El Gobierno anunció que impulsará cambios en Seguridad Interior, que incluirán desde darle más lugar a las Fuerzas Armadas y además penar con prisión de 4 a 5 años a los dirigentes de organizaciones piqueteras.
En una conferencia conjunta, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Defensa Luis Petri explicaron el paquete de leyes que será enviado la semana próxima al Congreso para su aprobación. Algunos de sus puntos principales son: legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales; y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos.
En primer término, Petri hizo referencia a la ola de violencia narco en Rosario. “Estamos modificando la ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones para devolverle la paz a los rosarinos en los supuestos de terrorismo”, argumentó.
“Cuando se decida su intervención van a poder equiparse, capacitarse y prepararse para intervenir y para posibilitar realizar tareas de prevención que garanticen la vida la paz de todos los argentinos”, agregó.
El funcionario señaló como “imprescindible” el trabajo coordinado de los tres poderes del Estado en la lucha contra las bandas de narcotráfico, para impulsar investigaciones criminales complejas y endurecer las penas.
“Las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar tareas de operación interior, patrullajes, control de personas y vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos debiendo dar intervención al juez y fiscal para dar garantías”, detalló.
“Nosotros estamos convencidos que la batalla contra los narcos se puede ganar utilizando todo el poder del estado y las herramientas que otorga la Constitución. Estamos enviando estos proyectos para que sean debatidos y aprobados y devuelvan la tranquilidad y la paz a los ciudadanos de Rosario”, concluyó Petri.
Por su parte, Bullrich apuntó a los piqueteros. “Proponemos aumento de penas para quienes organicen manifestaciones, cortes de calles, obliguen a gente a que participen bajo promesa de amenazas”.
En esa línea, se refirió a la reforma del artículo 194 del Código Penal, para poder condenar a los organizadores de las protestas callejeras y que “obliguen a la gente a que participen bajo promesa de amenazas”.
En ese sentido, detalló que se recibieron 150.000 denuncias a la línea 134, que están siendo investigadas en la justicia federal.
“Las denuncias que tenemos son impresionantes, abuso sexual, extorsión, obligarlos a ir con sus hijos, denuncias de sacarles una parte importante de su sueldo. Se está en una investigación -que no quiero nombrar par a dar detalles- que es algo muy importante, con 12.000 personas con nombre, apellido, CBU de las cuentas bancarias de personas que se han hecho millonarias explotando a la gente llevándolas a manifestaciones, sacándole parte de dinero y generando esclavización de la sociedad, esas personas van a tener estas penas”, sentenció.
Además, la funcionaria nacional planteó que habrá “penas más concretas” para los manifestantes que “atenten contra la autoridad”, porque -según dijo- en cada manifestación hay efectivos de las fuerzas de seguridad heridos.
“Esto nos va a permitir que realmente no se explote a la gente ni se genere una situación de dependencia quitándole la libertad a las personas, una de las bases de nuestro proyecto, la libertad”, exclamó.
En tanto, apuntó a otra de las modalidades de protestas que son los bloqueos y puso como ejemplo la medida de fuerza que se está realizando en la planta de Sancor, en Sunchales, provincia de Santa Fe.
“El impedir que las empresas trabajen es algo que va a estar agravado en este proyecto de ley”, sentenció Bullrich.
Los otros puntos explicados por Bullrich
-“Vamos a enviar al Congreso la llamada Ley Antimafias, que implica que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”.
-“La pena por el delito más grave que le corresponde a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización”.
-“Una organización criminal es aquella que busca el control de un territorio para cometer ilícitos de todo tipo, y son considerados miembros todos los que participan de esa cadena que va desde el transporte, la comercialización, la venta, el dominio territorial y el lavado de activos”.
-“La ley va a permitir detenciones por averiguación de delitos; colocación de retenes para efectuar requisas; incautar mercadería dando noticia a la autoridad judicial; hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados y la interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación con la autorización de la justicia”.
-“La Ley de Reiterancia, por la cual si reiterás el delito, vas preso. Con esto cortamos la impunidad que siente la gente”.
-“El registro de ADN para condenados de delitos sexuales. El proyecto de ley busca que todos los imputados van a dejar sus huellas genéticas a partir del momento en que entren en un establecimiento penitenciario, a una comisaría o algún lugar donde mantienen su detención”.
-“El FBI nos ha donado la posibilidad de tener el sistema CODIS, que es el sistema de almacenamiento del ADN”.
-“Otro proyecto que vamos a presentar tiene tres aristas: busca la reforma del artículo 194 del Código Penal, el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas”.
-“También ya presentamos en la Ley Bases, la legítima defensa y el cumplimiento del deber”.
-“Vamos a plantear un último tema que es el delito contra la autoridad. Hoy le pegan a un policía, le tiran una piedra y es como si nada. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad”.
-“Además, proponemos otro proyecto para un tipo penal para la sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos. Con una pena que va a ir de 4 a 6 años”.
-“Vamos a trabajar con todos los senadores y diputados. Argentina quiere salir de la situación en la que estamos. Estos proyectos son para cuidar a la sociedad. ¿Quién no va a acompañar esto? ¿Quién va a quedar del lado de los delincuentes?”.
Clarin