En 2015, los integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata sintieron que se habían cerrado todas las puertas para que la justicia argentina investigara las torturas que habían sufrido los soldados durante el conflicto bélico. Pibes desabrigados y hambrientos que eran estaqueados durante horas o sometidos a simulacros de fusilamientos por sus superiores que, en muchos casos, eran los militares que reportaban en los centros clandestinos de detención. Ocho años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el reclamo del CECIM y examinará los pormenores del caso.
En 2007, un exconscripto presentó la primera denuncia por los tormentos que había sufrido durante la guerra de 1982. El juzgado de Río Grande comenzó a investigar. Sin embargo, en 2009, el militar retirado Jorge Taranto reclamó que se declarara que los posibles delitos habían prescripto por el paso del tiempo. Ni el juzgado ni la Cámara de Comodoro Rivadavia consintieron el pedido de Taranto.
El tema escaló hasta la Cámara Federal de Casación Penal, donde tuvo más suerte. En 2009, el máximo tribunal penal del país le dio la razón a Taranto: no consideró que los padecimientos de los soldados pudieran ser contemplados como delitos de lesa humanidad –como sucede con los crímenes que se cometieron durante la dictadura– y que, por ende, ya no había posibilidad de perseguir a sus responsables por el paso del tiempo.
El 19 de febrero de 2015, la Corte Suprema rechazó los planteos contra la decisión de la Casación. Dos semanas después, ese rechazo fue uno de los puntos que tomó la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para demostrar que el máximo tribunal estaba más dedicado a la pulseada política que a la búsqueda de justicia. “No podemos pasar por alto las torturas y los vejámenes que sufrieron nuestros combatientes en Malvinas cuando fueron a dar la vida por la patria, por todos nosotros”, afirmó CFK en su último discurso de apertura del año electoral. “Creo que tienen que ir a la CIDH para reclamar por las torturas y vejámenes. No pueden quedar impunes”, les aconsejó desde la Asamblea Legislativa.
Efectivamente, el CECIM acudió a la CIDH. Hizo su presentación el 20 de mayo de 2015, dos meses y medio después del discurso de CFK. Los peticionarios sostenían que el Estado argentino había violado los derechos humanos de los excombatientes y de sus familiares primero con las torturas y después con la demora injustificada a la hora de investigar.
Además, el CECIM sostuvo que el plan de encubrimiento de quienes habían atacado a su propia tropa fue parte del dispositivo que puso en marcha la dictadura después de la derrota frente al Reino Unido. Según los documentos que ordenó desclasificar CFK al cumplirse 30 años de la guerra, los militares realizaron tareas de “contrainteligencia” sobre sus propios soldados para que no se supiera lo que había pasado en el sur y, de esa forma, imponer la disciplina del secreto.
El Estado argentino recién respondió al traslado de la CIDH en febrero de 2019 –es decir, durante la gestión de Mauricio Macri. La respuesta fue que la petición no debía ser admitida por dos argumentos básicamente. En primer lugar porque las torturas habían tenido lugar en 1982 y, para entonces, la Argentina no había ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y aceptado la competencia de la CIDH. En segundo lugar, sostuvo que había investigaciones que estaban todavía en marcha por torturas en Malvinas. De hecho, en 2022, la Casación –con los votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y la disidencia de Ana Figueroa– volvió a decir que las torturas no podían investigarse por estar prescriptas. El tema aguarda nuevamente un pronunciamiento de la Corte Suprema después de que recurrieran las querellas y el fiscal Javier De Luca.
En línea contraria con esa postura estatal, la Comisión consideró que el planteo del CECIM merecía ser analizado. En el informe de admisibilidad, los comisionados recordaron que las torturas a los conscriptos se dieron en un contexto de dictadura militar. “Durante ese período se han cometido aberrantes hechos por la parte de las Fuerzas Armadas argentinas que han avasallado derechos humanos, se han producido asesinatos y desapariciones de miles de personas”, escribieron los integrantes de la CIDH en un párrafo que viene a contrarrestar los intentos del gobierno electo por plantear una historia que niegue o justifique los crímenes de la dictadura.
En el mismo pasaje, la CIDH recordó su visita al país en septiembre de 1979 y el informe que publicó al año siguiente sobre la situación de los derechos humanos. Ese informe, como resalta en su libro la antropóloga Guadalupe Basualdo, marcó un hito al respaldar lo que el movimiento de derechos humanos venía denunciando, dar cuenta de la sistematicidad de los crímenes y desmontar la teoría de los “excesos”– que paradójicamente resurgió semanas atrás con Javier Milei.
El CECIM tendrá cuatro meses para aportar nueva información a la CIDH. Ese plazo podrá prorrogarse por otros dos meses más. Lo mismo sucederá con el gobierno de Milei y Victoria Villarruel –cuyo padre fue uno de los combatientes de la Guerra de Malvinas. Después de eso, la CIDH analizará el fondo de la cuestión y emitirá un pronunciamiento.
Por ahora, en el CECIM, todo es satisfacción por el reconocimiento que lograron. “Los soldados que sufrieron torturas a manos de un Estado genocida que los llevó a la guerra aguardan justicia hace muchos años. Cada paso que se da en ese sentido es un alivio, es un retazo de reparación. No vamos a parar hasta que los militares que torturaron a los colimbas, a los pibes de Malvinas, den explicaciones y sean condenados”, dice el abogado Jerónimo Guerrero Iraola. “A 41 años, desde el CECIM seguimos afirmando que la guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico-militar”, concluye.
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