La Justicia ordenó la libertad de Ezequiel Núñes Pinheiro, el joven misionero investigado por el hackeo a celulares de jueces y funcionarios después de pasar más de nueve meses preso. Antes, deberá pagar una fianza (caución real) de 2 millones de pesos. Y también deberá cumplir una serie de pautas como presentarse en tribunales cada vez que sea citado, y fijar domicilio en El Dorado, Misiones, de donde no podrá ausentarse por más de 24 horas. Obviamente, tiene prohibida la salida del país, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
Con el aval del fiscal Carlos Stornelli, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi aceptó otorgarle la libertad, más allá de que sigue investigado por el espionaje a jueces. Está procesado por violación de secreto y privacidad y tentativa de estafa. Era la sexta vez que pedía la libertad. Todas las otras veces se habían rechazado su excarcelación. Pero los resultados de las medidas de prueba ordenadas por el tribunal le abrieron el camino de salida de prisión.
Según la resolución firmada anoche, a la que accedió Infobae, no aparecieron pruebas directas que vinculen a Nuñes Pinheiro con el agente inorgánico de inteligencia Ariel Zanchetta, detenido en la causa y una de las piezas claves del expediente. Tampoco estaría conectado con Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, el ex funcionario de La Cámpora que está sospechado de ordenarle tareas de espionaje.
“Yo metí la pata, pero no sabía de quiénes eran los teléfonos. Ni me fijé. De política no sé nada”, dijo el joven a este medio en la mañana del 27 de junio, cuando llegó a los tribunales de Comodoro Py 2002 junto a sus abogados Sebastian Noguera y Marcos Kapko para entregarse.
Al cumplirse nueve meses de su detención, su defensa insistió en las últimas horas: “Nuestro cliente fue utilizado como un simple ‘otario útil’ por los verdaderos delincuentes, sin tener conciencia de la gravedad de los hechos. Por lo tanto, corresponde que se haga efectiva la excarcelación de nuestro defendido de manera inmediata, en estricto cumplimiento de los derechos constitucionales en juego”.
Y agregaron: “El señor Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro NO PERTENECE A NINGUNA ASOCIACIÓN ILÍCITA CON FINES DE ESPIONAJE POLÍTICO”. Insistieron en que el joven no sabía quiénes eran las víctimas de la maniobra. “Resulta inconcebible que una persona en su sano juicio se hubiera expuesto a tal escarnio público, de haber sabido la talla de los sujetos a quienes, sin intención directa, habría perjudicado”, añadieron.
La causa
Todo se enmarca en la megacausa que se abrió para investigar el hackeo a jueces de Comodoro Py y líneas “truchas” de ministros de la Corte. Misiones se convirtió en uno de los epicentros de esta investigación.
Nuñes Pinheiro fue el responsable de haber buscado por encargo y previo pago datos sobre la identidad de jueces y funcionarios. Le entregaron entre 12 y 15 mil pesos, vía billetera virtual, para tomar el control de una serie de líneas telefónicas. Dijo que se lo pidió en agosto de 2022 un misterioso sujeto de Telegram identificado como “ElJuanxd”. El contenido de los diálogos entre “Eljuanxd” y Nuñez Pinheiro fue borrado.
Admitió que hizo maniobras para tener los datos de la línea de Marcelo D’Alessandro, el ex ministro de Seguridad porteña y cuyos supuestos chats sirvieron para impulsar el juicio político a la Corte Suprema. El hacker también, consultando al Nosis y al RENAPER, entró a la línea del juez Rodrigo Giménez Uriburu, que participaba del tribunal que juzgaba a Cristina Kirchner. Desde el mismo IMEI, también ingresó a las líneas de los jueces Andrés Basso y Gustavo Hornos y del diputado del PRO Diego Santilli, entre otros.
Nuñes Pinheiro fue llamado como testigo en la causa que investigaba el hackeo de Santilli. Después de declarar como testigo, se asustó y tiró el teléfono al río Paraná después de quemarlo. Pero más tarde se convirtió en sospechoso del hackeo de D’Alessandro, que investigó la fiscal porteña Daniel Dupuy. A fines de junio pasado, el hacker quedó detenido de la causa que sustancia el juez Marcelo Martínez De Giorgi -entonces con el fiscal Gerardo Pollicita y ahora con Stornelli-.
Hay otro expediente conexo que nació a fines de marzo de 2023, cuando el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti denunció que habían sacado cuatro líneas de teléfono a su nombre y que se enteró por casualidad cuando le llegó la factura de la empresa Personal, de la que no era cliente. Cuando la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) pidió los primeros informes, se encontró que con que en realidad eran cinco abonados adjudicados a Rosatti que se comunicaron con teléfonos a nombre de 28 personas. Entre ellas, dos eran funcionarios judiciales: la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata y Carlos Fernando Rosenkrantz. También se generaron líneas a nombre del juez Ricardo Lorenzetti, al ex gobernador de Misiones y su sucesor: Oscar Herrera Ahuad y Hugo Passalacqua.
La investigación puso bajo la lupa, además del hacker, al ex policía Ariel Zanchetta que decía ser periodista, y se convirtió en el eje principal de la investigación por el espionaje. Es porque el mismo día en que hackearon el celular de Borinsky, Zanchetta aparecía buscando sus datos en la base SudamericaData Group SRL. Llamó la atención que solo en 2022 había hecho más de 2 mil búsquedas en esa base de datos de numerosos jueces, funcionarios judiciales, políticos, artistas y empresarios. Fue detenido en Junín, al mismo tiempo en que se ordenó arrestar al hacker.
Del análisis de sus movimientos y de sus dispositivos electrónicos se determinó que Zanchetta era un agente “inorgánico” de la AFI que puso en la mira a muchos “objetivos”, entre los que había jueces, políticos, dirigentes, periodistas y artistas. A muchos los “investigó” a través de distintos aspectos privados y laborales, como los sueldos que percibían, sus creencias religiosas, su entorno familiar y hasta las personas con las que se relacionaban.
Entre esos objetivos estuvo la entonces ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, fuertemente enfrentada a La Cámpora en la interna del Gobierno de Alberto Fernández. El que hizo ese pedido, según una captura de pantalla, fue el ex funcionario de la AFIP Fabián Nestor “Conu” Rodríguez.
A “Conu” Rodríguez no lo encontraron cuando lo fueron a buscar a la sede de la AFIP para secuestrarle el celular. Pollicita aseguró que, según los registros, estaba en ese edificio pero se escondió de la policía. A tres días de ese procedimiento, Pollicita pidió su detención y el juez lo rechazó. “Conu” se presentó en tribunales al día siguiente y dejó su celular. Quedó a disposición junto con los equipos que habían secuestrado en su casa y en las oficinas.
Los dispositivos de “Conu” Rodríguez recién comienzan a analizarse ahora, después de un fuerte tironeo sobre planteos sobre su privacidad. Aún no fue indagado. También están acusados tres agentes de la AFI.
En la causa se presentaron como querellantes, entre otros, el presidente Javier Milei y el ex presidente Mauricio Macri.
El pedido del hacker
Nuñes Pinheiro está alojado en la cárcel de Marcos Paz. “Ya han transcurrido más de nueve meses desde la detención de nuestro cliente, tiempo más que suficiente desde que las autoridades estatales han tomado cartas en el asunto y comenzado a investigar a nuestro pupilo procesal. Con ello, no solo nos referimos a la presente causa sino al resto de las actuaciones a través de las cuales el estado viene reaccionando, investigando y tomando medidas respecto a la persona de nuestro defendido y a otros ciudadanos detenidos y otros investigados, sin que hasta la fecha, se hayan obtenido elementos probatorios que permitan abonar y sostener la hipótesis fiscal”, planteó la defensa de Nuñes Pinheiro para pedir su libertad.
Los abogados hicieron hincapié en un fallo de la Cámara federal que el 28 de diciembre pasado había mantenido su prisión preventiva, pero advertido con acelerar las pruebas. Y las pruebas del análisis del celular de Zanchetta demostraron que no había tenido contacto con Nuñes Pinheiro, subrayaron los abogados.
Además, subrayaron “la buena predisposición que nuestro defendido ha demostrado en todo momento para colaborar con la Justicia, a los fines de poder esclarecer los hechos. Más allá de la buena fe y de la conducta colaboradora del imputado, lo cierto es que no hay posibilidad alguna de que pueda influir sobre las pruebas, ni en esta causa ni en las causas conexas”.
El fiscal Stornelli fue consultado y avaló el planteo. Dijo que no se oponía a que se haga lugar a la excarcelación, bajo medidas coercitivas de menor intensidad idóneas para neutralizar eventuales peligros procesales de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
En el fallo dictado en la noche del martes, el juez Martínez De Giorgi decidió conceder la libertad, previo a una serie de pautas como la fianza, sobre todo teniendo en cuenta que El Dorado, su ciudad de origen, es próximo a la frontera de Brasil y Paraguay.
“No se desconoce que resta la finalización de la extracción y análisis del contenido de numerosos dispositivos electrónicos, pero en la cuestión aquí suscitada respecto al Sr. Nuñes, al menos lo obtenido por la D.A.Ju.De.C.O. no arrojó un resultado que torne imprescindible mantenerlo privado de su libertad ambulatoria”, dijo el magistrado.
Y añadió: “el hecho de que -en principio- no se registren comunicaciones entre el Sr. Nuñes y el Sr. Ariel Zanchetta, sumado al tiempo de detención sufrido por el primero de ellos, y con motivo de los lineamientos trazados por el Superior en su última intervención en este incidente, lleva a reconsiderar la situación actual” y disponer su excarcelación.
Infobae