En declaraciones a CIUDAD TV, el presidente de la Cámara de Prestadores de Discapacidad, Fernando Guirado, analizó la crítica situación que atraviesa ese sector a partir de los permanentes ajustes impulsados por la gestión del presidente Javier Milei y que afecta los servicios para las personas con discapacidad.
El presidente de la Cámara de Instituciones de Atención a la Discapacidad del Nordeste Argentino (CIADNEA), Fernando Guirado, expresó su profunda preocupación ante el tratamiento del Presupuesto 2027 y el impacto que las modificaciones planteadas tendrían sobre la atención integral de las personas con discapacidad. La entidad advirtió sobre los intentos de derogar artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad y alterar el funcionamiento del nomenclador, lo que pondría en riesgo la continuidad de los servicios y las prestaciones básicas.
En relación con el panorama general de los servicios y las medidas vigentes, Guirado recordó las dificultades estructurales que atraviesa la temática en el país. Según explicó, “venimos de una crisis de la discapacidad muy fuerte, donde indudablemente la mirada en este último tiempo ha sido esquiva”. A pesar de los marcos legales sancionados para paliar la situación, señaló que “hubo muchas idas y vueltas hasta su implementación en la práctica, que inclusive a la fecha no ha sido completa”.
Uno de los puntos centrales del reclamo radica en el funcionamiento del nomenclador nacional y las consecuencias de desregular o recortar dicho esquema. Al respecto, el dirigente remarcó que “el nomenclador es una pauta mínima y básica para poder garantizar a todas las personas que tienen discapacidad una atención integral”. Asimismo, advirtió sobre el impacto directo en las prestaciones al afirmar que “romper ese sistema trae por consiguiente que van a disminuirse las prestaciones, van a disminuirse los pagos y claramente no se va a garantizar la prestación de servicio”.
Las dilaciones en los trámites administrativos y la falta de cobertura oportuna continúan generando graves inconvenientes tanto a las familias como a las instituciones que intentan sostener la contención diaria. Sobre el acceso a los certificados y beneficios, el representante de CIADNEA sostuvo que “una persona que necesita una prestación, a veces tiene que esperar un año, año y medio para que pueda llegar a tener esa prestación”. A esto se suma un contexto burocrático adverso, sobre el cual consideró que “hay una línea directiva retaceando o negando estas prestaciones básicas reconocidas constitucionalmente”.
Frente a la discusión parlamentaria del presupuesto y la prórroga de la emergencia, desde la institución apelan a la responsabilidad institucional de los representantes de las provincias de la región. En un llamado directo a la dirigencia, Guirado instó: “llamamos claramente a los legisladores del NEA de todos los colores políticos que indudablemente levanten la bandera de la discapacidad”.
Finalmente, enfatizó que el sector se mantendrá expectante y firme en la defensa de los derechos adquiridos, concluyendo que “estamos llamados al diálogo, a tender puentes, a generar esperanza, pero eso no quita a que bajemos la guardia y estemos en alerta”.