Las medidas dictadas por el juez incluyen el pedido a casi treinta compañías de seguros para que le informen las pólizas emitidas mediante contrataciones sospechadas. En manos de Ercolini se concentran tres denuncias sobre los mismos hechos, presentadas por la abogada Silvina Martínez, la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y por la Coalición Cívica.
De acuerdo con esas presentaciones, el decreto de Fernández que ordenó a los organismos estatales contratar pólizas con Nación Seguros derivó en la intervención -y cobranza de millonarias comisiones- del broker Héctor Martínez Sosa -esposo de María Cantero, secretaria privada del expresidente-.
Entre las dependencias estatales que deberán presentar la información requerida figuran los ministerios de Economía, de Seguridad y de Capital Humano, la Anses, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la Dirección Nacional de Vialidad, Radio y Televisión Argentina, el Incucai, la Armada, la Anmat, el INTA y hasta la Superintendencia de Servicios de Salud.
Como parte de la pesquisa, el lunes pasado el magistrado ordenó allanar domicilios y oficinas, así como secuestrar dispositivos electrónicos, de Martínez Sosa; de Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, y del empresario Pablo Torres García.
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