El fiestón que armó para celebrar sus 50 años de casado no fue inocuo para el represor Jorge Antonio Olivera. El Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan –que lo juzgó y condenó a prisión perpetua– abrió una investigación para determinar si el militar retirado y abogado de genocidas vernáculos y nazis violó las condiciones de la prisión domiciliaria a la que accedió con la ayuda de la Cámara Federal de Casación Penal –que hizo caso omiso a su tendencia a fugarse.
El sábado 3 de febrero, Olivera festejó sus bodas de oro con Marta Ravasi. No se trató de un evento íntimo: hubo 60 invitados y hasta contrataron un show en vivo de Ramón “Palito” Ortega. Entre las asistentes estuvo la activista pro-impunidad Cecilia Pando, que le dedicó la foto del final de la fiesta a Página/12.
El TOF dispuso dos medidas para investigar la celebración. En primer lugar, le ordenó a la Gendarmería que, a través de un informe socio-ambiental, determine si las fotos que trascendieron en redes sociales condicen con la vivienda de Olivera. En segundo lugar, le solicitó a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica –que actualmente depende del Ministerio de Justicia– que informe si se detectó alguna anomalía que diera cuenta de que Olivera se movió de su casa.
La información ya estaría en poder de los jueces, según pudo saber este diario. No hay reportes de que Olivera haya abandonado su casa sin autorización. Sin embargo, el fiscal general Dante Vega –titular de la Oficina de Asistencia en causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza– y su colega sanjuanino Francisco Maldonado le pidieron al TOF que intime al represor a no hacer reuniones multitudinarias. “Esta situación genera conmoción social y desnaturaliza el sentido de la pena, particularmente cuando se está frente a una persona múltiplemente condenada a prisión perpetua por gravísimos crímenes calificados como delitos de lesa humanidad”, sostuvieron Vega y Maldonado.
Con tres composiciones distintas, el TOF de San Juan rechazó la domiciliaria de Olivera. No faltaron razones: en 2000 se escapó cuando lo habían detenido en Italia por el secuestro, las torturas y la desaparición de la modelo francesa Marie Anne Erize, a quien él se jactaba –según sobrevivientes– de haber violado mientras estaba en cautiverio. En 2013, después de recibir su primera perpetua, se escapó del Hospital Militar Central con su compinche Gustavo Ramón de Marchi. Habían llegado con un turno médico que terminó siendo una oportunidad para la fuga. A Ravasi la investigaron como parte de la trama que facilitó el escape. Recién en 2017, la justicia –después de una investigación del fiscal Franco Picardi– logró encontrar a Olivera. Cuando llegaron a detenerlo, lo descubrieron escondido en el baúl de un auto de la familia.
En 2021, Casación –con las firmas de Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi– le otorgó la domiciliaria por razones humanitarias. En esas condiciones, Olivera presentó un certificado adulterado –firmado por Mario Caponetto, un médico ligado a la revista ultraderechista Cabildo– para salir a hacer caminatas fuera de su casa. El TOF de San Juan advirtió que era un acto de mala fe procesal y le revocó la domiciliaria. El tema volvió a Casación. El año pasado, de nuevo, Olivera consiguió un fallo favorable en ese tribunal. Lo volvió a firmar Gemignani –el camarista que está actualmente de licencia en Europa y que ganó cierta notoriedad después de detener a una secretaria de la Casación y de decirles “delincuentes” a sus colegas mujeres de la Cámara– y Daniel Petrone. El tercer juez, Mariano Borinsky, se opuso.
La Corte Suprema
La domiciliaria de Olivera es uno de los temas que tienen pendiente de estudio los cuatro integrantes de la Corte Suprema. En diciembre pasado, el máximo tribunal revocó un fallo de la Casación que le concedía el beneficio a un represor que actuó en Rosario, Julio Fermoselle. En ese momento, los supremos sostuvieron que la interpretación debe ser restrictiva y que una persona debe acceder al beneficio si el Servicio Penitenciario no puede asegurarle las condiciones para tratar sus dolencias. A Olivera y a su esposa se los vio bastante bien mientras bailaban y cantaban en su fiesta.
Egresado del arma de infantería del Ejército, Olivera estuvo, entre 1976 y 1977, al frente de la sección de inteligencia (S2) del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 de San Juan. Distintos testimonios lo mencionan como quien participaba de los secuestros y de las torturas a los detenidos-desaparecidos.
Página/12