La causa es contra 19 dirigentes sociales y manifestantes imputados por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves agravadas y daños, en el marco de las protestas contra la reforma constitucional provincial de junio de 2023. Las defensas y la fiscalía están negociando soluciones alternativas.
La Suprema Corte de Justicia de Jujuy y el Tribunal en lo Criminal N° 3 de San Salvador de Jujuy resolvieron suspender el inicio del juicio oral por el denominado “Jujeñazo”, cuyo comienzo estaba previsto para el 26 de octubre.
La causa involucra a 19 dirigentes sociales y manifestantes imputados por los delitos de “atentado y resistencia a la autoridad”, “lesiones leves agravadas a personal policial” y “daños”, en el marco de las protestas contra la reforma constitucional provincial de junio de 2023.
Sectores populares, originarios y gremiales denunciaron este proceso como una “causa armada” orientada a disciplinar a las organizaciones y manifestantes que salieron a las calles a rechazar la reforma impulsada por el exgobernador Gerardo Morales.
La Sala II (Vocalía 3) de la Corte jujeña, a cargo de la jueza Emma Arias, dio lugar al recurso de queja interpuesto por la defensora Mariana Vargas.
La abogada confirmó que la notificación oficial de la suspensión del juicio llegó este viernes. La decisión de la Corte provincial paralizó la actuación del Tribunal oral. Explicó que cuando llegó la decisión de la Corte “ya estaba en trámite el pedido de suspensión” ante la jueza Ana Carolina Pérez Rojas, del Tribunal en lo Criminal. Ya “se había corrido vista a las partes. Tres defensas adhirieron en un solo día, lo que llevó a que el Tribunal oral también suspendiera. De todos modos, la decisión de fondo de la Corte provincial ya estaba tomada”, detalló sobre la doble resolución favorable.
Soluciones alternativas
Asimismo, las defensas informaron a la Corte sobre las conversaciones con la fiscalía para alcanzar soluciones alternativas.
“Lo que se logró es el objetivo inmediato: no hay juicio”, afirmó Vargas. Y enseguida añadió que con esta suspensión “prescriben sin discusión los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones, y veremos qué ocurre con daños. Algunas defensas planteamos esta vía. Que vayas a juicio solo por daños con cuatro o cinco imputados ya es un triunfo y una tranquilidad”, sostuvo.
Por otro lado, la letrada remarcó que más allá del cierre de este expediente, la prioridad de fondo continúa siendo la investigación de la represión ilegal.
“Lo que nos queda pendiente es que se investigue la represión ilegal. Esa causa sigue abierta; no se archivó por más que se haya sobreseído a (Diego Martín) Suárez”, exfuncionario de Seguridad de la provincia, afirmó. Recordó que “continúan vigentes las demandas contra Aguirre y contra el Estado provincial. También está pendiente la nulidad donde se me rechazó la querella sin notificación previa. Eso sigue en trámite y para mí es lo más importante. Las causas penales para que no quede impune la violencia institucional en la provincia, como las de Purmamarca, ya están abiertas y hay que lograr que avancen”.
Un respiro
La noticia de la suspensión del juicio oral, conocida el viernes por la mañana, fue celebrada por diferentes colectivos sociales como un respiro frente a un entramado judicial cuestionado por no investigar la violencia institucional desplegada durante las represiones de 2023.
Santiago Zamora, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y uno de los 19 imputados, valoró el freno al juicio: “Fue una noticia sumamente importante ante tantas adversidades para el pueblo. La solidaridad, la difusión colectiva y la denuncia del armado de esta causa para disciplinarnos fueron centrales. Cuando nos unimos, los que persiguen tienen que retroceder. Fue clave la estrategia de exigir que no se concrete el juicio”, consideró. Zamora también destacó el rol de los medios de comunicación alternativos en la visibilización del conflicto.
Las protestas de junio de 2023 reflejaron el rechazo de amplios sectores sociales a la reforma constitucional aprobada mediante un acuerdo entre las principales fuerzas políticas tradicionales y sectores del poder económico local, lo que desencadenó un profundo conflicto social y político en Jujuy.
El pueblo jujeño vivió una escalada de represión en la que participaron las fuerzas de seguridad provinciales. El 16 de junio fue en Abra Pampa; al día siguiente, la violencia estatal se abatió sobre Purmamarca, en el cruce de las rutas nacionales 52 y 9. El 20 de junio la represión se trasladó a las inmediaciones de la Legislatura provincial. Y finalmente, el 30 de junio, fue en Humahuaca.
Fueron jornadas de tensión, con centenar de heridos, con jóvenes que quedaron sin visión por disparos de efectivos policiales.
Encima, después el Estado jujeño impulsó causas penales contra muchos manifestantes.
El pasado 14 de septiembre, abogadas y abogados defensores ofrecieron una conferencia de prensa en la que manifestaron su absoluto rechazo al juzgamiento de los 19 imputados. Calificaron el proceso de “mamarracho jurídico” y denunciaron la falta de garantías para el derecho a la defensa.
En esa oportunidad, advirtieron que los planteos presentados por las defensas aún continuaban sin resolución en la Suprema Corte provincial y en la Corte Suprema de la Nación. En paralelo, la campaña bajo la consigna “No al juicio a los compañeros perseguidos por el Jujeñazo” sumó adhesiones de dirigentes, referentes de la cultura y docentes, y motivó manifestaciones en las calles.
Hoy, en un marco de crisis política que debate en silencio el mapa electoral de 2027, sin dar respuesta a los conflictos territoriales, al avance de la megaminería y a los emprendimientos inmobiliarios, los problemas persistentes, como los bajos salarios y las altas tarifas eléctricas y de transporte público, los principales conflictos sociales y económicos en la provincia siguen latentes en la continuidad del gobierno radical.
Paralelamente, causas judiciales contra integrantes de la gestión radical se tramitan en los fueros federales y provinciales por usurpación de tierras, abuso de autoridad y corrupción, como la causa de Caspalá.
Página/12