Al respecto Pilatti Vergara manifestó que, “resulta una obviedad que, en medio de una crisis económica y ajuste salvaje, un proyecto de ley que resguarde el normal desenvolvimiento de los servicios educativos y sanitarios resulta oportuno. Sin embargo, resta ver el comportamiento de una parte de la dirigencia política; porque frecuentemente han hecho de ambos sectores un argumento discursivo para la crítica a la condición real del Estado, pero efectivamente no han impulsado luego políticas acordes”.
En el mismo sentido expresó: “El Régimen de Tarifa Diferencial Eléctrica para los Organismos Públicos de Salud y Educación de la República Argentina que proponemos dota de una solución técnica a un problema moral: la insensibilidad del ‘Excel’ de reducción de gastos, y que la transferencia de costos afecte la calidad de los servicios de salud y educación pública y a sus usuarios. Este gobierno más que redefinir que es la “libertad”, redefine que es ser cínico”.
Sosteniendo que, ”aquellos que en su plataforma de gobierno detectaban una “fuga de cerebros” de los jóvenes buscando un futuro mejor, que prometían un “achicamiento del estado” que no disminuyera la calidad y cantidad de servicios de salud, que prometían “competencia” entre las instituciones en base su oferta, orientación y/o infraestructura; son los mismos que hoy quieren cercenar la salud y educación pública, llevando a tantos establecimientos a un umbral de imposibilidad certera”.
”El objetivo es salvar a esos organismos estatales, indispensables para la ciudadanía, del cierre y la desaparición a la que están siendo llevados como consecuencia del desproporcionado e inédito ajuste que lleva adelante Javier Milei”, dijo Pilatti Vergara.
Recordando que hace pocos días se conoció la noticia que la Universidad de Buenos Aires (UBA) sumó reconocimiento internacional cuando seis de sus carreras se ubicaron en el top 50 mundial.
Por último, la senadora chaqueña agregó: “Nuestro proyecto es un humilde aporte a la discusión y debate público sobre el destino de los dos sectores que nos hacen una “singularidad” sudamericana; cuna educativa y formativa que – pese a todos los problemas – sigue siendo “faro” para tantas personas y sus proyectos de vida. No dejemos que nos apaguen la luz”.
Aspectos técnicos
El proyecto presentado por la senadora define un tratamiento especial y crea una nueva categoría de usuarios de servicios públicos denominada “Organismos Públicos de Salud y Educación”, que se incorporará al cuadro tarifario del Capítulo X de la ley 24.065.
Esta categoría estará destinada a universidades nacionales e instituciones de educación superior estatales; a los establecimientos educativos de gestión estatal, de gestión cooperativa y de gestión social, en todos sus niveles y modalidades; y a los establecimientos públicos de salud, incluidos todos sus niveles de atención.
Asimismo, se establecerán Precios Diferenciales de la Energía, Potencia y Transporte, en una reducción de un cincuenta por ciento (50%) de los que correspondan facturar mensualmente a las Distribuidoras y/o Agentes prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de la República Argentina.
La Resolución 7/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación, vigente desde el 1 de febrero al 30 de abril 2024, busca simplificar el cuadro tarifario unificando categorías no residenciales. Con este cambio, los incrementos afectarán negativamente los presupuestos provinciales.
Teniendo en cuenta el caso de Chaco y para dimensionar el impacto que genera el ajuste y el tarifazo, al 31 de marzo se registraban 1902 organismos y entes públicos dedicados a la salud y a la educación. El 4% considerados como grandes usuarios, el 96% restante usuarios no residenciales pequeños, con una potencia instalada de hasta 49 kW.
En este año, la factura de luz promedio de estos organismos pasó de $2.281.532 a $5.975.904, para el caso de los grandes usuarios, y de $35.255 a $99.204 para el resto. Un incremento de 162% y 181%.
Por lo tanto, las facturas de energía eléctrica de estos establecimientos pasaron de $238 a $636 millones mensuales, de las cuales gran parte deberán ser absorbidas por el Estado Provincial y el resto por los presupuestos universitarios.
Este proyecto busca aliviar el impacto de los ajustes producidos en las tarifas que se vienen realizando en estos meses, para preservar y defender la prestación de los servicios educativos y sanitarios, teniendo en cuenta la importancia estratégica y el rol tanto social como comunitario que desempeñan en nuestro país.