Sesenta invitados, música en vivo, un show de Ramón “Palito” Ortega, catering y una fiesta al aire libre: así festejó el 3 de febrero pasado el represor Jorge Antonio Olivera sus 50 años de casado con su esposa Marta Ravasi. Para su defensa, fue una forma de “afianzar sus vínculos” con su núcleo más cercano. Para el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan, fue una provocación que conmocionó a sus víctimas. En esa línea, los jueces –en sintonía con lo que había pedido la fiscalía– dispuso que la Policía Federal Argentina (PFA) efectúe controles en la casa de los Olivera-Ravasi en Vicente López y le prohibió al represor que siga armando jolgorios que desvirtúen la naturaleza de la pena.
Una publicación de Cecilia Pando en redes sociales; un retuit del cura Javier Olivera Ravasi. Esas fueron las alertas de que Jorge Olivera –condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en San Juan– había sido el anfitrión de una fiesta en su propia casa, donde debería estar cumpliendo la prisión domiciliaria.
El fiscal de San Juan Francisco Maldonado y su colega Dante Vega, a cargo de la oficina de asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de Mendoza, denunciaron la situación de Olivera. Le pidieron al TOF que investigara dónde había tenido lugar la celebración. Si había sido fuera de su casa, solicitaron que volviera a la cárcel. En caso de que hubiera sido en su hogar, reclamaron que se prohibieran nuevas reuniones multitudinarias, que se hicieran controles y rondines para ver que estuviera cumpliendo con el arresto domiciliario y que se impidiera el ingreso a la casa de personas imputadas, procesadas o condenadas por crímenes contra la humanidad.
Olivera sigue en contacto con sus compinches de los años de la dictadura. Uno de sus invitados fue Gustavo Ramón de Marchi, con quien había coincidido en los primeros meses de la dictadura en San Juan y se había fugado en 2013 después de haber sido condenados. De Marchi, que estaba en libertad porque supuestamente no estaba en condiciones de afrontar el proceso, la sacó más cara que Olivera: lo detuvieron en prisión domiciliaria y ordenaron practicarle nuevos estudios para determinar si está en condiciones de afrontar el proceso.
Las víctimas de Olivera se presentaron ante el TOF de San Juan y dijeron que el represor se estaba “mofando” de la justicia después de conocer los detalles de la celebración que terminó con una foto grupal dedicada a Página/12.
Tanto desde la Dirección de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica como desde la Gendarmería confirmaron que efectivamente la fiesta fue en la casa de Olivera. Como contó este diario, los vecinos incluso relataron que habían recibido un aviso en un chat vecinal de que ese sábado habría una celebración y que hubo música hasta tarde.
Frente a ese escenario, a los defensores de Olivera no les quedó margen para negar. De esa forma, la defensa oficial dijo que el represor no había transgredido ninguna de las reglas que se habían establecido a la hora de otorgarle la prisión domiciliaria –beneficio que consiguió en la Cámara Federal de Casación Penal. Agregó que la conmoción social –alegada por la fiscalía y por las víctimas–no se verificaba a partir de las opiniones de algunos integrantes de una comunidad determinado, y mucho menos a partir de lo que piensan determinados “grupos de interés” u organizaciones.
Para los abogados de Olivera, lo que pidieron los fiscales no es compatible con el Estado democrático. Los defensores respondieron que el pedido de la fiscalía para que no se pudiera reunir con gente investigada o condenada por crímenes contra la humanidad era una forma de impedir que tuviera contacto con sus allegados. El planteo fue la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad no habla de los antecedentes penales de quienes se reúnen con la persona que está cumpliendo su pena.
El TOF no atendió al pedido de los sobrevivientes de revocarle la prisión domiciliaria a Olivera. Se ciñó a lo que había planteado la fiscalía y consideró “reprochable” la fiesta que montó el represor en su casa porque menoscaba el espíritu de la prisión domiciliaria.
Los jueces Daniel Doffo y Eliana Ratta Rivas dijeron que no se puede hablar de un afianzamiento de los vínculos frente a una reunión de 60 personas. En todo caso, eso podría haberlo planteado la defensa si el festejo hubiera sido en el ámbito íntimo o con una cantidad escasa de personas.
“No puede soslayarse que la publicidad de la ‘fiesta’ realizada en el domicilio de Olivera fue promovida desde el propio ámbito familiar del condenado, puesto que las fotografías que trascendieron en los medios de comunicación no podrían haberse conocido de otra manera”, escribieron los jueces. “Ello da a los hechos bajo análisis, un tinte de provocación y trascendencia a las víctimas que ha favorecido la conmoción social que pretende negar la defensa”, añadieron.
“Resulta difícil pensar que las características del evento, que incluyó la contratación de un artista de renombre, no le haya permitido al condenado avizorar que su conducta atentaba contra la naturaleza del beneficio de la prisión domiciliaria que goza, y la reacción social de su voluntaria publicidad”, destacaron Doffo y Ratta Rivas.
La línea histórica del TOF de San Juan fue negarle la domiciliaria a Olivera. No faltaron razones: en 2000 se escapó cuando lo habían detenido en Italia por la desaparición de la modelo francesa Marie Anne Erize, a quien él se jactaba –según sobrevivientes– de haber violado mientras estaba en cautiverio. En 2013, se fugó y estuvo cuatro años prófugo.
Casación le dio la domiciliaria en 2021 por razones humanitarias. Se la mantuvo después de que el TOF y la fiscalía advirtieran que tenía un certificado trucho para salir a hacer caminatas fuera de su casa. En San Juan, dicen que la llave para revisar el beneficio del represor está en la Corte, pero los tiempos de los supremos no son, en general, los tiempos de las víctimas que reclaman justicia.
Página/12