El Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) enfrenta lo que sectores productivos y especialistas definen como el capítulo más crítico de su historia reciente. Desde el sector yerbatero advirtieron sobre el proyecto del presidente Milei para dar de baja las normativas históricas.
El abogado Federico Padolsky alertó sobre el proyecto oficial del gobierno de Javier Milei que busca derogar más de 20 resoluciones históricas, concentrar facultades en la presidencia del instituto y trasladar el manejo de datos clave al Poder Ejecutivo Nacional. El debate llega al directorio bajo la amenaza de una nueva judicialización.
En una saga de reformas que comenzó con la promulgación del DNU 70/2023, la estructura regulatoria de la actividad yerbatera vuelve a quedar en riesgo tras la presentación de una propuesta oficial que busca transferir la soberanía del control de datos e inspecciones a un órgano externo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Ante tal escenario, las organizaciones de productores cuestionan el Proyecto de Reordenamiento Normativo del Instituto y advierten por la pérdida de cadena de autonomía sobre la información de la yerbatera y la concentración de facultades en la Presidencia. Las principales organizaciones de productores y entidades de la cadena yerbatera difundieron un documento en el que cuestionan el proyecto, actualmente sometido a consideración de su Directorio del Inym.
El documento lleva la firma de Hugo Sand, titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones; Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Antonio Franza, de la Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay; Julio Alfredo Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; y Salvador María Torres, presidente de la Cooperativa Río Paraná Limitada.
Las entidades sostienen que el proyecto no constituye una simple tarea de ordenamiento, digitalización o simplificación administrativa, sino una nueva transformación de la capacidad institucional del Inym: por un lado, elimina registros, sistemas de control y herramientas técnicas construidas durante años; por otro, desplazarse hacia organismos nacionales parte de la información necesaria para conocer la realidad de la actividad y, simultáneamente, concentrarse en la Presidencia facultades para definir posteriormente aspectos sustanciales del nuevo sistema.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido a la cantidad de normas y herramientas propias del Instituto que el proyecto propone dejar sin efecto.
El documento menciona, entre otras, regulaciones vinculadas con el Registro de Yerbales, registros de plantas y depósitos, viveros, cosecha mecanizada, documentación y control de movimientos, calidad de hoja verde y yerba canchada, procedimientos de inspección, muestras y herramientas técnicas del Laboratorio Oficial.
La advertencia es concreta, planean, el Inym puede conservar formalmente sus funciones y, al mismo tiempo, perder los instrumentos materiales necesarios para ejercerlas.
Detalles legales
Según detalló el abogado Federico Padolsky, el avance gubernamental no representa un hecho aislado, sino la continuidad directa de un proceso de desmantelamiento institucional. Tras la caída de la medida cautelar interpuesta por los productores que frenaba el capítulo yerbatero del DNU, el Poder Ejecutivo oficializó la designación del nuevo presidente del cuerpo.
La primera medida de peso del directorio bajo la nueva conducción, recordada, fue el despido sin causa de 21 trabajadores de carrera, seguido por la desregulación de mecanismos históricos de equilibrio, entre ellos la limitación de los cupos de implantación de nuevos yerbales.
Cesión de datos y debate
El punto central de la nueva iniciativa radica en despojar al Inym de la producción y administración de sus propios datos sectoriales para entregárselos al Senasa. Esta medida marginal de la toma de decisiones a la mesa multisectorial que compone la gobernanza del instituto, integrada por productores, tareferos, cooperativas, secaderos, la industria y gobiernos provinciales.
“Vamos a tener que pasar a confiar todos en los datos que aporta un tercero”, advirtió Padolsky, señalando que la delegación de facultades diluye la representatividad federal y participativa. La preocupación se extiende también a la retirada progresiva del Inym de la fiscalización sobre la calidad y el embalaje del producto final.
En este marco, el letrado cuestionó las recientes declaraciones del presidente del organismo, quien llegó a calificar la calidad de la yerba mate como una “cuestión subjetiva”, relegando estándares de excelencia edificados durante dos décadas de trabajo institucional.
La propuesta contempla la derogación de más de 21 resoluciones dictadas por el directorio en los últimos 20 años. Paralelamente, el texto prevé el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente del Inym para que sea él quien determine de forma unilateral cuáles atribuciones vinculadas a la producción y recolección de datos serán delegadas.
Un organismo “herido de muerte”
Pese a la celeridad de la iniciativa, el proyecto aún requiere el voto de la mayoría de los directores para ser aprobado. Para Padolsky, la aprobación resultaría perjudicial para los propios eslabones de la cadena, que perderían el control directo sobre la información estratégica de su actividad.
El trasfondo de esta reforma amenaza la supervivencia operativa del instituto. Sin facultades de fiscalización, sin administración de datos y ante el riesgo de eliminación de herramientas clave como la estampilla de control, el Inym corre el peligro de transformarse en una cáscara vacía.
El Territorio