El requerimiento atribuye al grupo una estructura transnacional liderada por Guillermo Rafael Boscán Bracho, con dos células operativas en el país. La acusación sostiene que la organización funcionó al menos desde 2019 hasta mayo de 2025 y movilizó más de 120 millones de pesos a través de cuentas bancarias, billeteras virtuales, remesas y operaciones en efectivo.
La Unidad Fiscal Corrientes, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) solicitaron la elevación a juicio oral de 13 personas acusadas de integrar una organización criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua, a quienes se les atribuyen maniobras de lavado de activos y, a nueve de ellas, el financiamiento del terrorismo.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal N°1 de Corrientes por el fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal Corrientes, Flavio Adrián Ferrini; el titular de la UFECO, el fiscal federal Santiago Marquevich; y el fiscal general a cargo de la PROCELAC, Diego Velasco.
Según la acusación, la organización funcionó en la Argentina al menos hasta mayo de 2025, liderada por el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, jefe de la denominada “Banda del Yiyi” —vinculada al Tren de Aragua—, quien tenía pedido de captura internacional y fue detenido el 2 de octubre de 2023 por INTERPOL de la Policía Federal (PFA) en la provincia de Corrientes. Actualmente está detenido bajo el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR) en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y, en marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó su extradición a su país.
Los imputados son ocho hombres y cinco mujeres. Tres de esas personas acusadas son de nacionalidad venezolana, uno es argentino y los restantes nueve, son argentino-venezolanas. Además de Boscán Bracho, los otros 12 imputados —identificados por sus iniciales— son A.M.D.C., E.D.U.B., M.A.B.C., A.J.B.P., D.A.B.C., M.D.V.C., M.T.D.C., F.J.D.C., M.C.D.C., D.E.A., E.Y.C.S. y J.A.L.G.
“La asociación ilícita en cuestión se caracteriza por contar con un importante grado de planificación y logística, lo que permitió a sus integrantes asentarse en el país en un lapso de tiempo relativamente breve”, afirmaron los fiscales.
También pusieron de relieve “la significativa capacidad económica demostrada por varios de sus miembros, quienes efectuaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles de considerable valor, pese a no registrar actividad laboral formal ni declarar ingresos compatibles con ese tipo de operaciones patrimoniales”.
Según la acusación, la comunidad delictiva operó tanto en Argentina como en otros países y, según fuera señalado por distintos organismos internacionales, “constituye una facción de la organización criminal conocida como ‘Tren de Aragua’, originada en la República Bolivariana de Venezuela, la cual ha logrado desplegar sus redes delictivas a lo largo del continente americano en un período relativamente breve”.
El requerimiento señala que la organización perpetró “un amplio abanico de delitos”, desde los hechos investigados en Venezuela hasta las maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo detectadas en la Argentina.
Las calificaciones
Los fiscales les atribuyeron a los 13 imputados tres hechos diferenciados. El primero consiste en haber integrado una organización criminal transnacional; el segundo, en las maniobras de lavado de activos; y el tercero, reservado para nueve de ellos, en el financiamiento del terrorismo.
En consecuencia, el MPF pidió que los 13 sean sometidos a juicio por el delito previsto en el artículo 210 ter del Código Penal (asociación ilícita en su modalidad de organización criminal, con pena de entre 8 y 20 años de prisión) y por el de lavado de activos del artículo 303, inciso 1° del mismo código (con penas de entre 3 y 10 años de prisión).
Respecto de nueve de los acusados —Boscán Bracho, A.M.D.C., E.D.U.B., M.A.B.C., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S., M.C.D.C. y J.A.L.G.—, los fiscales también solicitaron la elevación a juicio por el delito de financiamiento del terrorismo, previsto en el artículo 306 del Código Penal (con penas de 5 a 15 años de prisión).
Una estructura organizada y con capacidad para operar a distancia
La acusación describe una organización con división de funciones y capacidad para continuar operando aun después de la detención de Boscán Bracho. Según el requerimiento, el líder impartía órdenes desde su lugar de detención y mantenía comunicación con los referentes de las dos células, una comandada por su pareja, A.M.D.C., y otro por su primo, E. D.U.B., quienes mantenían contacto permanente con él.
Los fiscales describieron a Boscán Bracho como el conductor de la estructura; a A.M.D.C. y E. D.U.B., como integrantes del núcleo central de administración y gestión; y a M.A.B.C. como una operadora relevante dentro de uno de los subgrupos. De acuerdo con la acusación, J.A.L.G. mantenía vínculos frecuentes con ambos subgrupos y desempeñaba un papel relevante al administrar un sistema informal de transferencia de dinero conocido de “Giro Activo”, con operaciones desde una sucursal de Western Union ubicada en el barrio porteño de Colegiales.
Por debajo de ese nivel se ubicaban el resto de integrantes a quienes se atribuyen funciones relacionadas con cuentas bancarias, transferencias, registración de bienes, utilización de servicios y otras tareas destinadas a facilitar la circulación de fondos.
La investigación también estableció que la organización había logrado asentarse en la Argentina en un período relativamente breve y que sus integrantes se desplazaban entre distintos puntos del país. Para los fiscales, ese despliegue evidenció un importante grado de planificación logística y capacidad organizativa. La estructura criminal, según el dictamen, funcionó al menos desde 2019 hasta el 28 de mayo de 2025.
Más de 120 millones de pesos en operaciones investigadas
El requerimiento atribuye a los 13 imputados haber convertido, transferido, administrado, disimulado, adquirido y puesto en circulación bienes y activos provenientes de delitos precedentes indeterminados, con la finalidad de otorgarles apariencia de origen lícito.
Las operaciones bancarias, virtuales y en efectivo documentadas superan los 120 millones de pesos, cifra que incluye transferencias, ingresos no justificados, adquisición de bienes muebles e inmuebles, remesas internacionales y movimientos a través de sistemas informales de transferencia identificados como del tipo “hawala” (opera al margen de la banca tradicional, basado en la confianza y en redes personales).
Los fiscales señalaron que el circuito utilizaba identidades próximas, sociedades de fachada y estructuras familiares para reducir la trazabilidad de los fondos mediante mecanismos de colocación, estratificación e integración.
Entre las operaciones atribuidas se encuentran la adquisición y administración de vehículos y propiedades, el sostenimiento de residencias en barrios privados y la utilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales para canalizar fondos.
El financiamiento del terrorismo
Respecto de nueve de los acusados por el delito de financiamiento del terrorismo, la acusación sostiene que esas personas recolectaron y proveyeron bienes y dinero, directa o indirectamente, con conocimiento de que serían utilizados total o parcialmente por una organización criminal transnacional que emplea la violencia para intimidar y ejercer control territorial. Entre las conductas descriptas se mencionan la circulación de dinero en efectivo, el empleo de sistemas informales de transferencia, la adquisición de bienes sin sustento patrimonial y el financiamiento de residencias, vehículos e infraestructura.
Para los fiscales, esas operaciones “evidenciaron no sólo la ilicitud de los recursos involucrados, sino su destino a sostener actividades de una organización que representa una amenaza real al orden público y a la seguridad colectiva”.
La detención de Boscán Bracho, el inicio de la investigación
La investigación preliminar que dio origen a la causa comenzó luego de la detención de Boscán Bracho, efectuada el 2 de octubre de 2023 en la ruta N°43 de la provincia de Corrientes por personal del Departamento INTERPOL de la Policía Federal Argentina (PFA). El venezolano tenía un pedido de captura internacional emitido por la justicia venezolana, que lo investigaba por extorsión y asociación para delinquir, homicidios, terrorismo, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercio. Había ingresado al país procedente de Colombia el 22 de junio de 2019 con una identidad falsa y al momento de su detención vivía en un country de la ciudad de Corrientes.
A partir de esa detención, el MPF comenzó a investigar si había trasladado a la Argentina actividades de su organización o si había desarrollado nuevas maniobras, entre ellas operaciones de lavado de activos.
Las primeras diligencias permitieron establecer que Boscán Bracho no se encontraba solo, sino rodeado por un grupo de personas que había comenzado a arribar al país en forma escalonada. También se detectaron indicios que, según la acusación, permitieron vincular la estructura con la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
En febrero de 2025, el MPF pidió ampliar el objeto procesal para investigar también el financiamiento del terrorismo, luego de que el Tren de Aragua fuera incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Tras nuevas medidas de investigación, entre ellas intervenciones telefónicas, levantamiento del secreto bancario y tareas del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA, los fiscales sostuvieron que el entramado excedía un esquema individual de ocultamiento de activos.
Según Ferrini, Marquevich y Velasco, las maniobras detectadas “reflejaron la existencia de una organización criminal transnacional estructurada, con división de roles, capacidad operativa sostenida y un sistema económico subrepticio de disimulación y circulación de fondos”, que funcionaba de manera estable en la Argentina bajo el liderazgo de Boscán Bracho.
Las principales pruebas
Entre los elementos valorados por la fiscalía se encuentran la documentación aportada por entidades bancarias, billeteras virtuales y remesadoras, obtenida a partir del levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil ordenado por el juez, la información patrimonial y societaria, los registros migratorios, los informes y tareas de campo practicadas por el Departamento Antimafia de la PFA, los resultados de las intervenciones telefónicas dispuestas, y, en el plano internacional, la solicitud de extradición de Boscán Bracho, la notificación roja de INTERPOL, e informes del FBI, del Departamento de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos y de INTERPOL.
También fueron relevantes los allanamientos realizados el 28 de mayo de 2025, en domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los partidos bonaerenses de Ezeiza y La Plata y en la capital de Corrientes.
En los procedimientos se secuestraron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, documentación inmobiliaria y societaria, vehículos, joyas, anotaciones y un pasaporte apócrifo. Entre el dinero incautado se encontraban 51.576 dólares hallados en el domicilio de A.M.D.C., la pareja de Boscán Bracho, en un complejo de condominios en el partido bonaerense de Ezeiza.
Otro elemento central fueron las intervenciones telefónicas. Según los fiscales, las conversaciones permitieron reconstruir la administración de dinero y distintos negocios de la organización y, en particular, la comunicación entre Boscán Bracho y quienes, de acuerdo con la acusación, ocupaban los principales lugares de conducción después de su detención.
El requerimiento también ponderó cuadernos con anotaciones manuscritas hallados durante los allanamientos, con cifras, referencias temporales y menciones a integrantes del grupo. Su valor probatorio fue analizado en conjunto con las comunicaciones, transferencias, movimientos financieros y demás elementos incorporados a la causa.
Por todo lo expuesto, y tras analizar los descargos ofrecidos por los acusados en sus declaraciones indagatorias, los fiscales Ferrini, Marquevich y Velasco le solicitaron al juzgado elevar las actuaciones, al entender que el cuadro de cargo conserva entidad suficiente para ser sometido a debate oral.
Fiscales