La norma establece que la asignación por nacimiento será de $ 30.629, por adopción de $ 183.156 y por matrimonio de $ 45.864; para ingresos de grupos familiares (IGF) hasta $ 2.154.806 en los tres casos.
También determina que tanto para en la asignación prenatal como por hijo el beneficio será de $ 26.277 para ingresos familiares hasta $ 406.909; de $ 17.722 para ingresos entre $ 406.909,01 y $ 596.776; de $ 10.717 para IGF entre $ 596.776,01 y $ 688.999; y de $ 5.526 para ingresos de entre $ 688.999,01 y $ 2.154.806.
En el caso de hijo con discapacidad, la asignación será de $ 85.566 para IGF hasta $ 406.909; de $ 60.531 para ingresos entre $ 406.909,01 y $ 596.776; y de $ 38.202 para ingresos más altos.
Tal como se fijó el mes pasado, la ayuda escolar anual será de $ 70.000 por hijo para IGF hasta $ 2.154.806; y también en el caso de hijo con discapacidad, pero sin tope de ingresos.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Hijo con Discapacidad y la Asignación por Embarazo para protección social, la Anses ya había establecido un aumento del 100% en enero, adicional a las actualizaciones previstas por el índice de movilidad.
Del mismo modo, la Ayuda Escolar Anual para niños que concurren a jardín de infantes, primarios y secundarios se incrementó en febrero en un 311%, pasando de $ 17.000 a $ 70.000, al tiempo que dejó de tener diferenciación geográfica en su valor.
Dicho incremento, a diferencia del 100% de la AUH y otras asignaciones de enero, comprendió también la actualización por movilidad prevista para este mes.
Los aumentos en las asignaciones de marzo vienen de la mano de una reducción en los topes que redujo el universo de beneficiarios, lo cual se fijó la semana pasada en el Decreto 194/2024.
El límite de ingresos para percibir asignaciones familiares bajó de $ 1.980.000 brutos a $ 1.077.403 a nivel individual y de $ 3.960.000 brutos a $ 2.154.806 el tope máximo familiar, equivalente al doble del individual, lo cual se irá actualizando en los próximos meses de acuerdo con el índice de movilidad.
La medida, que hará que desde este mes una parte de los beneficiarios dejen de cobrar las asignaciones, es de “carácter urgente para superar la situación de emergencia que afecta a nuestro país”, según se indicó en la normativa.
En marzo del año pasado, la anterior administración nacional había incrementado el tope de ingresos para percibir asignaciones familiares para igualarlo al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
“La presente medida tiene por objeto implementar una equitativa distribución de los recursos sobre la base del principio cardinal de solidaridad social en atención al uso racional, eficaz y eficiente de los recursos públicos”, justificó el decreto, que cita el DNU 70/23 el cual fija la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social.
Del mismo modo, se recordó que la cobertura del sistema de seguridad social debe “alcanzar a la población para la cual se diseñaron las políticas públicas”, actualizando las decisiones “a la realidad imperante” y la “sustentabilidad del régimen”.
Fuente: Télam