El fiscal Andrés Esteban Madrea, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, solicitó que 26 personas sean llamadas a indagatoria acusadas de cometer, al menos, 17 estafas, realizar maniobras de intermediación financiera no autorizada y lavar activos provenientes de la actividad ilícita. El pedido fue presentado ante el juez Darío Bonanno, a cargo del Juzgado N°33 del fuero.
La investigación se inició por una denuncia en esta Ciudad —a la que luego se agregaron otras 16 hasta la fecha, en otras fiscalías de esta Ciudad y también ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI)—, que daba cuenta de la existencia de una supuesta compañía llamada EquiQuant Capital que, a través de perfiles de redes sociales como Instagram o servicios de mensajería como WhatsApp, captaba personas interesadas en asesoramiento financiero y posibles inversores, con promesas de alta rentabilidad, terminología bursátil y una apariencia de legitimidad. Su extensión y la captación de víctimas se extendió a distintos puntos del país y que, durante la segunda mitad de 2025, dijeron ser damnificadas de la supuesta academia de inversiones.
Según la investigación, la operatoria consistiría en engañar a las víctimas para que creyeran que invertían su dinero en acciones, bonos y otros títulos valores. De esa forma, veían reflejadas en la plataforma “EQCapital” (EquiQuant Capital) las supuestas inversiones del dinero que habían transferido a distintas cuentas digitales por consejo de los “asesores” virtuales y telefónicos de la nombrada “academia de negocios”.
Cuando intentaban retirar las supuestas ganancias obtenidas y los fondos invertidos, los asesores les decían que debían “integrar pagos” para que les liberaran los activos o les solicitaban nuevas transferencias para cubrir el costo de presuntos impuestos establecidos por ARCA o el abono de honorarios para los intermediarios financieros, entre otras excusas. En ese momento, según relataron las víctimas, descubrían que los habían estafado.
Según la estimación de la fiscalía, el perjuicio económico ocasionado superaría los 1.500 millones de pesos. De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Madrea, el éxito de la maniobra “se apoyaba también en el aceitado y complejo trabajo de una organización criminal compuesta por un significativo número de personas, dedicadas a la captación de interesados, a la gestión de las cuentas recaudadoras de los fondos y a su posterior tratamiento y reinserción en el circuito formal de circulación de capitales”.
Investigación paralela
En el comienzo de la investigación, el representante del MPF solicitó la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina, pero además se conoció de una causa más avanzada que tramitaba ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut, a cargo del fiscal Fernando Rivarola.
Para el mes de mayo, a propuesta del fiscal Rivarola y ante la cantidad de casos que iban encontrándose respecto a varias decenas de víctimas, también en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que intervenían en casos similares, se estableció entre los fiscales intervinientes un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para compartir la evidencia obtenida, aunar criterios probatorios y promover una tutela judicial efectiva y eficaz para víctimas de territorios lejanos entre sí, particularmente respecto al análisis integral de las rutas del dinero y las medidas cautelares para lograr el rápido congelamiento de cuentas. El equipo esta conformado por Rivarola -que interviene en la “asociación ilícita”-, el fiscal Madrea -a cargo de las estafas con víctimas en Ciudad de Buenos Aires-, el fiscal coordinador de la Oficina Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital (OECED) de la Provincia de Córdoba, Franco Daniel De Jesús Pilnik Erramouspe; el fiscal jefe de la Unidad Especial de Cibercrimen del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe —sede Rosario—, Matías Ocariz; y la agente fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Complejos del Departamento Judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires, Andrea Andoniades.
En su pesquisa, el fiscal chubutense determinó la existencia de una asociación ilícita dedicada a la realización de estas estafas reiteradas que se diseminan por todo el país a raíz de su conexión virtual. La organización captaba a potenciales inversores a través de redes sociales, los incluía en grupos de mensajería manejados por supuesto “personal” de la academia, donde le “adjudicaban” la compra de acciones. Luego las víctimas debían crear una cuenta en la aplicación web “EquiQuant Capital” –que funcionaba igual que otras aplicaciones de finanzas– y, guiados por los asesores, ingresaban dinero para comenzar a invertir, para lo cual debían transferir el dinero a distintas cuentas de billeteras virtuales que les indicaban. Cuando las víctimas pretendían recuperar la inversión y las ganancias, les hacían efectuar nuevos pagos bajo múltiples excusas.
También estableció que, con el dinero obtenido por las estafas, la organización adquiría criptoactivos o derivaba los fondos a otras personas no involucradas en la maniobra, a través de un circuito ilegal de cambio de divisas, en el que los imputados obtenían dólares de las personas que habían recibido las transferencias de las víctimas, o las beneficiaban cancelando sus deudas con el dinero proveniente de las estafas.
De esa causa en Chubut -luego verificado en otras- también surgió que las víctimas transferían su dinero a determinadas empresas -entre otras- Global TT S.A., Instrumental Norte S.A., Grupo Financiero Big Ben S.R.L. y Smile Tecnología S.R.L. y a billeteras virtuales de algunas personas físicas.
“La ‘academia de inversiones’ en cuestión surge, así, como una confabulación de diversas personas dedicada a la comisión de estafas masivas y a la puesta en recirculación de los fondos ilícitos obtenidos de parte de las víctimas, empleando para ello personas jurídicas que no se encuentran autorizadas para intermediar financieramente”, se sostuvo en ese expediente.
Pedido de indagatorias
Madrea pidió que cuatro hombres y una mujer sean indagados como principales coautores de los delitos de estafa –reiterada en 17 oportunidades–, lavado de activos e intermediación financiera no autorizadas. En su escrito, consideró que ejercieron “la conducción y el diseño estratégico no solo de la confabulación criminal, sino también de cada una de las operaciones y hechos descriptos frente a cada víctima de esta Ciudad, teniendo el control real de la plataforma digital, de las sociedades y la administración de los fondos recabados ilícitamente, cometiendo ellos mismos, de propia mano o por interpósita persona –con el auxilio de colaboradores–, las defraudaciones”.
En cuanto al lavado de activos, el representante del MPF les imputó “haber puesto en circulación en el mercado activos líquidos provenientes de cada uno de los ilícitos penales –las estafas–, en función no solo de la organización criminal a la que pertenecían y con la intención de que adquiriesen apariencia lícita, sino también en específico de los obtenidos con cada operación y hecho descripto. Además, les endilgó la intermediación financiera sin autorización.
En base a las pruebas recopiladas requirió también la indagatoria de otras 19 personas como partícipes necesarias de la maniobra, al considerar que aportaron “deliberadamente y con conocimiento de causa su identidad y documentación personal para la constitución intencional de sociedades comerciales que carecían de actividad económica real, pues su único fin era el de servir como receptáculos de fondos provenientes de estafas”. Además, les atribuyó “las gestiones correspondientes ante entidades bancarias y proveedores de servicios de pago para la apertura de cuentas y billeteras virtuales de aquellas compañías, poniéndose a entera disposición de la organización criminal, según los lineamientos de sus organizadores y en pos del presunto pago de beneficios”.
Finalmente, pidió que otro hombre y otra mujer sean indagadas como partícipes necesarias de los delitos de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada “al haber prestado el auxilio y colaboración vitales para la comisión de los hechos”.
Madrea también le requirió al juez Bonanno que ordene la inmovilización de las cuentas bancarias y billeteras virtuales de las empresas y persona físicas involucradas en las maniobras, a la que el Magistrado hizo lugar y ordenó ejecutar mediante el Banco Central de la República Argentina.
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