La acusada se desempeñaba en el área de maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña. La fiscalía investiga la posible entrega de recién nacidos a cambio de dinero en otros cinco casos ocurridos entre 1968 y 1980. Además, se ordenó una extracción compulsiva de ADN para determinar si una de las denunciantes, a quien la imputada inscribió como hija propia, es o no su hija biológica y se puso a disposición un canal de comunicación para aportar información y asistir a potenciales víctimas.
La fiscal federal Soledad García, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, formalizó la investigación penal contra una mujer de 88 años que se desempeñó como partera en un hospital público por los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de diez años y por falsedad ideológica de instrumento público.
La representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó haber confeccionado, cuando se desempeñaba como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña, un certificado de nacimiento donde volcó datos falsos sobre los padres biológicos de una beba registrada como nacida en 1970.
La pesquisa analiza además denuncias de otras cinco víctimas, una de ellas criada como hija de la propia imputada, identificada por sus iniciales como D.E.V. y conocida con el apodo de “Dolly”, sobre la cual se ordenó la extracción compulsiva de ADN para determinar si existe o no un vínculo biológico.
La imputación fue formulada por la fiscal García en una audiencia celebrada el miércoles pasado en los tribunales federales de Rosario ante el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz.
En las entrevistas y el acompañamiento a las personas damnificadas intervino el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro.
La imputación
La acusada se desempeñaba como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña. Durante la audiencia, García señaló que la investigación comprende denuncias sobre otros hechos que habrían ocurrido durante el período en que la imputada trabajó en el área de maternidad del hospital.
“De manera sistemática entre 1968 y 1980 separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero. Hay al menos cinco víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad”, afirmó la fiscal García.
En 1970 la imputada habría confeccionado un certificado de nacimiento en el que consignó datos falsos sobre la filiación de una beba. En particular, se le atribuyó haber certificado que E.A.Q. y A.T.B. —ambos ya fallecidos— eran los padres biológicos de la niña, quien fue inscripta en el Registro Civil como C.E.M.Q.
La fiscalía encuadró la conducta en los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de un menor de diez años (artículo 139 del Código Penal) y falsedad ideológica de instrumento público (artículo 293 del mismo código).
La fiscal García sostuvo que la conducta investigada “excede una mera irregularidad administrativa” y que la utilización de un documento público para establecer una filiación falsa “produjo consecuencias jurídicas permanentes que hasta el día de hoy se mantienen inalteradas”.
“Es un caso gravísimo el que se investiga en esta unidad fiscal, afectó derechos a la identidad y dignidad de esas personas”, evaluó la fiscal.
Resoluciones del juez
La defensa planteó la prescripción de la acción penal, pero el juez Rodrigues Da Cruz la rechazó y tuvo por formalizada la investigación en relación con los hechos atribuidos, la evidencia reunida, la calificación legal y el grado de intervención asignado a la imputada.
El magistrado consideró que se trata de un delito continuado y sostuvo que sus efectos se mantienen mientras no se establezca la identidad de las víctimas.
A pedido de la fiscalía, además, autorizó la extracción compulsiva de ADN de la imputada. Al fundamentar la medida, señaló que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce el derecho de las víctimas a conocer su identidad y consideró que la diligencia no vulnera las garantías de la acusada ni implica una declaración contra sí misma.
Como medidas cautelares no privativas de la libertad, el juez dispuso que la imputada se someta al proceso y se presente cada 15 días ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. También ordenó la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país, la prohibición de mantener contacto con las víctimas y la obligación de informar cualquier modificación de domicilio.
El origen del caso
La denuncia que originó la investigación fue presentada por C.E.M.Q. ante la Unidad Fiscal Rosario el 15 de abril de este año. La mujer relató que durante años tuvo dudas acerca de su origen biológico y en 2012 decidió pedirle a la persona que figura en el acta de nacimiento como su madre que se realizara un examen de ADN.
El análisis realizado determinó que no existía vínculo biológico con A.T.B., quien figuraba como su madre en la partida de nacimiento, con una probabilidad de vínculo del 0,0 por ciento.
La denunciante detalló que su identidad fue suprimida mediante una maniobra ilícita coordinada por la obstetra “Dolly”, a quien sus padres de crianza le habrían pagado una suma de dinero para acceder a la entrega de la niña.
Según la pesquisa, para concretar la inscripción se insertaron declaraciones falsas en un instrumento público, donde la imputada certificó, en su carácter de partera, que el nacimiento había ocurrido en el Hospital Roque Sáenz Peña e inscribió falsamente a E.A.Q. y A.T.B. como los progenitores biológicos.
“De manera sistemática entre 1968 y 1980 separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero. Hay al menos cinco víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad”, afirmó la fiscal García.
La mujer señaló que su madre de crianza le confesó, antes de fallecer, que su nacimiento real habría ocurrido cerca del 27 de diciembre de 1969, pese a que la partida fue confeccionada el 9 de enero de 1970 y consignó como lugar de nacimiento el Hospital Roque Sáenz Peña.
La víctima describió su crianza como una situación atravesada por el silencio respecto de sus orígenes. Según relató, su padre se desempeñaba en las fuerzas de seguridad de Santa Fe, donde había trabajado en la Jefatura de Policía de Rosario y en tareas de investigación privada. De acuerdo con su testimonio, habría utilizado esa posición para amenazar a vecinos y familiares con el objetivo de evitar que se conociera el origen de la niña.
Ese relato fue corroborado, según la investigación, por una tía de la denunciante, quien manifestó que la familia había sido silenciada mediante amenazas de muerte atribuidas al padre. En relación con su madre biológica, la víctima señaló que, a partir de lo que le había contado su madre, supo que se trataba de una joven que no podía hacerse cargo de su crianza y que, después de la entrega, las personas que la recibieron le habrían pagado un pasaje hacia una zona rural de Mar del Plata.
Asistencia y recepción de información
El Área Investigación y Litigio de Casos Complejos, de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas de la Unidad Fiscal Rosario, puso a disposición el correo electrónico atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar para quienes puedan aportar información vinculada con los hechos investigados o requieran asistencia.
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