“Recibimos a través del sistema de guardias que tiene el Comité infinidad de llamados de preocupación de las personas privadas de libertad y de familiares, frente a esa noticia sobre la que no tenemos ningún tipo de precisión. no sabemos en qué va a consistir la ley, cuál es el objetivo. Resulta preocupante que se haga un recorte de todas las situaciones y problemas que atraviesa el contexto de encierro, y que el foco esté puesto en el derecho a la comunicación a través de los dispositivos telefónicos o tablets”, sostuvo y reiteró: “Estamos recibiendo estas consultas y no sabemos en qué va a consistir este proyecto”.
Remarcó que en la actualidad, hay un gran déficit de sistemas de comunicación en todas las unidades penitenciarias y gran parte de la comunicación, incluso que tiene que ver con la seguridad interna, se maneja con los celulares del propio personal. “En Sáenz Peña, por ejemplo, que es un predio bastante amplio, el personal ocupa sus propios teléfonos cuando el sistema interno no funciona. Tendremos que esperar cuál es la idea”.
“Sí instamos a la necesidad de discutir todo lo que hace al sistema de encierro y no solamente el derecho ala comunicación”, sostuvo.
Recordó que los teléfonos permitieron en pandemia que las personas en contexto de encierro pudieran mantener sus vínculos y que incluso pudieran seguir con sus estudios. “Y resultó auspicioso. No es lo mismo Corrientes que Chaco, hay que mirar la composición. Luego de eso, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura que es el órgano rector de todos los mecanismos como el nuestro, emite una recomendación. Y después de muchos meses de discutir sobre a forma de implementación, el Ministerio de Seguridad emite una resolución en el año 2022 que es un Protocolo que regula el ingreso, el uso permitido, el uso prohibido y qué medidas se tomarán frente a un uso abusivo”, apuntó.
El año pasado, se dicta una ley tendiente a regular, “pero era muy inespecífico como esto del uso de inhibidores. Y el propio Ministerio de Seguridad informó el año pasado nada más que 17 situaciones en las que habían administrativamente investigado si se trató de un uso correcto o no”, indicó y mencionó que aprobada la ley, fue el Ejecutivo el que la veto posteriormente.
Comentó que en el mes de enero, el Comité se reunió con el ministro de Seguridad, Hugo Matcovich y afirmó: “Nos sorprendió el anuncio del Gobernador porque no fue un tema que nos hayan planteado. Y quiero aclarar que los organismos de Derechos Humanos venimos pidiendo desde el día 1 que el protocolo de acceso a teléfonos y de uso de teléfonos esté reglamentado por ley. Debe reglamentarse y los límites y excesos deben estar previstos”, aseguró.
“Lo dijimos al Ejecutivo anterior y también le decimos a este: hablen con el Servicio Penitenciario sobre lo que ha significado la telefonía en estos ámbitos”, afirmó.