Kate Cox, embarazada de 21 semanas, recibió la confirmación de que su feto tiene trisomía 18, una anomalía cromosómica asociada a graves malformaciones que significa que probablemente morirá antes de nacer o, como mucho, vivirá pocos días.
Además, llevar el embarazo a término le podría generar problemas de salud y de fertilidad, ya que ella tuvo a sus dos hijos por cesárea.
Por eso, la joven, su marido y su médico demandaron a Texas, uno de los estados del sur estadounidense más conservadores en términos de derechos reproductivos, la semana pasada, e inicialmente un juez del condado de Travis le concedió el derecho a abortar.
Sin embargo, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, recurrió ante la Suprema Corte del estado, que suspendió y luego anuló la decisión.
En el interín, Cox se fue del estado a hacerse el aborto en otro lugar no revelado, según informaron sus abogados.
La suspensión les devuelve el asunto a los médicos, cuya postura es que de no interrumpir el embarazo es probable que la mujer sufra una rotura del útero, lo que amenaza su vida.
“Nuestra decisión de hoy no impide un aborto de urgencia en este caso concreto si un médico considera que dicho procedimiento es necesario de acuerdo con la ley, utilizando un criterio médico razonable”, dictaminó la Corte, informó la agencia de noticias AFP.
“Si las circunstancias de la Sra. Cox son, o llegan a ser, las que corresponden a la excepción legal, no es necesaria ninguna orden judicial”, continuó la corporación.
“No obstante, la Junta de Médicos de Texas debe proporcionar más orientaciones para resolver la confusión actual”, señalaron los jueces.
“Esta última semana de limbo legal ha sido infernal para Kate”, dijo Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos, que presentó el caso en nombre de Cox, su marido y su médico.
“Su salud está en la cuerda floja. Ha estado entrando y saliendo de urgencias y no podía esperar más. Por eso los jueces y los políticos no deberían tomar decisiones sobre atención de las embarazadas: no son médicos”.
La trisomía 18 se da en aproximadamente 1 de cada 2.500 embarazos diagnosticados, según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal.
No hay nacidos vivos en aproximadamente el 70% de los embarazos con este diagnóstico que superan las 12 semanas de edad gestacional, dice un escrito que ambos grupos presentaron ante el tribunal.
El caso es el primero de este tipo desde que en junio de 2022 la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo Roe v. Wade, que garantizó durante medio siglo a nivel federal el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos.
La Suprema Corte de Estados Unidos revirtió el derecho constitucional al aborto en 2022.
Inmediatamente, el estado de Texas prohibió la interrupción de los embarazos aún en caso de violación o incesto.
Los médicos texanos culpados de practicar abortos se exponen a penas de hasta 99 años de cárcel, multas que llegan a 100 dólares y revocación de su licencia para ejercer la medicina.
Fuente: Télam