Se trata de un pronunciamiento de la Asociación de Militares Españoles (AME) que lleva medio centenar de firmas, publicado en su web.
Allí, justifican el reclamo en el artículo 8.1 de la Constitución, que señala que las Fuerzas Armadas tiene la misión de “defender el ordenamiento constitucional”, que ven en “grave peligro por la falta de independencia judicial”.
“Pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional la destitución del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual”, reza el texto citado por la agencia de noticias Europa Press.
La AME es la misma organización que en 2018 había promovido un manifiesto a favor del dictador Francisco Franco, en el que justificaba el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, de acuerdo con lo publicado por el diario El País.
Asimismo, algunos de los militares firmantes del manifiesto ya se habían pronunciado en 2020 a favor de “matar rojos”, en alusión a los socialistas, y aniquilar a 26 millones de personas, informó Radio Nacional de España, al dar cuenta de los mensajes de un grupo de WhatsApp en el que también hay mensajes de odio contra homosexuales, feministas y catalanes.
En el texto publicado hoy, este sector de militares retirados que se declara “preocupado por el devenir de España”, denuncia el “acoso al Estado de Derecho al copar el Poder Ejecutivo la mayoría de los órganos judiciales”, lo que -sostiene- “anula la independencia del poder judicial y la separación de poderes”.
Así, estos militares retirados hacen alusión a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Constitucional, “compuesto parcialmente por magistrados que recientemente han detentado relevantes cargos políticos en el Poder Ejecutivo, lo que anula su neutralidad”.
Del mismo modo, los militares retirados critican los indultos “para los delincuentes del golpe de Estado de octubre de 2017”, la supresión de la sedición y la reforma de la malversación “solamente por intereses político”.
Este párrafo hace alusión al compromiso por parte de Sánchez, del Partido Socialista español (PSOE) y al frente de una coalición de partidos de izquierda, de conceder una ley de amnistía a independentistas catalanes a cambio de su apoyo en esta investidura.
En las últimas semanas, Sánchez negoció hasta sellar acuerdos con varios grupos regionalistas de Cataluña, Galicia y el País Vasco, cuyo apoyo le resultaba crucial a falta de una mayoría clara en el Parlamento.
El más trascendental fue el que logró con los catalanes de Esquerra Republicana (ERC) y, sobre todo, con Junts pero Catalunya (Junts), para el que el PSOE tuvo que negociar abiertamente con el expresidente catalán Carles Puigdemont, que vive en Bélgica desde hace seis años para eludir su procesamiento por liderar un intento fallido de secesión de Cataluña en 2017.
Puigdemont aceptó, tras intensas negociaciones, apoyar la reelección de Sánchez, y a cambio obtuvo de los socialistas el compromiso de la próxima aprobación de una ley de amnistía para cientos de independentistas procesados, que debería permitirle regresar a España.
Para los 50 militares retirados que firmaron el manifiesto, este compromiso eliminaría la igualdad ante la ley y “borraría los delitos” de 2017 “por el solo interés personal” de Sánchez para ser investido presidente del Gobierno.
Esto, en su mirada, “deja inerme al Estado de Derecho al anular las sentencias y procedimientos en vigor de los delincuentes protagonistas de dicho golpe”.
Por otro lado, censuran “el ataque a las Fuerzas Armadas, con la cesión de cuarteles y eliminación de los desfiles militares”, entre otros asuntos, y el “desprecio a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado” por la “desaparición de la Guardia Civil de Navarra, la cesión de comisarías en Cataluña y la violación continuada de las fronteras por inmigrantes ilegales, sin que el Gobierno las defienda debidamente”.
Télam