El 11 de octubre último, Argentina notificó a la justicia neoyorquina su decisión de apelar el fallo en primera instancia emitido en septiembre por Preska que obliga al país a abonar un resarcimiento de US$ 16.000 millones por la forma en que se nacionalizó la petrolera al comprar el 51% de las acciones de Repsol sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.
Burford Capital había adquirido los derechos de litigio al accionista minoritario de YPF Petersen por el 61% de sus tenencias.
Petersen Energía, de la familia Eskenazi, había comprado el 25,4% de YPF a Repsol entre 2008 y 2011.
El argumento de Argentina –que se mantuvo durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández- fue que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue irregular y que la jurisdicción en donde se debía resolver el conflicto es la Argentina, pues es allí donde se radica YPF.
En diciembre, con el cambio de gobierno, la Procuraduría del Tesoro de la Nación solicitó posponer la fecha para presentar los documentos de apelación del juicio, originalmente prevista para el 30 de enero.
“La nueva administración argentina necesita ponerse al día sobre las cuestiones del recurso, comentar el escrito de apertura e instar a los abogados. Debido a la necesidad de esta prórroga, la República no puede cumplir la condición de este Tribunal (de presentar los documentos para apelar) antes del 30 de enero de 2024”, señala el escrito enviado por el Gobierno.
El pedido fue aceptado el 11 de enero último y el tiempo para presentar los documentos fue extendido hasta hoy.
Télam