Mientras que el Gobierno de Javier Milei reemplazó el sistema SIRA por el SEDI para el registro de las operaciones de comercio exterior y la oposición sugirió -a lo largo de la campaña- que ese régimen implicaba actos de corrupción, la justicia federal ratificó que no se detectó ningún eventual delito ni discrecionalidad vinculada a su utilización.
El expediente y la investigación datan de febrero, pero pasaron por debajo del radar, así como su conclusión, a la que accedió Ámbito en exclusiva, que fue fechada el 17 de noviembre pasado, por lo que quedó firme su archivo. Allí, el juez Julián Ercolini dictó el sobreseimiento por posible defraudación sobre el exsecretario de Comercio Matías Tombolini, el subsecretario de Política y Gestión Comercial Germán Cervantes y otras personas que fueron denunciadas como “intermediarios” por el supuesto pedido de dinero a cambio de liberar trámites. Nada tuvo entidad siquiera para sospechar que hubiese ocurrido, sentenció el fallo.
“Se ha reunido relevante prueba informativa y documental vinculada al procedimiento administrativo para la gestión y tramitación de las declaraciones SIRA, lo que a la postre le permitió a la parte (la fiscalía que tenía delegada la causa) descartar la materialidad de las maniobras ventiladas y la probabilidad de que los imputados, en su totalidad, hayan podido tener alguna responsabilidad penal en la gestión de su aprobación en forma irregular”, argumentó Ercolini.
La Aduana -que también había sido mencionada en notas periodísticas o anónimos que apuntalaron la denuncia- nunca tuvo injerencia alguna en el proceso. Ni siquiera fue señalada a lo largo de la investigación. El sistema de aprobación tenía intervención simultánea y consecutiva en sus etapas de AFIP, Comercio y BCRA, lo que descartó que Tombolini tuviese por sí facultades “discrecionales” o que pudieran “favorecer” prácticas ilegales. Lo mismo Cervantes. En la misma línea, se descartó en ese circuito administrativo que terceras personas pudiesen haber participado para gestionar trámites de manera informal.
“Los datos aportados por los denunciantes tenían sustento en noticias periodísticas y/o en denuncias anónimas que ellos mismos indicaron como no verificables y carentes de prueba que las avalen, no obstante, en atención a la relevancia institucional de los sucesos puestos en conocimiento, es que se decidió analizar el caso”, aclaró el juez respecto de la poca solidez que tuvo en sede judicial lo que públicamente se ventilaba como si fuese una olla a destapar con múltiples derivaciones de corrupción. En el expediente nada de eso se corroboró. Para peor, no se encontraron ni indicios de que hubiera existido.
La denuncia acumuló diversas presentaciones, una de ellas radicadas por el propio Tombolini a raíz de que el gestor de una empresa le hizo saber que dos personas (que resultaron detenidas e indagadas) les habían exigido dinero para aprobar el trámite de importación de una SIRA. Cervantes la amplió un mes después, a partir de la difusión pública de que existiría una red de intermediarios entre funcionarios y despachantes para negociar aprobaciones, a cambio de un porcentaje de la operación. A ese expediente se le anexó una denuncia de abril de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López, Paula Oliveto y Victoria Borrego sobre las facultades ampliadas del extitular de la cartera de Comercio. La designación de la esposa de Tombolini y un puñado de “anónimos” completaron el cuadro de la denuncia.
El Ministerio Público Fiscal a cargo de Eduardo Taiano apuntó entonces a investigar si el funcionario contaba “con facultades discrecionales con competencia en comercio exterior para facilitar y/o favorecer prácticas ilegales en lo que se refiere a la aprobación de las solicitudes de SIRA y, por otro, la posible existencia de terceros intermediarios que ofrecerían gestionar dicho trámite por fuera de los canales formales oficiales y, en consecuencia, su presunta vinculación con funcionarios públicos”. Las dos personas que una empresa había señalado fueron detenidas e indagadas, pero el fiscal les pidió la falta de mérito porque ninguna de las hipótesis vertidas en las denuncias pudo ser corroborada.
“Los resultados obtenidos de las medidas de prueba practicadas, no permitieron tener por compradas tales maniobras”, fulminó el dictamen respecto de las prácticas supuestas de intermediación para obtener aprobaciones por canales informales a cambio de dinero.
“Respecto del último hecho ventilado por el diputado López del 25 de octubre pasado, entendió -reseñó Ercolini- que no correspondía su impulso dado la falta de seriedad y precisión de lo vertido en la denuncia anónima arrimada, lo que ponía en duda su verosimilitud que se veía rodeada de falta de prueba”. Pese a la falta de elementos que tenían las denuncias, la justicia federal decidió analizar el caso bajo la óptica de un eventual hecho de corrupción. Terminó todo descartado
La justicia citó la Resolución 5271/2022 mediante la cual AFIP y Comercio fijaron el sistema SIRA para el seguimiento y control del comercio exterior; también sus objetivos de acuerdo a los lineamientos para las importaciones impartidos por el Poder Ejecutivo. Pero también, analizó que existió un Comité de Seguimiento y Evaluación del Sistema de Importaciones SIRA -integrado por la AFIP, la Secretaría de Comercio y el Banco Central de la República Argentina- en la que todos los organismos intervenían activamente en todo el proceso de solicitud y aprobación de importación de mercaderías en distintas etapas del proceso.
Con esa evidencia, el fiscal Taiano estableció que la denuncia de facultades discrecionales “se contraponen con la realidad del procedimiento administrativo”. No solo se descartó que Tombolini pudiera tener una atribución exclusiva, sino que el resto de los organismos realizaban un proceso de verificación de documentación y cruce de información que debía ser cumplido en distintas etapas. Para colmo, las fuentes periodísticas en las que se apoyaba la denuncia indicaron a la justicia que sus datos eran “no verificables”. Ese punto, el fallo de sobreseimiento no lo dejó pasar.
Ercolini concluyó que no había otra prueba por realizar. Que la fiscalía había agotado el trabajo de campo investigativo y que el mismo acusador público propiciaba el archivo por falta de pruebas. “Exiguos elementos de prueba”, fue el calificativo que el juez adoptó para definir los sobreseimientos y la ausencia de herramientas para seguir investigando algo sobre lo que no menciona un indicio tangible a lo largo de las 10 carillas que tiene la resolución.
Así, culminó -en lo que respecta a las denuncias que se ventilaron, incluso de parte de un sector de la oposición- el capítulo judicial que tuvo a las SIRA y a los funcionarios de Comercio de la gestión anterior en la mira. Explica, quizás, que la administración Milei haya decidido ahora reemplazar el sistema pero no volver a hacer foco en eventuales actos de corrupción, a los que había echado mano durante la campaña.
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