El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco expresó su preocupación ante una nueva suspensión del juicio oral por los hechos de violencia institucional ocurridos en 2020 contra integrantes de una familia Qom del barrio Banderas Argentinas de Fontana.
El debate debía comenzar este 22 de septiembre. Sin embargo, a menos de 24 horas de su inicio, la Cámara Segunda en lo Criminal hizo lugar al pedido de la nueva defensa de uno de los imputados y fijó como nueva fecha el 5 de octubre.
La causa fue elevada a juicio en abril de 2022 y, desde entonces, el inicio del debate tuvo al menos tres suspensiones formales, además de otras reprogramaciones. A más de seis años de los hechos, el juicio todavía no pudo comenzar.
El Comité reconoce que el derecho de defensa y las garantías del debido proceso deben ser plenamente respetados. Sin embargo, estas garantías deben coexistir con los derechos de las víctimas. La Ley 27.372 reconoce expresamente su derecho al acceso a la justicia, al tratamiento justo y a la celeridad, y establece como principios la rápida intervención, la no revictimización y el enfoque diferencial cuando existen situaciones de vulnerabilidad, entre ellas las vinculadas con la pertenencia étnica.
En este caso, las víctimas pertenecen al pueblo Qom. El Comité observa con preocupación que las sucesivas dilaciones y el modo en que se ha prolongado el proceso evidencian también una falta de adecuada perspectiva intercultural. La pertenencia de las víctimas a un pueblo indígena no puede ser considerada un dato accesorio: exige que su identidad cultural y su particular situación de vulnerabilidad sean contempladas de manera efectiva durante todo el proceso judicial.
Las reiteradas postergaciones prolongan la incertidumbre de las víctimas y sus familias y comprometen derechos expresamente reconocidos por la Ley de Víctimas. El acceso efectivo a la justicia no se limita a la posibilidad de denunciar o participar de un proceso: requiere también obtener una respuesta judicial dentro de un plazo razonable.
Ante esta nueva suspensión, el Comité reitera la necesidad de adoptar las medidas necesarias para que el debate pueda finalmente desarrollarse sin nuevas dilaciones, respetando las garantías de todas las partes y asegurando a las víctimas una respuesta judicial efectiva, oportuna y con perspectiva intercultural.
El inicio del juicio fue reprogramado para el 5 de octubre de 2026.