Los principales sindicatos de España, CCOO y UGT, confirmaron su intención de impulsar una huelga general de 24 horas por la crisis de acceso a la vivienda, después de que miles de personas reclamaran una medida de esas características durante las movilizaciones realizadas en diferentes ciudades.
La decisión implicará que las dos centrales, que cuentan con alrededor de un millón de afiliados cada una, vuelvan a respaldar conjuntamente una huelga general después de 14 años.
El Sindicato de Inquilinas reclamaba desde hacía varias semanas la convocatoria de un paro general, mientras que CGT ya había anticipado su predisposición a acompañarlo y confirmó su posición después de su XX congreso.
Por qué los sindicatos convocarán una huelga general
CC OO y UGT explicaron en un comunicado conjunto que impulsarán la medida “para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna”.
“Las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda, y la respuesta debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen”, añadieron las centrales sindicales.
El reclamo de una huelga general había sido uno de los principales lemas de las movilizaciones realizadas el sábado. El lunes por la mañana, el Sindicato de Inquilinas incluso anticipó que avanzaría junto con UGT si los dos sindicatos mayoritarios no se incorporaban.
Horas más tarde, CCOO y UGT hicieron pública su decisión de acompañar la convocatoria. Todavía no existe una fecha oficial para la huelga. Ninguna de las cuatro organizaciones involucradas definió cuándo se realizará, aunque fuentes de los principales sindicatos señalaron principios de noviembre como una posibilidad.
En cualquier escenario, las centrales pretenden que el paro tenga lugar antes del inicio de la campaña correspondiente a las elecciones del 29 de noviembre.
Las claves del conflicto en España
La escalada de las protestas coincidió con un momento de fuerte tensión política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, mientras la problemática habitacional adquirió un lugar central en el debate público.
Uno de los acontecimientos que profundizó el descontento fue el desahucio de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, una mujer de 87 años que vivió durante siete décadas en una vivienda del centro de Madrid.
Abascal, que utiliza silla de ruedas, fue retirada del departamento en camilla el 23 de septiembre, mientras la policía mantenía acordonada la calle. Las imágenes provocaron una fuerte reacción y derivaron en nuevas movilizaciones.
“No he conseguido defender mi hogar, pero he luchado para que otros puedan aprender a luchar por lo que es suyo”, afirmó Abascal en un video grabado desde la cama de un hospital después del desahucio.
Alrededor de 1.000 manifestantes pasaron la última semana acampados en la Puerta del Sol, uno de los principales espacios públicos de Madrid, y aseguraron que permanecerán allí hasta que el Gobierno adopte medidas concretas para proteger a los inquilinos.
Una protesta similar surgió en la Plaza de Cataluña de Barcelona, mientras en distintas ciudades aparecieron pancartas con el lema “¡Ni una sola Maricarmen más!”.
Posteriormente, la inmobiliaria que había impulsado el desalojo llegó a un acuerdo para que Abascal pudiera regresar a la vivienda. Su abogado aseguró que la mujer estaba “contenta”, aunque todavía permanecía hospitalizada.
La crisis habitacional española lleva años desarrollándose y afecta especialmente a los sectores de menores ingresos y a los jóvenes, que encuentran dificultades tanto para comprar como para alquilar una vivienda.
Según datos de Idealista, el alquiler medio prácticamente se duplicó durante la última década. El precio pasó de €8,20 por metro cuadrado en 2016 a €15,10 durante este año.
El Gobierno indicó además que el 26% de los españoles que viven de alquiler destinan, en promedio, el 40% de sus ingresos al alquiler y otros gastos vinculados con la vivienda. En la Unión Europea, el porcentaje de inquilinos en esa situación se ubica en el 18%.
Otro de los problemas es la limitada disponibilidad de vivienda pública. España se encuentra entre los últimos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en este indicador, con menos del 2% del parque disponible destinado al alquiler público, frente a un promedio del 8% en la Unión Europea.
El Banco de España estima que existe un déficit superior a 700.000 viviendas y advirtió que la cifra podría alcanzar el millón durante los próximos dos años si no se adoptan medidas.
Los precios de las propiedades, en tanto, aumentaron 12,2% interanual durante el segundo trimestre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La escasez de propiedades disponibles también impactó sobre los alquileres. Según Idealista, los precios aumentaron 8,5% durante 2025, mientras que en Madrid el incremento llegó al 9,7%.
Barcelona y Madrid aparecen como las dos ciudades más caras de España para alquilar, con valores de €23,80 y €22,70 por metro cuadrado, respectivamente.
Las dificultades económicas vinculadas con la vivienda llevaron a decenas de miles de personas a participar periódicamente de manifestaciones contra los precios de los alquileres.
Los reclamos apuntaron tanto contra la especulación inmobiliaria como contra las plataformas destinadas al alquiler turístico, entre ellas Airbnb, a las que sectores de los manifestantes responsabilizaron por contribuir a reducir la oferta residencial.
Fuente: Ámbito