El Equipo de Pastoral Aborigen (ENDEPA) de la Iglesia Católica denunció la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei, argumentando que mediante esa norma el Ejecutivo pretende asumir funciones que son propias del Poder Legislativo y, en lo particular, rechaza la propuesta de derogación de la Ley de Tierras No. 26.737 que pone límites a la titularidad y posesión de privados extranjeros.
“El DNU es una disposición unilateral que no se condice con el sistema republicano de la división de poderes, con la que el Poder Ejecutivo Nacional intenta modificar el sistema legal instaurado constitucionalmente” sostiene la declaración del organismo católico cuya misión es acompañar a las comunidades y pueblos originarios.
En el texto se subraya que “la falta de utilización del sistema democrático, el mismo por el cual el pueblo argentino eligió a sus legisladores para construir, modificar o derogar leyes, termina infringiendo la norma mayor que es la Constitución Nacional”.
Se agrega también que “los pueblos indígenas no solo han mostrado su profunda inquietud, sino que, además, han luchado – y lo siguen haciendo – por la defensa de los bienes naturales frente al extractivismo que es política de Estado”. Advierte ENDEPA que eventual derogación de la ley de tierras “promueve la venta de territorios a extranjeros” y, de esta manera, “la vulneración de los derechos territoriales de las Comunidades Indígenas”.
Al respecto, se observa, que “esta situación recuerda el famoso caso de las tierras en las que se encuentra el Lago Escondido, en Río Negro, que fueron vendidas a un extranjero y como consecuencia se privatizó el ingreso al mismo, espacio natural que es de todos”.
El organismo católico denuncia que “el riesgo de la extranjerización sin límites de los territorios, más aún cuando a la fecha no se ha terminado de cumplir con el relevamiento territorial de Comunidades Indígenas que ordena la Ley 26160, produce una tensión angustiante en los Pueblos Indígenas”.
Tras reafirmar la inconstitucionalidad del DNU el documento alega que “las leyes, en el sistema nacional argentino, resumen la soberanía del pueblo expresada en la elección de sus representantes para discutirlas y crearlas mediante los legisladores” y que, por tal motivo, “el presidente no puede asumir facultades legislativas ni vulnerar el orden constitucional” porque “las normas legales merecen la discusión necesaria para ser aprobadas como tales”.
El ENDEPA hace finalmente un llamado al “diálogo institucional” para que “valores como la libertad puedan tener una verdadera expresión en el respeto de nuestro sistema legal y el cumplimiento del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT y la Decisión de las Naciones Unidas y de los Estados Americanos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Página 12