La Corte Suprema de Justicia volvió a beneficiar al expresidente Mauricio Macri, esta vez en una causa relacionada con el fideicomiso ciego que creó cuando asumió en la Casa Rosada, como una forma de hacer creer que se desentendía de sus intereses personales para trabajar por la patria.
Por unanimidad, los cuatro jueces del máximo tribunal rechazaron sendos recursos de queja presentados por la Inspección General de Justicia (IGJ) durante la gestión de Ricardo Nissen, en el anterior gobierno.
La IGJ había denunciado una jugada que le permitió a Macri, a través del fideicomiso, cobrar una suma superior al millón de dólares de una sociedad que durante dos ejercicios arrojó pérdidas y en la que –además– ningún otro accionista obtuvo beneficios.
Las sociedades AGRO G SA, (Agropecuaria del Guayquiraró), María Amina SA, 4 Leguas SA y Arrocera del Guayquiraró SA fueron aportadas por Macri al fideicomiso ciego de Administración creado por el expresidente. Fue a principios de 2016, cuando en buena parte del mundo escalaba el escándalo por los Panamá Papers. Macri (quien aparecía en esos documentos revelados por un comité de periodistas que lo dio a conocer después de que ganara el balotaje y asumiera la presidencia) fue ¿investigado? pero Comodoro Py no encontró nada irregular…
Las acciones de esas sociedades aportadas por Macri al fideicomiso oscilaban, según la denuncia de la IGJ, «entre el 15 y el 20% del capital social, en las cuales, atento el carácter de entidades familiares, no se distribuían jamás dividendos y sus directores renunciaron todos los años a percibir sus honorarios».
Agropecuaria del Guayquiraró SA «nunca había distribuido dividendos entre sus accionistas», pero el 3 de Septiembre de 2013, cuando Macri ya era jefe de gobierno porteño y se lanzaba por la presidencia de la Nación, «se celebró una asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas, en la cual se aumentó el capital social de la suma de pesos 11.700.000 a la suma de pesos 16.764.983, con la particularidad de que las 5.064.938 acciones emitidas como consecuencia de ese incremento, tuvieron el carácter ‘acciones preferidas’, esto es, acciones con privilegios patrimoniales, que fueron suscriptas exclusivamente por el Ingeniero Mauricio Macri, con renuncia de los restantes accionistas a suscribir proporcionalmente las mismas».
Entre 2017 y 2019, la fiduciaria y administradora del patrimonio del entonces presidente percibió en carácter de dividendos la suma de 54.286.824 pesos, que fueron reintegrados a Macri cuando concluyó su mandato y se extinguió el contrato de fideicomiso ciego, el 11 de Febrero de 2020.
Lo curioso es que, según la IGJ, «durante los ejercicios 2017 a 2019 la sociedad Agro G arrojó pérdidas en dos de ellos». Sí, efectivamente: en una sociedad que arrojó pérdidas durante dos períodos, su accionista minoritario obtuvo una ganancia de más de 54 millones de pesos. Y fue el único que la obtuvo.
La IGJ promovió una acción judicial de nulidad del contrato de fideicomiso ciego y pidió declarar la irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos de diversos actos societarios de las sociedades vinculadas.
Pero la Sala C de la Cámara en lo Comercial avaló los dividendos pagados al fideicomiso que administraba el patrimonio de Macri. Según la cotización de la época, la ganancia equivalía a 1.092.254,80 dólares.
Con un aporte de capital de origen desconocido, a una sociedad cuyos socios son igual de desconocidos, Macri obtuvo una ganancia millonaria mientras no tenía acceso al fideicomiso «ciego» de su patrimonio. Parece un hombre tocado por la varita mágica para los negocios.
La Cámara en lo Comercial desautorizó la denuncia de la IGJ por falta de representatividad y por vencimiento de los plazos para cuestionar la operatoria.
«El Organismo no tiene legitimación para controlar esos actos y las acciones respectivas se encuentran caducas». El plazo para las objeciones es de tres meses. Macri constituyó el fideicomiso cuando era presidente, es decir que, según el Poder Judicial, debió haberse cuestionado a sí mismo en los albores de su mandato. La IGJ es un organismo que depende del Ministerio de Justicia, que estaba por entonces a cargo de Germán Garavano, un hombre del riñón del más puro macrismo.
Ahora, la Corte invocó razones burocráticas para cerrar definitivamente los cuestionamientos a la operatoria de esas sociedades incluidas en el fideicomiso. Sostuvo que en su apelación, la IGJ «no ha cumplido con el Art. 4° del reglamento aprobado por acordada 4/2007, pues el recurso de queja excede el número máximo de páginas permitido».
Sí, efectivamente. La Corte rechazó el recurso porque fue largo.
Cuando la Corte declara «inadmisible» un recurso de queja (que no es estrictamente este caso), el juez Ricardo Lorenzetti suele aclarar: «cabe poner de relieve –a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema– que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, ndr) no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida». Los otros tres jueces de la Corte ni siquiera se molestan en esa aclaración.
En este fallo, esa leyenda no apareció.
Macri ¿afronta? incluso una causa penal por esta cuestión. Fue denunciado por presunta a «omisión maliciosa» de su patrimonio, un delito que en el Código Penal está asociado al de «enriquecimiento ilícito». La Oficina Anticorrupción (OA) detectó, en sintonía con a IGJ movimientos accionarios, simulación de sociedades cuyo único dueño era el expresidente y operaciones ruinosas para socios presuntamente inexistentes. Las maniobras descriptas en la denuncia podrían llegar, incluso, al lavado de activos. El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación por presunto «enriquecimiento ilícito» pero, como suele ocurrir en la selectiva nebulosa de Comodoro Py, la causa nunca avanzó.
Tiempo Argentino