Sheraton, el polémico hotel del Cusco, cuya construcción de sus cimientos iniciaron en el año 2016 por la constructora R&G, será por fin demolido por afectar unos muros incas y andenes prehispánicos que fueron destruidos ese mismo año con la autorización de las autoridades locales de ese momento.
El pasado 04 de marzo, el Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco emitió la resolución judicial 143 donde establece un plazo de 30 días hábiles para que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco realice un informe técnico para la demolición de la estructura construída inapropiadamente en una zona arqueológica.
El documento exige a la DDC-Cusco y a la Municipalidad Provincial de Cusco (MPC) cubrir los gastos derivados de la demolición y de la restitución del bien patrimonial que fue destruido para dar paso al hotel hoy situado en la calle Saphy, a solo dos cuadras de la Plaza de Armas de Cusco.
Karen Rojas, procuradora de la MPC, indicó que el proceso de demolición se llevará a cabo una vez que la DDC-Cusco haya elaborado y entregado el informe correspondiente. “Estamos a la espera del informe, este debe contemplar los aspectos técnicos, presupuestario y cómo se va a realizar esa demolición, para ponernos de acuerdo con la DDC”, explicó la funcionaria edil.
Autoridades locales son responsables de la construcción negligente
La construcción del controversial hotel Sheraton en Cusco es considerada ilegal por varios motivos esenciales, destacándose principalmente la destrucción “irreversible” de valiosos elementos patrimoniales durante su edificación que vulnera los parámetros urbanísticos del Centro Histórico de la Ciudad Imperial.
La procuradora enfatizó que la Municipalidad Provincial de Cusco está implicada en el fallo judicial por haber expedido el certificado que permitió la construcción de la infraestructura hotelera de la constructora R&G sobre los inmuebles antiguos signados con los números 674 y 704, y otra casa cuya fachada daba a la calle Don Bosco N.° 5, ubicados en la calle Saphy, que estaban catalogados como parte del Patrimonio Cultural de la Nación.
Eran edificaciones pequeñas de adobe y, en su interior, según un informe de Contraloría y reportes de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, existían tres muros de la época inca, elementos líticos incas, canales y empedrados de la época colonial.
La edificación de este hotel se vio abruptamente detenida en el año 2016 debido a intensas protestas y disputas legales. Actualmente luce inconclusa con nueve niveles construidos (2 sótanos y 7 pisos) que estaban listos para dar inicio a los acabados.
Su construcción a la fecha está valorizado en más de 40 millones de dólares y su demolición en más de 1 millón de soles. Esta última cifra deberá ser costeada por la Municipalidad Provincial del Cusco y el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura, según ordena el organismo judicial.
Por otra parte, T’ika Luizar, como representante de la Comisión de Juristas de Cusco, opinó que las acciones judiciales deberían haberse ejecutado en un plazo más corto. No obstante, afirmó que la orden judicial más reciente constituye un indicio positivo por parte del Poder Judicial al establecer un precedente importante en cuanto a la protección del patrimonio cultural frente a su violación.
Hasta el momento, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco no ha emitido declaraciones en relación con el fallo judicial, el cual entró en efecto inmediatamente después de ser emitido, es decir, desde el 4 de marzo reciente.
Construcción del edificio afectó las bases del Sacsayhuamán
La abogada compartió en una entrevista pasada con la prensa local sobre la importancia de los muros incas que fueron destruídos. Según dijo, eran parte de la historia del Sacsayhuamán, uno de los complejos arqueológicos más importantes del Imperio Incaico que fue construida por al menos 25 mil hombres por más de 90 años.
“Esta construcción queda a dos cuadras de la plaza de Armas de Cusco, en la calle Saphy, palabra quechua que significa ‘raíz’, para nosotros raíz de nuestra civilización. Allí había cinco filas de andenería inca bastante extensa que son parte de las bases del Sacsayhuamán”, menciona.
“Hemos denunciado estos hechos desde el 2014, cuando recién se hacían las excavaciones y recién se estaba trasladando la tierra hasta un sector de Sacsayhuamán que se llama Llaullipata. Las excavaciones eran tan profundas que afectaron el muro de contención del río Saphy que está debajo de la calle del mismo nombre, la misma que se desmoronó”, relató.
Añadió que ni las entidades correspondientes ni la fiscalía actuaron a tiempo. De este modo, el tiempo transcurrió hasta que en 2016 se inició la construcción del hotel, momento en el cual se presentaron nuevas denuncias. Adicionalmente, se interpuso una acción de amparo por parte de la Comisión de Juristas en conjunto con Heraclio Cereceda Vergara.
“Lamentablemente, la fiscalía avanza lento y los que asumen la defensa del Estado, los procuradores, también actúan con demasiada lentitud. Igual en el Poder Judicial. Pareciera que todos están interesados en seguir demorando”, cuestionó.
¿Quiénes son los funcionarios que fueron denunciados?
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco ha iniciado una investigación preliminar, abierta en 2022 a raíz de una denuncia formulada en 2016, en relación con los involucrados en la edificación del hotel Sheraton en la ciudad de Cusco. La indagación apunta a posibles actos delictivos de cohecho, tráfico de influencias y participación en organización criminal.
Los sujetos bajo investigación por su participación en el proyecto del hotel incluye a los dueños del terreno donde se levantó el hotel, funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco y funcionarios de la Municipalidad Provincial del Cusco.
Dentro de estos grupos, se destacan las siguientes personas:
Edwin Ricardo Ruiz Caro.
José David Ugarte Vega Centeno.
José Miguel Zegarra Balcazar.
José Carlos Silva Gonzales.
Luis del Castillo Pardo.
Yuliana María Aguirre Hidalgo.
Gloria Choque Centeno.
Angelo Baca Cussi.
José Carlos Cárdenas Chamorro.
Sabino Quispe Serrano.
Fredy Villalba Gonzales.
Según la documentación fiscal, estas personas “habrían incurrido también en irregularidades al emitir la Licencia de Edificación”, según se señala en la apertura de la investigación preliminar.
Infobae