La Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario elevará esta semana la acusación formal contra los directivos de la agroexportadora Vicentin SAIC por los hechos que les imputó en octubre de 2021 y mayo de 2023, cerrando así la etapa de investigación penal preparatoria, bajo la hipótesis de que la cesación de pagos de la firma con sede en Avellaneda no obedeció a un problema comercial derivado del contexto económico nacional, como adujo la compañía, sino que resultó de maniobras ilegales del directorio.
Después de más de dos años de investigación penal, el equipo que encabeza el fiscal Miguel Moreno presentará a la Oficina de Gestión Judicial la acusación formal en la que explicita y detalla los hechos que cree estar en condiciones de probar y sobre la que deberá prepararse la defensa para el juicio.
El cierre de la etapa era un pedido que la fiscal regional María Eugenia Irribarren vino hablando en los últimos meses con Moreno. Los directivos imputados son Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Omar Scarel, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Javier Gazze y Miguel Vallaza.
El proceso penal de Rosario se desarrolló en forma paralela al concurso preventivo. Y la caución de los bienes de la empresa pedida por la fiscalía y ordenada por los jueces que intervinieron fue determinante en el desarrollo del trámite concursal al no poder disponerse de los mismos como parte de pago.
La Fiscalía de Delitos Económicos imputó en dos etapas al directorio de Vicentin. En una primera audiencia imputativa en octubre de 2023 le adjudicó fraude y estafas. Incluso pidió la prisión preventiva para Macua, el actual presidente del directorio Scarel, Roberto Gazze, Javier Gazze y Miguel Valazza. Y medida morigerada para Daniel Buyatti. El juez rechazó la privación de libertad pero exigió una caución de 10 millones de dólares.
En mayo pasado, la fiscalía amplió la imputación. Les achacó conformar una asociación ilícita destinada a la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel. Los altos ejecutivos Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze y Omar Scarel fueron señalados como los jefes de la organización.
Según fuentes del MPA, la acusación tendrá dos pilares básicos: los hechos de fraude ventilados en las audiencias imputativas y la asociación ilícita. En tanto, quedará para los próximos meses lo referido a administración fraudulenta por parte de los directivos aprovechándose de la posición que ocupan en la empresa.
Sobre esteúltimo delito, la investigación tuvo novedades recientes. La semana pasada se hicieron una serie de allanamientos en las oficinas que tiene la compañía en Rosario, Avellaneda y Reconquista, en busca de documentos y nuevas pruebas en relación al delito de administración fraudulenta.
Esos movimientos al cierre de la investigación fueron motivados por la presentación de un grupo de accionistas de Vicentin, denunciando al resto y considerándose víctimas de su accionar.
Concretamente, los accionistas que se presentaron en la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario pidieron “ser admitidos como querellantes por considerarse víctimas de las maniobras defraudatorias de los miembros del directorio que llevaron a la empresa al default” a finales de 2019. Los nombres no trascendieron.
La base de la acusación
En la imputación por asociación ilícita, Moreno afirmó que los directivos “operaron como grupo, de manera concertada, siguiendo un plan, con división de roles, durante un período prolongado de tiempo, en una dinámica interna que nada tenía que ver con el cometido ni la estructuración de los cargos societarios que detentaban, pero aprovechándose de ellos para realizar una serie de ilícitos”.
Situó el inicio “en 2017 cuando puso en marcha una planificación destinada” a simular el bienestar financiero y contable de Vicentin, mediante la ocultación del pasivo, de manera de conseguir las líneas crédito, obtener los desembolsos de los bancos, continuar con la captación y recepción de granos”.
“Paralelamente comenzó a administrar infielmente el capital de Vicentin”, principalmente con el destino de la venta de acciones de Renova, una sociedad que Vicentin comparte con Viterra Argentina, operación que se realizó dos días antes de la declaración de cesación de pagos, según el documento.
A lo largo de la investigación la fiscalía explicó que no solo las existencias de granos adquiridas por Vicentin y en su poder con “precio a fijar” no eran registradas debidamente para que no incidan en el pasivo, sino que siguió recibiendo semillas hasta horas antes del default, a sabiendas de que no las iba a pagar.
Cabe recordar que el concurso de acreedores de Vicentin verificó un pasivo superior a 1.500 millones de dólares. Un tercio de esa deuda fue reclamada por entidades financieras internacionales.
Para la fiscalía el directorio de Vicentin realizó maniobras engañosas contra las entidades internacionales IFC International Finance Corporation (Washington, EU); FMO Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (La Haya, Holanda); ING Bank (Amsterdam, Países Bajos); Natixis New York Branch (Nueva York, EU); Coöperatieve Rabobank U.A. (Utrecht, Países Bajos).
A los principales ejecutivos les atribuyó la confección de balances falsos a octubre de 2017 y octubre de 2018 con información falsa para el ocultamiento del pasivo de la empresa, generando un perjuicio de 500 millones de dólares a esas entidades, para obtener créditos que luego entraron en el concurso de acreedores.
Además, la compañía entregó en garantía de pago a los bancos contratos que cuando quisieron ser ejecutados ante la falta de pago en diciembre de 2019, ya habían sido cobrados por otros acreedores. El fiscal lo describió como un engaño en el que el mismo contrato garantizaba más de una operación sin que la entidad internacional que financiaba exportaciones lo supiera.
Otro caso atribuido fue un hecho de estafa al Banco Macro por 508 millones de pesos, que Vicentin solicitó como crédito en septiembre de 2019 “con conocimiento de que no podría cumplir”.
Una de las líneas de trabajo de la fiscalía se centró en una serie de maniobras financieras y económicas entre Vicentin y Renova, de la cual la primera es accionista junto con la multinacional Viterra.
El primero, la venta de Vicentin a Renaisco del 16,6% de las acciones de Renova, operación que se realizó dos días antes de la declaración de cesación de pagos.
A eso se sumó una deuda de 12 millones de dólares que Vicentin asumió como propia en el Concurso de acreedores y que, para la fiscalía, son resultado de mercadería que la firma Commodities SA le había entregado a Renova.
Por último quedó bajo la lupa un pago por $1.589.265.278, que según la imputación fueron “transferidos a la cuenta Citibank de Renova en cinco pagos realizados entre el 4 y el 5 de diciembre de 2019”.
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