Ya no se trata solo de la motosierra mileísta: Carlos Luis Pirovano, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, presionó el botón de STOP con la Resolución 27/2024 publicada el miércoles en el Boletín Oficial, y el Incaa no recibirá ningún proyecto de realización cinematográfica durante tres meses: “En virtud del déficit presupuestario y financiero existente, y con el objetivo de retomar el equilibrio necesario para que este Instituto pueda financiarse con sus propios ingresos, como así también, debido a la reestructuración, funcionamiento y el establecimiento de un nuevo marco regulatorio para el apoyo al cine es que resulta necesario, sobre la base de los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, efectuar una suspensión de la presentación de proyectos a través de la VENTANILLA CONTINUA por el término de NOVENTA (90) días contados desde la publicación del presente acto.”
Por supuesto, la paralización de uno de los objetivos fundamentales del Incaa, el impulso y promoción de la producción audiovisual argentina, no sorprende a nadie. Pirovano, un hombre sin ninguna experiencia en el mundo audiovisual pero sí en el mundo de los negocios que involucran a grandes empresas -resulta revelador el artículo publicado por este diario el domingo pasado, exhibiendo los vínculos del funcionario con Iron Mountain-, inició su gestión despidiendo a 231 empleados y con la firme intención de cerrar las plataformas digitales de contenidos audiovisuales nacionales (Cine.Ar y Cine.Ar Play), cerrar y privatizar el cine Gaumont, privatizar la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) y desfinanciar festivales, programas y prestigiosos eventos como el Festival de Mar del Plata o Ventana Sur.
La resolución del Incaa, además, tiene un carácter retroactivo: en su Artículo 2º determina que “los proyectos presentados para su evaluación y que a la fecha no tengan una resolución emitida por el Organismo que los declare de interés, tanto AUDIENCIA MEDIA y MASIVA, como la que les otorgue un subsidio por vía digital documental, y que aún no cuenten con comité asignado digital, serán devueltos a los presentantes”. Aunque el Artículo 3º señala que “sin perjuicio de lo expresado, estos últimos proyectos podrán ser presentados nuevamente una vez culmine el periodo de suspensión”, la política de vaciamiento cultural que viene impulsando el gobierno de Javier Milei no abre muchas esperanzas con respecto a la viabilidad de esos proyectos.
Debe recordarse que la financiación del Fondo de Fomento que se destina a la producción audiovisual argentina no procede del Estado nacional, sino de los impuestos que se recaudan a través de la venta de entradas y el Ente Nacional de Comunicaciones (ingreso que el gobierno también quiere eliminar). En el inicio de la gestión de Pirovano, varios representantes del área audiovisual recordaron que el cine genera 700 mil puestos de trabajo directos e indirectos y 300 mil puestos anexos; por cada peso que aporta el Estado a la industria audiovisual, ésta devuelve cinco a la economía real y representa el 5% del PBI. Lejos de fundarse en razones que apuntan a la “eficiencia” del sector, las decisiones del gobierno y el presidente del Incaa atacan de manera directa a una industria que, como también señalaron profesionales de larga trayectoria en el sector, generan incluso un importante ingreso de divisas al país.
La respuesta del Gobierno a las inquietudes del sector audiovisual quedó de manifiesto el pasado 14 de marzo, cuando una importante manifestación de protesta en la puerta del cine Gaumont fue reprimida por la Policía de la Ciudad, que gaseó y golpeó a los manifestantes. En ese momento, Pirovano mantuvo una reunión con representantes de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica en la que prometió bajarle el tono a sus medidas. La resolución 27 demuestra que la promesa era tan ficcional como las películas.
Página/12