En un escrito acercado a este medio, Canteros sostiene que, ”durante la gestión de Capitanich se efectivizaron diversos mecanismos de disposición de bienes, desde el remate público hasta la cesión a asociaciones civiles, fundaciones y consorcios rurales, en el marco de lo dispuesto por la Ley 1092-A de administración financiera vigente”.
Agregando que, ”durante la gestión anterior, se efectuaron 6 subastas públicas (de un total de 16 subastas realizadas en las gestiones del ex Gobernador Jorge Capitanich), en las cuales se ofertaron un total de 285 vehículos oficiales (autos, motos y un helicóptero) con una recaudación de 365 millones que se destinó principalmente a la compra de ambulancia”.
”En el mismo periodo, según surge del sistema de gestión de trámites, se recepcionaron pedidos de 75 entidades solicitando donación de vehículos para ser afectados a tareas propias de cada organización”, subrayó.
”En ese marco,- recuerda Canteros- se entregaron 37 rodados, procesos que contaron con la intervención de las áreas técnicas como Contaduría General de la provincia y Asesoría General de Gobierno a entidades, fundaciones, asociaciones, consorcios rurales, debidamente inscriptas en la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, mientras otros 15 se entregaron en comodatos por tiempo limitado conforme el uso requerido”.
”Algunos de estos vehiculos fueron devueltos por los destinatarios de la cesión, o retirados de sus poseedores por orden del Poder Ejecutivo, sin otro argumento jurídico más que el haber sido entregados por la gestión anterior. Por lo que no existe hecho de corrupción en la cesión documentada o préstamo de vehículos a fundaciones y asociaciones, en el marco de normativa vigente”, aclaró la exfuncionaria.
”Tal es asi, que medidas similares han sido efectuadas en todas las gestiones de gobierno anteriores, iniciativas que respondían a diversos signos políticos. Sin ir más lejos, el dia de ayer (viernes), el gobernador Zdero procede a entregar vehículos que denomina recuperados de actos de corrupción, a otras fundaciones u organizaciones de la sociedad civil. Al parecer, la diferencia está en quién lo hace, no en el acto en sí”, finalizó.