (un sitio de Internet que ofrecía bases de datos robadas e información privada de personajes públicos) identificado como @leaklove puso a la venta por 600 dólares una copia del contenido completo del Telegram de D’Alessandro. Breachforums fue intervenido por el FBI. En la causa judicial no hay constancias de que se haya investigado quién es @leaklove ni tampoco quién se interesó o compró el material ofrecido. Tal vez esa respuesta le indicaría a D’Alessandro quien difundió los chats del grupo que la pasó bomba en la estancia del delincuente británico Joe Lewis. Quizá encontrara fuego amigo.
La investigación, en cambio, llegó hasta un joven e inescrupuloso misionero, con pinta de perejil: Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien reconoció haber hackeado el celular del exministro. Dijo que el «trabajo» se lo encargó el usuario de Telegram @Eljuanxd. Identificar y llegar a ese misterioso personaje también permitiría comenzar a responder quién encargó que le hackearan el teléfono a D’Alessandro, pero no parece haber mayor interés en ello. De hecho, @Eljuanxd continúa activo en las redes.
¿Y Zanchetta? La explicación se demora porque no hay nada que lo vincule con el hackeo a D’Alessandro.
La investigación del juez Martínez de Giorgi comprende cuatro episodios diferentes. Como quien suma dos bananas con dos libros. Son cosas distintas, y si se fuerza una suma aritmética, se obtienen cuatro… nada.
Los cuatro hechos amontonados en un mismo expediente son el hackeo de la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en 2021. Fue identificado el presunto responsable, Patricio Tomás Hvalica, de 18 años de edad, quien utilizaba el usuario @pr1sox. Allanaron su domicilio y lo detuvieron, pero al día siguiente recuperó la libertad. La base de datos fue ofrecida en un grupo de Telegram abierto del que formaban parte 1671 miembros. No hay constancia de que se los haya investigado.
El segundo hecho fue, sí, el hackeo a D’Alessandro y otras 70 personas mediante la técnica de SimSwapping, una suerte de duplicación de la línea telefónica para la toma de control de todo su contenido. El diputado (ahora) bonaerense Diego Santilli; Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (dos de los jueces que condenaron a Cristina Kirchner); Gustavo Hornos y Mariano Borinsky (dos de los que deben revisar esa condena) figuraban en la lista.
El tercer hecho fue la obtención de líneas de celulares a nombre de los jueces de la Corte Suprema Horacio Rossati y Carlos Rosenkrantz y otras 26 personas por parte de otro misionero, Santiago Machado. En estos casos, nadie accedió al contenido de sus celulares; sólo sacaron a sus nombres líneas telefónicas y dieron como domicilio de pago los que encontraron en la base de datos del RENAPER. Es decir, usaron teléfonos y no los pagaron; se los endosaron a los jueces y a otra veintena de personas, entre ellas la jueza federal de Misiones María Verónica Skanata, el exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad y la ex titular del ANSES Fernanda Raverta.
Estos tres hechos podrían tener interrelación entre sí, aunque del expediente no surge claramente eso.
El cuarto hecho es la actividad de recopilación de información y elaboración de documentos sobre un millar de personajes públicos por parte del expolicía Zanchetta. ¿Qué tiene que ver este hecho con los otros tres? Nada.
Zanchetta no clonó celulares, no robó bases de datos ni sacó líneas a nombre de otras personas. No tiene vínculos con los otros imputados, no mantuvo contacto por chat o teléfono con ellos y vive en Junín, bastante lejos de Misiones.
¿Entonces por qué figura en la misma investigación? No hay respuesta.
El fiscal Gerardo Pollicita sostiene que Zanchetta ingresó al sitio Sudamérica Data para buscar información sobre el juez Borinsky para luego pasársela a Nuñes Pinheiro para que éste le chupara el teléfono. Pero Borinsky perdió el control sobre su línea el 8 de septiembre de 2022 a las 15:45 y la consulta de Zanchetta a la base de Sudamérica Data ocurrió a las 17:39. ¿Zanchetta buscó información para que Nuñes Pinheiro hackeara un teléfono que ya había hackeado dos horas antes? Parece absurdo.
Al juez Giménez Uriburu le tomaron el teléfono el 8 de setiembre de 2022 a las 20:31. Hacía una semana que habían atentado contra Cristina Kirchner, a quien estaba juzgando en la Causa Vialidad. Las fotos en las que se lo ve jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri, fueron publicadas el 7 de agosto, es decir antes del hackeo. Y el veredicto contra la expresidenta se dio a conocer el 6 de diciembre, cuando ya había recuperado la línea. El propio Giménez Uriburu declaró que desde su número les pidieron dinero –mediante transferencias a una cuenta de Mercado Pago– a sus contactos haciéndose pasar por él. Una estafa cada vez más frecuente. El destinatario del dinero fue identificado: un paseador de perros que estuvo dos días preso y no tenía idea de lo que se le imputaba. También está libre.
Al juez Basso le tomaron la línea el 30 de septiembre de 2022 pero realizó la denuncia penal el 11 de abril de 2023, casi siete meses después. Con su colega Hornos pasó algo parecido: lo hackearon el 5 de octubre de 2022 y formuló la denuncia el 8 de mayo de 2023.
Zanchetta buscó información sobre los cuatro magistrados para publicar una nota en el portal Enclave.ar sobre los generosos sueldos que cobran los jueces. Él, Nuñes Pinheiro y hasta Bellido probablemente sean juzgados e, incluso, condenados. Pero de la conspiración de espionaje ilegal sólo quedan las cenizas de un lumpenaje que pulula en los bordes de la marginalidad de los servicios de inteligencia en todas sus formas.
Tiempo Argentino