El desmonte comenzó a principios de agosto y afecta a las fincas Tonono, Alcoba y Caraguatá, en el área rural de Tartagal. Greenpeace denunció la destrucción del bosque y advirtió sobre el impacto en el territorio y el sustento de diez comunidades indígenas.
Más de 3.300 hectáreas de bosques fueron arrasados en el área rural de Tartagal, en Salta, desde el principios de agosto. El daño a la tierra afecta a las comunidades wichí que viven en la zona, quienes denunciaron el avance sobre sus territorios ancestrales.
El desmonte se produjo en las fincas “Tonono”, de Martín Morales; “Alcoba”, de la empresa agropecuaria Desdelsur S.A., propiedad de las familias Macera y Blaquier;“Caraguatá”, de la empresa agropecuaria Estancia Tres Lagunas S.A.
La denuncia fue realizada por las comunidades wichí junto con Greenpeace. La organización pudo detectar en la ruta 86 dos topadadoras destruyendo el bosque al utilizar cadenas.
“Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio, que implica arrasar con bosques en muy buen estado de conservación, y con el territorio y sustento de diez comunidades wichí”, adviritó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
La comunidad wichí también localizó otro desmonte en Pozo Nuevo y el cementerio del lugar. Pozo Nuevo y Tonono habían estado categorizadas como “zona amarilla” por el gobierno salteño, lo que impedía que se avanzara con el desmonte. Sin embargo, a fines de 2024, hubo una reforma al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta por lo que pasaron a categoría “amarillo oscuro”. Esto permite que hacer cambios en el uso del suelo, según explicó el sitio Economía Sustentable.
Greenpeace expreso su preocupación por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja firme el decreto presidencial que derogó la Ley de Tierras Rurales, normativa que le ponía límites a la venta de tierras y cuerpos de agua a extranjeros. Además volvió a advertir que el Gobierno nacional pretende modificar la Ley de Bosques para permitir más desmontes.
La organización ecologista lanzó una convocatoria para sumarse a la “República de los siete bosques” para defenderlos. Se trata de una plataforma que busca generar una comunidad protectora de los bosques, alerta ante diferentes amenazas. Para sumarse, hay que registrarse en la página web sietebosques.org.
“Argentina aún está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en la Cumbre Climática de Glasgow realizada en 2021. Ante esto, la flexibilización de la Ley de Bosques que promueve el gobierno nacional resulta inadmisible, ya que generará un aumento significativo de la deforestación. Por el contrario, es necesario implementarla en forma estricta; y avanzar en prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos”, afirmó Cruz.
En mayo del año pasado, elDiarioAR había dado cuenta de un informe de la organización internacional Global Witness, que investiga desde hace más de 30 años abusos ambientales y de derechos humanos en distintos puntos del mundo, y que puso al empresario argentino Eduardo Elsztain, del círculo cercano al presidente Javier Milei, y al Banco Santander en el centro de una denuncia por supuesta deforestación de bosques nativos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.
Además, otro informe de Greenpeace de principios de 2025 había señalado que casi 150.000 hectáreas de bosque nativo se perdieron en el norte de Argentina en 2024, la mayoría en la región del Gran Chaco, a causa de la deforestación provocada para beneficiar la actividad agropecuaria. El 75 % de las zonas arrasadas corresponden a las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, todas ellas en el norte del país, donde exactamente se han deforestado 149.649 hectáreas, lo que equivale a unos 210.000 campos de fútbol.
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